La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Esquema de aplicación como base legal

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, se encuentra vigente para el Perú desde 15 de abril de 1992.

Debe ser invocada en caso que no exista tratado bilateral entre el Perú y el Estado donde se encuentre el extraditable o existiendo no considerase al delito de tráfico ilícito de drogas (o el nomen juris que le haya dado el Estado) como delito extraditable (Tratado sujeto al sistema de listado de delitos)

El siguiente esquema explica su aplicación:

Artículo 6 EXTRADICIÓN 1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por las Partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.	Base legal a invocarse
2. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.	Invocar cuando se trate de Tratados sujetos al Sistema de Listado de Delitos y éste no contemple el delito de tráfico ilícito de drogas.
3. Si una Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe de otra Parte, con la que no la vincula ningún tratado de extradición, una solicitud de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo. Las Partes que requieran una legislación detallada para hacer valer la presente Convención como base jurídica de la extradición considerarán la posibilidad de promulgar la legislación necesaria. 4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellas.	Invocar si no existe tratado bilateral. La Convención se convierte en base legal suficiente para la extradición.

 

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.	Todo pedido de extradición se somete a las condiciones del Tratado o de la legislación de la Parte Requerida si aplica el Principio de Reciprocidad.
6. Al examinar las solicitudes recibidas de conformidad con el presente artículo, el Estado requerido podrá negarse a darles cumplimiento cuando existan motivos justificados que induzcan a sus autoridades judiciales u otras autoridades competentes a presumir que su cumplimiento facilitará el procesamiento o el castigo de una persona por razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o que se ocasionarán perjuicios por alguna de estas razones a alguna persona afectada por la solicitud.	La extradición no admite se utilizada para fines ajenos a un requerimiento judicial legítimo.
7. Las Partes se esforzarán por agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo.	Se requiere a que el procedimiento debe ser célere y los niveles de causa probable no deben ser iguales a los necesarios para el juzgamiento.
8. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, la Parte requerida podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud de la Parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicite y que se encuentre en su territorio o adoptar otras medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición.	Base legal para solicitar la detención preventiva con fines de extradición.
9. Sin perjuicio del ejercicio de cualquier competencia penal declarada de conformidad con su derecho interno, la Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente deberá: a) Si no lo extradita por un delito tipificado de conformidad con el párrafo l del artículo 3 por los motivos enunciados en el inciso a) del párrafo 2 del artículo 4, presentar el caso ante sus autoridades competentes para enjuiciarlo, salvo que se haya acordado otra cosa con la Parte requirente; b) Si no lo extradita por un delito de ese tipo y se ha declarado competente en relación con ese delito de conformidad con el inciso b) del párrafo 2 del artículo 4, presentar el caso ante sus autoridades competentes para enjuiciarlo, salvo que la Parte requirente solicite otra cosa a efectos de salvaguardar su competencia legítima.	Caso a: No lo extradita porque el caso le corresponde por aplicación del Principio de Territorialidad o por el Principio de extraterritorialidad, principio real o de defensa y principio de personalidad activa y pasiva. Tiene que declarar su competencia.
	Caso b: Se refiere a que deniega por motivos diferentes al Principio de Territorialidad o por el Principio de extraterritorialidad, principio real o de defensa y principio de personalidad activa y pasiva. Caso de la denegación por nacionalidad. No declara su competencia y asume el caso por el Principio de Representación.
10. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena se deniega basándose en que la persona objeto de la solicitud es nacional de la Parte requerida, ésta, si su legislación lo permite y de conformidad con los requisitos de dicha legislación, previa solicitud de la Parte requirente, considerará la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta conforme a la legislación de la Parte requirente o el resto de dicha condena que quede por purgar.	Aplicarla con cuidado. Si se deniega no se puede aplicar el Traslado de Personas Condenadas, pues éste procede solo a pedido del interno. Por eso advierte “si su legislación lo permite”. En el caso peruano se trata de una institución distinta y con características propias basada no en la persecución del delito sino en la rehabilitación del interno.
11. Las Partes procurarán concertar acuerdos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.	Invoca la voluntad política de los Estados.
12. Las Partes podrán considerar la posibilidad de concertar acuerdos bilaterales o multilaterales, ya sean especiales o generales, sobre el traslado de las personas condenadas a prisión u otra forma de privación de libertad por los delitos a los que se aplica el presente artículo, a fin de que puedan terminar de cumplir sus condenas en su país.	Invoca a concertar Tratados de Traslado de Personas Condenadas.

 

La extradición entre Perú y Rusia: algunos datos básicos

A propósito de la captura del principal sospechoso del asesinato del periodista Christian Enrique Tirado, fue capturado este jueves en la ciudad de Kazán (Rusia) y su posible extradición, es necesario tener en cuenta los siguientes datos:

Entre el Perú y la Federación de Rusia no existe Tratado de Extradición vigente, por lo que las relaciones de extradición se basan en el Principio de reciprocidad del cual ya existen antecedentes.

En cuanto al plazo para formalizar una extradición en caso de una detención preventiva por extradición, es de tener presente que dicho país está aplicando el plazo de 40 días en su Tratado de Extradición con la República Argentina.

De otro lado, Rusia es miembro de INTERPOL (reconoce la Notificación Roja de INTERPOL) y permite que en caso de urgencia se pueda solicitar la detención preventiva, la misma que puede ser presentada a través de las Autoridades Centrales, INTERPOL o por vía Diplomática.

En cuanto a los documentos que se debe acompañar, son los documentos comunes a toda extradición:

a) Indicación de la autoridad requirente y su dirección.

b) Nombre completo y apellido de la persona cuya extradición se solicita, nacionalidad, lugar donde vive o se encuentra y, en lo posible, la descripción física, fotografía, huellas dactiloscópicas y otros datos que permitan identificar a esa persona.

 c) Una breve descripción de los hechos que dan fundamento a la solicitud de extradición.

d) Copia certificada de los textos legales que tipifican la conducta como delito y que contienen la información sobre la pena prevista.

e) Copia certificada de los textos legales sobre prescripción.

f) Una copia de la orden de arresto o detención emitida por la autoridad correspondiente, según la legislación interna de la Parte requirente.

g) Si existiere, una copia del auto de procesamiento sobre la persona reclamada.

La documentación se presenta en castellano y su traducción al idioma ruso.

Es necesario recordar que el posible plazo de 40 días, significa que el expediente debe presentarse traducido al idioma ruso y con la debida autorización del Poder Ejecutivo (Resolución Suprema que accede a solicitar la extradición) a la Cancillería Rusa, lo que explica la urgencia del trámite.

Caso Eliane Karp ¿Qué tanto puede ser considerado como antecedente exigible la extradición del ciudadano Dan Gabriel Cohen?

El Perú concedió la extradición del ciudadano israelí Dan Gabriel Cohen, requerido por el Tribunal de Distrito de Tel Aviv - Jaffa del Estado de Israel, por los delitos de obstrucción de la justicia; fraude y abuso de confianza; toma de soborno; obtención de cosa alguna por fraude y datos falseados en documentos de corporaciones; así como provocar la inclusión de datos falsos en una declaración financiera, en agravio del Estado de Israel.

El Perú concedió la extradición no obstante había denegado la misma con anterioridad, pero aplicando el Principio Aut Dedere Aut Judicare al dejar a salvo la potestad del Estado de Israel, de solicitar la aplicación de la ley peruana conforme al artículo 3º del Código Penal del Perú.

¿Este antecedente obliga a Israel? Es una muestra de cooperación, pero en sentido estricto no obliga por tratarse de casos distintos: Israel pidió a un ciudadano suyo no a un ciudadano peruano, en cambio el Perú pedirá a un ciudadano israelí. No es igual.

Si fuera un ciudadano peruano seria un antecedente válido. Pero, como la legislación de Israel no permite entregar a sus ciudadanos y la del Perú sí lo permite, no hay similitud de condiciones para la extradición, por lo tanto, el gesto no es un antecedente que obligue.

 

 

 

 

 

Caso Toledo y sus argumentos

 

Las Condiciones de reciprocidad en ausencia de Tratado de extradición

Un tema de gran importancia referido a la aplicación del Principio de Reciprocidad es el referido a las condiciones de reciprocidad y de cómo éstas pueden afectar a no al principio de igualdad en el acceso a la justicia e inclusive en el tratamiento entre los mismos países.

La reciprocidad, conforme a la Real Academia Española significa “Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra.” Para Pinto Bazurco Rittler et al (2006) el Principio de Reciprocidad es “Dar conforme se recibe” lo que origina que en la práctica “se adopten usos y costumbres en diplomacia bilateral que obligan a las partes que lo han aceptado” (p.228)

Bueno Arús  (1984), citando al profesor Bassiouni, advertía que en materia de extradición  “en una amplia extensión, la reciprocidad significa paralelismo o simetría entre los dos procesos de los Estados requirente y requerido” (p.  69)

El jurista español y funcionario dedicado al tema de cooperación jurídica internacional, refiere que “el principio de reciprocidad puede adoptar papeles muy diversos en el ordenamiento jurídico internacional de los Estados. Si las relaciones de extradición entre dos Estados se regulan por una convención o tratado, la reciprocidad es inherente a estos, en cuanto que ambos Estados adquieren la obligación reciproca de entregarse a los fugitivos que reúnan determinadas condiciones, no resultando en general admisible que la obligación sea unilateral para una sola de las partes contratantes.”( p. 68)

Advertía también que “Es dudoso que pueda considerarse respetado el principio de reciprocidad en aquellos casos en que las facultades de uno de los Estados son más amplias que las del otro”. (p. 70)

Para la procesalista española Leticia Fontestad Portalés  “El principio de reciprocidad es un principio universalmente aceptado en las relaciones internacionales entre los Estados. Tanto es así que se convierte en uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional, tanto público como privado. En este sentido, el principio de reciprocidad supone, ante la ausencia de reglas normativas aplicables o como consecuencia de lo previsto en la norma aplicable a una materia, la adopción por parte de los Estados de una determinada conducta similar o proporcionada a la adoptada por el otro Estado.” (p. 144)

El trato similar, en concreto en cuanto a la extradición o la orden de detención europea (ODE) significa según anota Fontestad Portalés, desde el “punto de vista técnico-jurídico” (y el Derecho Internacional Privado) ,”(…) que la aplicación del Derecho interno de un país a una persona física o jurídica no nacional de ese Estado se supedita al trato que se dé en aquel Estado a los nacionales de este país. En otras palabras, la ley territorial se aplica a los extranjeros residentes siempre que la del Estado al que pertenecen prevea idéntico trato para los nacionales de aquel Estado” (p, 144)

La reciprocidad se aplica a falta de normas prefijadas en un Tratado, dándosele por tanto un carácter residual a falta de tratado y la finalidad de este trato “no es otro que la necesidad de garantizar a los ciudadanos la tutela judicial internacional efectiva de sus derechos e intereses legítimos” (p. 150)

En suma, la aplicación del Principio de Reciprocidad radica en el trato similar que puedan brindarse los Estados en las relaciones internacionales.

Sin embargo esta aplicación tiene ciertas complejidades que es necesario advertir:

En primer lugar debe existir un marco legal que ampare la aplicación del Principio de Reciprocidad.

En el caso del Perú este marco legal está contemplado en el artículo 37 de la Constitución Política que dispone que la extradición se concede “en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad.” y en el Código Procesal Penal  cuando dispone “Las relaciones de las autoridades peruanas con las extranjeras y con la Corte Penal Internacional en materia de cooperación judicial internacional se rigen por los Tratados Internacionales celebrados por el Perú y, en su defecto, por el principio de reciprocidad en un marco de respeto de los derechos humanos” (art. 508.1)

Por lo tanto, si el Perú solicita la extradición a otro Estado  y no existe un Tratado que sirva de base legal, puede invocar el Principio de Reciprocidad sobre la seguridad que tiene un sustento legal que permita invocarlo a futuro cuando al Perú le sea requerido un trato similar. De igual manera, el Estado que  haya incorporado la aplicación del Principio de Reciprocidad solicitará al Perú la extradición sobre esta base legal supletoria y en condiciones de igualdad de trato. Esta base legal no prohíbe la extradición del nacional.

En segundo lugar, las condiciones en los que se va a conceder la extradición deben ser equivalentes.

Como lo advirtió Bueno Arús  no resulta admisible que “la obligación sea unilateral para una sola de las partes contratantes” y el mejor ejemplo de ello es el caso de la extradición de nacionales, cuando uno de los Estados prohíbe la extradición de sus nacionales y el otro Estado lo permite.

Existiendo un Tratado, éste pueden contener cláusulas en las que se permita la extradición de nacionales y en el caso de su imposibilidad, la aplicación del aut dedere aut judicare, como una salida negociada al problema que pueda presentarse. Sin embargo, esta puede ser la salida pactada al problema, pero no necesariamente la más justa porque rompe la igualdad de trato en el acceso a la justicia, por cuanto –siguiendo el caso del Perú, el nacional peruano será entregado en extradición y seguirá el juicio en sede judicial extranjera aun cuando el idioma sea diferente, pero el nacional del otro Estado no será extraído de su medio social y afrontará su proceso en su país de origen y en su propia lengua.

Este trato diferente se hace más visible en el caso que se aplique el Principio de Reciprocidad y ya no un Tratado, por lo que el Estado requerido deberá considerar bien su respuesta al pedido de extradición.

Pongamos un ejemplo:

La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, establece:

“Artículo 16

[Nacionalidad, extradición]

(1) Nadie podrá ser privado de la nacionalidad alemana. La pérdida de la nacionalidad sólo podrá producirse en virtud de una ley, y contra la voluntad del afectado únicamente  cuando éste no se convierta por ello en apátrida.

(2) Ningún alemán podrá ser extraditado al extranjero. Por ley se podrá adoptar una regulación divergente para extradiciones a un Estado miembro de la Unión Europea o a un Tribunal internacional, siempre que se respeten los principios del Estado de Derecho.”

Nuestra legislación no prohíbe la extradición de un nacional.

El texto mismo de la Ley Fundamental alemana establece la negativa a la extradición de un nacional alemán. Por ley permite una “regulación divergente” para extraditar a un alemán a un Estado miembro de la Unión Europea o a un Tribunal Internacional. Texto que excluye la entrega a otros Estados que no sean de la Unión Europea.

Contrario sensu, la República Federal de Alemania puede conceder la extradición por aplicación del Principio de Reciprocidad de cualquier ciudadano siempre y cuando no sea alemán.

 A su vez puede solicitar la extradición a otro Estado de un nacional alemán, porque eso no lesiona la igualdad de trato, pero no podría solicitar la extradición de un nacional del Estado requerido por que su base legal no le permite entregar a un nacional alemán cuando éste le sea requerido.

Hay que advertir que si bien Alemania es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por citar Tratados multilaterales, en los casos de tráfico ilícito de drogas o de corrupción no va extraditar a su nacional pero por imperio de dichos Tratados multilaterales se obliga al juzgamiento (aut dedere aut judicare).

No sucede lo mismo con los casos de aplicación del Principio de Reciprocidad, porque la norma fundamental prohíbe la extradición de nacionales alemanes y  solo le permite extraditar a un nacional alemán, por excepción plasmada en ley y exclusivamente a un Estado miembro de la Unión Europea o a un Tribunal Internacional.

Por consiguiente en el caso que solicite la extradición de un nacional del Estado requerido (que no sea  de la Unión Europea) no podrá ofrecer reciprocidad porque no hay equivalencia de trato.

En el informe de país, para la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. “Estado de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Alemania” dicho país informa lo siguiente:

 “Los ciudadanos alemanes no pueden ser extraditados en general, según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Fundamental.  Sin embargo, en caso de existir una orden de detención europea, es posible extraditarlos a condición de que  sean devueltos a Alemania para cumplir la pena si así lo desean (art. 80 de la Ley de Asistencia Judicial Internacional en Asuntos Penales; art. 16, párr. 2, de la Ley Fundamental).”  (p. 11 )

En el Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la extradición entre los Estados Miembros de la Unión Europea, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996, Alemania formuló la siguiente declaración: “Debe denegarse siempre la extradición de un alemán de la República Federal de Alemania al extranjero por cuanto la misma está prohibida en el apartado 2 del artículo 16 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania.”

No hay igualdad de trato en cuanto a la petición de extradición de nacionales del Estado requerido. Alemania como Estado requerido, no entregará a su nacional alemán, distinto del caso del Perú que como Estado requerido si podría entregar al nacional peruano.

Alemania permite una excepción solo a los Estados de la Unión Europea, por consiguiente su base legal solo le permitiría entregar a los no nacionales a los Estados requirentes que no pertenezcan a la Unión Europea.

Si no hay igualdad de trato, se afectaría los derechos del extraditable, por cuanto en un caso similar el nacional alemán tendría un tratamiento distinto.

Como se aprecia, el tema de la nacionalidad del extraditable, aun cuando nuestra legislación no lo prohíba si  merece una consideración especial, por lo tanto la búsqueda de solución al tema pasa por investigar las condiciones de aplicación del Principio de Reciprocidad que admite la legislación del Estado requirente, es decir las posibilidades de un trato similar.

Generalmente se prohíbe al extradición del nacional salvo que exista un tratado que disponga un tratamiento especial, pero en el caso del Principio de reciprocidad estamos ante la ausencia de un tratado , por consiguiente debe analizarse con cuidado las condiciones de aplicación, si hay o no base legal y las limitaciones de ésta.

Se cita el caso de la República Federal de Alemania por cuanto la prohibición es general pero se permite la excepción para cierto grupo de países, lo que significa que no se aceptara la extradición cuando los países sean distintos, lo que afecta la necesaria equivalencia de trato.

Como lo señala Roca Fernández, María José (2008), en un comentario que viene al caso:

“Ello pone en relación el principio de reciprocidad con el de igualdad, pues los Estados obligados no pueden graciosamente, sin vulnerar el principio de igualdad, conceder un trato más favorable —que a su vez pudiera ser diferente entre sí- a determinados Estados por existir particulares relaciones entre ellos”  (p. 131)

BIBLIOGRAFIA

Bueno Arús, Francisco. El principio de reciprocidad en la extradición y la Legislación española. Anuario de derecho penal y ciencias penales,  Tomo 37, Fasc/Mes 1, 1984, págs. 67-80

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.70 Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Estado de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Alemania.

Fontestad Portalés Leticia (2021) Reflexiones sobre la aplicación del Principio de Reciprocidad en la Orden Europea de Detención y Entrega.  Revista Estudios Penales y Criminológicos, vol. XLI (2021). https://doi.org/10.15304/epc.41.6718.

Pinto-Bazurco  Ritler Ernesto, Pinto-Bazurco Barandiarán Ernesto,  Pinto-Bazurco Barandiarán José.(2006) Diccionario de Relaciones Internacionales (diplomático, jurídico y económico) Fundación Academia Diplomática del Perú. Lima, Perú

Roca Fernández, María José (2008). El principio de reciprocidad y las relaciones internacionales de la Santa Sede. Revista Española de Derecho Canónico. 2008, n.º 164. Páginas 127-138.

 

Inicio del procedimiento de extradición pasiva

 La norma se equivoca cuando señala que el procedimiento de extradición pasiva se inicia de 3 maneras:

 1.   Con la demanda de extradición presentada por la autoridad del Estado requirente;   

2.   Con la detención del reclamado por mandato judicial a mérito de una solicitud de detención preventiva con fines de extradición; o,

3.   Con la detención del reclamado por existir en su contra una orden de captura internacional emitida a través de la INTERPOL, en cuyo caso conoce del proceso el juez penal de turno del lugar donde se produjo la detención.

En realidad, el inicio de una extradición pasiva puede ser de 2 formas posibles:

1.- Con la presentación formal de extradición en forma directa.

2.- Con la presentación formal de la extradición dentro del plazo de la detención preventiva generada ya sea por pedido de detención preventiva o por la captura internacional por encontrarse requerido con Notificación Roja de Interpol.

Al ser la extradición un acto de cooperación formal entre Estados, no es correcto decir que tenemos un caso de extradición cuando aún no se ha formalizado con la presentación del cuaderno de extradición.

La detención preventiva se adelanta por una cuestión de urgencia sin intervención decisoria del Poder Ejecutivo, el cual tiene aún la posibilidad de denegar la solicitud de extradición.

En este sentido la norma original tenía mejor redacción ya que facultaba al Juez a dictar mandato de detención para fines de extradición si es que la persona requerida no se encontrase detenida en mérito a una solicitud de arresto provisorio (art. 521.1).

Conferencia sobre extradición

https://www.facebook.com/tecp.unfv/videos/641223210143935/ 

Estimados amigos, comparto el enlace a la conferencia.

El procedimiento de extradición pasiva en el Perú

Artículo 521 Inicio del procedimiento de extradición.-

     El procedimiento de extradición pasiva se inicia:

     1. Con la demanda de extradición presentada por la autoridad del Estado requirente a la Fiscalía de la Nación, la que deriva el pedido al juez de investigación preparatoria competente para que se disponga la detención del reclamado;

     2. Con la detención del reclamado por mandato judicial a mérito de una solicitud de detención preventiva con fines de extradición; o,

     3. Con la detención del reclamado por existir en su contra una orden de captura internacional emitida a través de la INTERPOL, en cuyo caso conoce del proceso el juez penal de turno del lugar donde se produjo la detención.

     Artículo 521-A Audiencia de control de la detención con fines de extradición.-

     1. Una vez detenido el reclamado, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas o en el término de la distancia debe ser puesto a disposición del juzgado competente con comunicación a la Fiscalía de la Nación, fiscal provincial y el funcionario diplomático y/o consular del Estado requirente.

     2. El juez, dentro de las setenta y dos (72) horas, realiza una audiencia de control de la detención con la participación del reclamado, su defensor, el fiscal competente y el representante que acredite la Misión Diplomática. Durante la audiencia, el reclamado es informado sobre los motivos de su detención, los derechos que le asisten y la posibilidad de acogerse a la extradición simplificada conforme al artículo 523-A. La audiencia se instala con los que asistan y tiene carácter de inaplazable.

     3. El juez resuelve en audiencia la medida de coerción personal que corresponda al caso. De dictarse detención preventiva con fines de extradición, ésta no puede extenderse más allá del plazo razonable.

     4. Contra el auto de detención preventiva con fines de extradición procede el recurso de apelación, que puede ser interpuesto en el plazo de tres (3) días de notificada la decisión.

     Artículo 521-B Recepción y calificación de la demanda.-

     1. En el supuesto de los numerales 2) y 3) del artículo 521, el Estado requirente debe presentar la demanda de extradición en un plazo no mayor a sesenta (60) días. Con la presentación de la demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores se suspende el plazo antes señalado. De no presentarse la demanda de extradición dentro del plazo establecido, se dispone la inmediata libertad del reclamado.

     2. La Fiscalía de la Nación remite la demanda de extradición al juez que conoce del procedimiento para que califique la demanda. Si advierte que ésta adolece de algún requisito coordina con la Fiscalía de la Nación para que en un plazo no mayor de treinta (30) días de notificado el Estado requirente corrija o complete la demanda y preste las garantías necesarias de ser el caso.

     3. Subsanada la demanda, el juez competente remite el cuaderno a la Sala Penal de la Corte Suprema adjuntando un informe ilustrativo en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas.

     Artículo 521-C Audiencia ante la Corte Suprema.-

     1. Recibido el cuaderno, la Sala Penal, en un plazo no mayor de quince (15) días, realiza la audiencia de extradición con citación del reclamado, su defensor, el fiscal supremo y los demás intervinientes apersonados. La audiencia se instala con los que asistan y tiene carácter de inaplazable.

     2. La Sala Penal escucha a los sujetos procesales, quienes pueden presentar pruebas, cuestionar o apoyar las que aparezcan en el expediente de extradición, alegar la pertinencia o la impertinencia, formal o material, de la demanda de extradición, o cuanto motivo a favor de sus pretensiones. La audiencia se inicia con la precisión de las causales de extradición, el detalle del contenido de la demanda de extradición y la glosa de documentos y elementos de prueba acompañados. Luego el reclamado, si así lo considera conveniente, declara al respecto y se somete al interrogatorio de las partes. A continuación alegan las partes por su orden y, finalmente, el imputado tiene derecho a la última palabra. Concluido el debate, la Sala Penal se pronuncia declarando procedente o improcedente el pedido de extradición emitiendo su decisión en la misma audiencia. Excepcionalmente, cuando resulte necesario, la Sala puede celebrar audiencias utilizando los medios tecnológicos más apropiados, como la videoconferencia u otros.

     3. El cuaderno de extradición, es remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de cinco (05) días, para la decisión final del Poder Ejecutivo.

Comentario

Alberto Huapaya Olivares

La extradición pasiva

Dondé Matute Francisco Javier  (2013)  comentando el concepto de la extradición  apunta:

“Hay que resaltar primero que la esencia de esta institución no sólo es jurídica, porque además del hecho de estar contenida en un conjunto de disposiciones normativas, también atiende a un sentido o aspecto político, ya que la entrega del reclamado de un Estado a otro constituye un verdadero acto de soberanía” (p. 36)

Dondé Matute explica que “La extradición se compone de una serie de actos realizados por parte de los sujetos implicados en una extradición, lo cual va a generar interacción entre los mismos” (p. 36) Estos sujetos son los siguientes:

a) El Estado requirente.

b) El Estado requerido.

c) El sujeto reclamado.

Señala que “Entre los dos primeros sujetos, es decir, Estado requirente y Estado requerido, se da una vinculación de naturaleza jurídica internacional, lo cual los sujeta al derecho internacional público. Teniendo como fuente, en un primer caso, a los tratados que existan entre las partes, donde se va a determinar la obligación de entregar a quien sea reclamado en las condiciones estipuladas, y un carácter concreto y procesal, de ejecución del convenio”. (p. 36))

“Entre el segundo (Estado Requirente y Sujeto Reclamado)  la vinculación es el proceso penal que se sigue o siguió ante el Estado requirente y las garantías que son consustanciales a este.”

Y “Por último, podemos hacer mención de la relación que se forma Entre el Estado requerido  y el sujeto reclamado: aquí el Estado está obligado a brindar protección a las garantías del sujeto reclamado en todo momento y con independencia de la determinación que tome respecto de su extradición. (p. 37)

Ello nos lleva a concluir que en este aspecto la extradición pasiva a no es del todo pasiva  para el Estado requerido.

Inicio del procedimiento de extradición pasiva

La norma se equivoca cuando señala que el procedimiento de extradición pasiva se inicia de 3 maneras:

1.   Con la demanda de extradición presentada por la autoridad del Estado requirente;   

2. Con la detención del reclamado por mandato judicial a mérito de una solicitud de detención preventiva con fines de extradición; o,

3.   Con la detención del reclamado por existir en su contra una orden de captura internacional emitida a través de la INTERPOL, en cuyo caso conoce del proceso el juez penal de turno del lugar donde se produjo la detención.

En realidad, el inicio de una extradición pasiva puede ser de 2 formas posibles:

1.- Con la presentación formal de extradición en forma directa.

2.- Con la presentación formal de la extradición dentro del plazo de la detención preventiva generada ya sea por pedido de detención preventiva o por la captura internacional por encontrarse requerido con Notificación Roja de Interpol.

Al ser la extradición un acto de cooperación formal entre Estados, no es correcto decir que tenemos un caso de extradición cuando aún no se ha formalizado con la presentación del cuaderno de extradición.

La detención preventiva se adelanta por una cuestión de urgencia sin intervención decisoria del Poder Ejecutivo, el cual tiene aún la posibilidad de denegar la solicitud de extradición.

En este sentido la norma original tenía mejor redacción ya que facultaba al Juez a dictar mandato de detención para fines de extradición si es que la persona requerida no se encontrase detenida en mérito a una solicitud de arresto provisorio (art. 521.1).

Audiencia de control de la detención con fines de extradición

La norma peca de falta de precisión:

Si en el párrafo anterior señala que el procedimiento de extradición pasiva se inicia de 3 formas posibles (1. Con la demanda de extradición,     2. Con una solicitud de detención preventiva con fines de extradición; o 3.- Con la detención del reclamado por existir en su contra una orden de captura internacional emitida a través de la INTERPOL, parecería que está detallando el procedimiento a seguir en los casos de extradición pasiva cuando en realidad solo está desarrollando el procedimiento que realiza la Policía Nacional en el caso de detención por Notificación Roja de INTERPOL,

Esto se confirma con lo señalado en el numeral 1) que señala que una vez detenido el reclamado dentro del plazo de veinticuatro (24) horas o en el término de la distancia debe ser puesto a disposición del juzgado competente con comunicación a la Fiscalía de la Nación, fiscal provincial y el funcionario diplomático y/o consular del Estado requirente.

Se aclara acá que la notificación a la Fiscalía de la Nación es en cuanto a su calidad de Autoridad Central, por lo que la notificación se dirige a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones. A su vez, la notificación al funcionario diplomático y/o consular del Estado requirente se realiza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 41.2 establece el conducto diplomático:

“Articulo 41

2. Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él o con el Ministerio que se haya convenido.”

La Ley Orgánica de Poder Judicial en su artículo 168° al referirse a los exhortos a Juez extranjero dispone que se deba utilizar  “el conducto establecido en el respectivo Tratado y a falta de éste, por el Ministerio de Relaciones Exteriores (…)”.

No es correcto dirigir directamente la notificación a la Embajada.

Como lo señala  Rodrigo Laborías Alexis (2012): “Sin embargo, se advierte que estas particularidades del litigio tienen por objetivo garantizarle al Estado extranjero un tratamiento decoroso y respetar las tareas que desempeñan sus enviados.”(p.129)

Desarrollo de la Audiencia

La norma señala que durante la audiencia, el reclamado es informado sobre los motivos de su detención, los derechos que le asisten y la posibilidad de acogerse a la extradición simplificada.

La audiencia se instala con los que asistan y tiene carácter de inaplazable.

La modificatoria corrige una disposición que indebidamente obligaba al juez a dictar mandato de detención (art. 521.1) obviando la independencia del Poder Judicial y la disposición constitucional que la consagra.

Sin embargo, la modificatoria comete un grave error al disponer: “(…)De dictarse detención preventiva con fines de extradición, ésta no puede extenderse más allá del plazo razonable.” Esta disposición contradice al artículo 523.5 que se refiere al plazo de 60 días para presentar la demanda formal de extradición, trascurrido el cual la “detención cesa “y desconoce que además los Tratados de Extradición establecen plazos para formalizar la extradición disponen en algunos caos la libertad del detenido en caso de vencimiento del plazo sin formalizar la extradición.

La detención preventiva con fines de extradición tiene una razón: permitir que se detenga una persona sobre la base de información breve y urgente, por ello es una figura de excepción, no es la regla.

Para los Tratados esta figura responde a situaciones de urgencia. Prada Saldarriaga V. (2006) por ejemplo señala: “Cabe aclarar que la detención preventiva con fines de extradición solo cumple la función de asegurar la persona del extraditable y dar un tiempo prudencial para que el Estado requerido pueda plantear, con las formalidades y recaudos  pertinentes, la solicitud de extradición. Si el Estado requirente no cumple con la remisión de la solicitud o lo hace a destiempo ello otorga al Estado requerido la facultad de ordenar la libertad del extradíturus.” (p. 100).

Por ello es que solo está sujeto al plazo que el Tratado o el propio Código Procesal Penal han fijado.

Otra situación es cuando la detención preventiva ya cumplió su objetivo y el Estado requirente ha formalizado el pedido de extradición con el expediente respectivo.  La medida de detención que disponga el juez ya no puede llamarse “detención preventiva”, es simple y llanamente una detención con fines de extradición. Acá si puede hablarse de plazo razonable.

Este equívoco se puede apreciar en la misma Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1281, cuando señala: “La propuesta incorpora el concepto del plazo razonable, de modo que sea el Juez quien controle el plazo, atendiendo a la naturaleza y complejidad de cada caso en particular”

Este error a su vez se genera por la interpretación inexacta de una cita del profesor Álvarez Cozzi Carlos, en la que se menciona que  al establecerse en los Tratados la posibilidad de solicitar la detención preventiva  necesariamente  tuvieron que establecerse garantías para el requerido  entre “las que se encuentra la fijación de un plazo para el mantenimiento del arresto preventivo en espera de la introducción de la demanda extradicional” –afirmación que es correcta y que se complementa con el párrafo que sigue a continuación: “Acto procesal internacional que de no cumplirse en tiempo acarrea naturalmente la necesidad de poner fin por parte del Estado requerido, de la detención o arresto preventivo del sujeto reclamado, debiendo ponerlo inmediatamente en libertad. Situación que ha sucedido en algunos casos, particularmente en nuestro país, ante la no llegada en tiempo de la solicitud de extradición.” De esta cita, salta a la siguiente conclusión: “Pese a la gravedad de esta omisión actualmente la legislación no contempla un plazo límite para la detención de una persona detenida con fines de extradición”

Lo cierto es que no hay tal omisión, porque incluso nuestro Tratado vigente más antiguo (Convención de Extradición con el Reino de Bélgica –suscrita el 23.11.1888) contempla la detención preventiva con la condición de presentar la documentación sustentatoria en el plazo de 3 meses (artículo XI).

Recepción y calificación de la demanda

El numeral 1 se refiere al supuesto de la solicitud de detención preventivo y la detención por mandato de Notificación Roja de INTERPOL y en ambos casos otorga un plazo que no excederá a sesenta (60) días. Es una norma incompleta ya que debió decir que el plazo es el que se ha pactado en el Tratado o en su defecto de 60 días.  No señala desde cuando se inicia el cómputo pero siguiendo la línea de los Tratados, el cómputo es desde la detención de la persona (ejecución del acto de cooperación cuyo título válido para la detención es la cooperación judicial internacional para con la orden de detención del Estado requirente).

Una disposición muy importante en este numeral es la que señala “Con la presentación de la demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores se suspende el plazo antes señalado”. Esa precisión es la que corresponde dado el carácter de la extradición: es un acto de cooperación judicial entre Estados, y la forma de comunicación es a través de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

La presentación formal por conducto diplomático es la que da inicio al proceso de extradición y por ende es lógico que al ingresar la solicitud formal de extradición a la Cancillería se corte el plazo.

Este numeral señala que “De no presentarse la demanda de extradición dentro del plazo establecido, se dispone la inmediata libertad del reclamado.”

Esa disposición de libertad es la sanción a la mora en la que incurre el Estado, y se fundamenta en que la medida de excepción que es la detención preventiva solo habilita a detener en un determinado periodo de tiempo y el desinterés del Estado requirente de formalizar su solicitud no puede perjudicar la libertad del extraditable.

El numeral 2) dispone que la Fiscalía de la Nación –Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones - remite la demanda de extradición al juez que conoce del procedimiento para que califique la demanda.

El juez realiza un examen de legalidad y verifica el cumplimiento de las exigencias del Tratado o de la ley interna. Si advierte que ésta adolece de algún requisito coordina con la Fiscalía de la Nación para que en un plazo no mayor de treinta (30) días de notificado el Estado requirente corrija o complete la demanda y preste las garantías necesarias de ser el caso.

Tratándose de una comunicación que debe realizarse vía diplomática, el plazo se cuenta desde el día siguiente a la recepción de la Nota Diplomática que comunica la disposición de la autoridad judicial.

El numeral 3 dispone que “Subsanada la demanda, el juez competente remite el cuaderno a la Sala Penal de la Corte Suprema adjuntando un informe ilustrativo en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas.” Es muy importante tener presente lo que habilita la ley: ilustrar, para la decisión de la Sala Penal Suprema correspondiente.

En esta etapa no se puede declarar procedente o improcedente la extradición, por más que aparezca de lo actuado la improcedencia de la extradición.

Audiencia ante la Corte Suprema

El procedimiento anterior  establecía una primera intervención a cargo del juez de investigación preparatoria en la cual se establecía las medidas respecto a la detención o libertad del extraditable (aunque con una norma lesionaba la independencia judicial al ordenar que se proceda a detener, pero que en algunos casos se inaplicó vía control difuso) y a la actuación de las pruebas que podrían actuarse o cuestionarse y al cumplimiento de los requisitos del Tratado o de la ley interna)  y una segunda intervención a nivel de la Sala Penal de la Corte Suprema que analizaba y realizaba el control de legalidad de la extradición sobre la base de lo actuado.

El Decreto Legislativo Nº 1281 cambia este sistema y la audiencia de actuación de pruebas se realiza a nivel de la Corte Suprema, incluso sin considerar al menos en el texto legal la posibilidad de solicitar mayor información para la decisión.

Señala, como conclusión de la Audiencia que  “Concluído el debate, la Sala Penal se pronuncia declarando procedente o improcedente el pedido de extradición emitiendo su decisión en la misma audiencia”.

Cuestionamientos al sistema

Siendo una de las modificaciones más críticas,  ha sido explicada así por la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 1281:

“III.3. Mejora del procedimiento de extradición y optimización de los plazos

Los cambios normativos en el procedimiento de extradición pasiva establecidos en los artículos 521, 521-A, 521-8 y 521-C, buscan dar mayores garantías del debido proceso al trámite de extradición pasiva y establece una separación estructural entre el control de la detención con fines de extradición y la decisión judicial sobre la extradición a cargo de la Corte Suprema.

Así se establece que la entidad que califique la solicitud de extradición será el órqano jurisdiccional que conoce del proceso en un primer momento. Este cambio se justifica en la necesidad de que el juez se involucre en los hechos del caso y pueda colaborar de mejor manera para brindar mayores garantías al reclamado y promover la eficacia del procedimiento.

Finalmente, en el artículo 521-C, se regula la audiencia ante la Sala Penal de la Corte Suprema, audiencia donde se deberá tomar la decisión de proceder o no a la solicitud de extradición. Decisión que deberá ser traslada al Poder Ejecutivo, quien posteriormente decidirá si concede la extradición.”

Sin embargo, las mayores garantías al proceso se brinda cuando se permite a las partes actuar sus pruebas y sustentar sus argumentos de defensa, asimismo cuando se permite al magistrado disipar sus dudas empleando la facultad de pedir mayor información si es que le resulta necesaria para decidir. 

El procedimiento diseñado es defectuoso y se presta a dudas: el juez califica la demanda y puede pedir completar requisitos o pedir garantías, pero esto lo hace sobre la base del expediente de extradición presentado por el Estado requirente, no sobre la base de lo que la defensa podría plantear, por ejemplo un cuestionamiento a la identidad (caso de homonimia que se puede generar por una asistencia judicial defectuosamente trabajada).

La exposición de motivos no explica porque la Audiencia de Extradición debe hacerse en sede de Corte Suprema. El tema de la separación estructural no es novedoso ya que eso ya existía por cuanto la decisión judicial estaba a cargo de la Corte Suprema. La diferencia es que ahora el juez va a controlar la detención y el cumplimiento de requisitos y garantías, pero ya no conduce la Audiencia de Extradición.

Otro cuestionamiento es sobre la decisión que se debe emitir en la misma Audiencia. No se justifica dicha celeridad cuando de por medio hay derechos que proteger y que merecen una evaluación exhaustiva. Asimismo  debemos recordar que la extradición pasiva no es solamente para cumplir el deber de cooperación sino para controlar que no se lesiones derechos fundamentales.

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en su resolución del 20 de abril de 2017, explica con suficiente claridad esta problemática:

“SEGUNDO. Que el Decreto Legislativo número 1281 modificó radicalmente el trámite de dicho proceso auxiliar ante la Corte Suprema . En efecto, como la función del Juez de la Investigación Preparatoria, desde este dispositivo legal, se limita al control de la detención y de los requisitos formales de la demanda de extradición por el Estado requirente, el nuevo artículo 521-C dispone que la audiencia de extradición en la Corte Suprema permita la solicitud y actuación de pruebas , así como la posibilidad del interrogatorio por las partes al reclamado. A continuación, concluido el debate," .. . la Sala Penal se pronuncia declarando procedente o improcedente el pedido de extradición emitiendo su decisión en la misma audiencia." [ el subrayado es nuestro].

TERCERO.- (…)  es de rigor revisar el extremo del artículo 521 - C del Código Procesal Penal , incorporado por el Decreto Legislativo número 1281, en el punto que incide en un ámbito específico de la decisión jurisdiccional consultiva .

Ahora bien, pese a que la audiencia también puede tener carácter probatorio - Con todo lo que ello significa para la aceptación, actuación y ulterior valoración de la prueba- y a la evidente complejidad del derecho extradicional, que demanda un análisis jurídico de especiales características, la penúltima oración del apartado 2 del citado artículo 521-C del aludido Código obliga al Supremo Tribunal a dictar una resolución oral íntegra –no solo la parte resolutiva- en la misma audiencia. Es de acotar que si la resolución se emite en la misma audiencia, luego, debe ser oral.

CUARTO. Que esa parte de la disposición legal resulta irrazonable y sin suficiente justificación constitucional. Desde luego es dable, y está entro de las potestades legítimas del órgano legislativo -el Poder ejecutivo en este caso por delegación del Congreso con arreglo a la Ley número 30506- , fijar los criterios y pautas legales del proceso jurisdiccional a tono con el principio de aceleramiento procesal y con la primacía del principio procedimental de oralidad.

Pero la rapidez y la oralidad deben ser compatibles con la exigencia constitucional de una resolución fundada en derecho que exige la garantía de tutela jurisdiccional (artículo 13 , numeral 3, primer párrafo , de la Ley Fundamental) ; debe permitir, por consiguiente, que el juez tenga el tiempo mínimo imprescindible para razonar la prueba y el Derecho en casos complejos o de cierta entidad jurídica , y a la vez comunicar prontamente su decisión para conocimiento de las partes y de la sociedad.

QUINTO. Que el artículo 139, literal 5, de la Constitución dispone que las resoluciones judiciales en todos las instancias requieren de una " motivación escrita" , bajo determinados requisitos estructurales -es decir, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan-, salvo el caso de los decretos de mero trámite. Desde luego, tal enunciado normativo no puede entenderse que, por lo menos, todos los autos siempre deban ser escritos. Ello , por cierto, dependerá (i) de la naturaleza del procedimiento seguido y del asunto a dilucidar, (ii) de su complejidad –fáctica o jurídica-, y (iii) si el auto tiene el carácter de definitivo o no. Un auto interlocutorio que deba dictarse en el curso de una audiencia , si no implica un tema o punto de especial complejidad y requiera un análisis profundo de la prueba y del Derecho , muy bien puede ser oral , pues de otro modo se tergiversaría el carácter continuo de la audiencia y e l propio principio de oralidad -con todos los demás principios que le son afines - . Lo único que se exige en esos casos es que se levante un acta que dé cuenta de ella y se utilice un medio técnico que permita consolidar o estabilizar la resolución oral y evitar su manipulación, así como conocer de ella -de su texto- con posterioridad y obtener copias de dicha resolución por los interesados.

SEXTO. Que la resolución consultiva en los procesos de extradición, como ya quedó indicado , no solo es final -no interlocutoria- en la fase jurisdiccional de dicho proceso, sino que requiere, como ya se indicó, un examen complejo de los requisitos materiales y formales propios del derecho extradicional. El estándar de motivación exigido en estos casos es alto y, además, la decisión debe ser examinada , primero , por las partes -pueden formular solicitudes de aclaración o de corrección-; y, segundo, por el Poder Ejecutivo en la fase gubernamental del proceso de extradición.

Por todo ello, no es posible reconocer como razonable una disposición legal que obliga, en todos los casos, a una resolución oral.

SÉPTIMO. Que como las políticas de aceleramiento procesal no se afectan con una resolución escrita dictada dentro del plazo más breve -ese mismo día , a tenor de lo que teleológicamente impone la norma-; y, desde el principio de proporcionalidad, se tiene que ese extremo del dispositivo legal no cumple con el sub-principio de necesidad . No es indispensable, para lograr la meta de aceleramiento procesal y afianzar el principio de oralidad, que un conflicto jurídico complejo se resuelva en la misma audiencia con la emisión de una resolución consultiva oral.

En consecuencia , es del caso no aplicar esa parte de la norma examinada y formular determinadas directivas que permitan cumplir con la finalidad de la reforma legal

ACUERDA:

1.  La resolución consultiva a que hace referencia el artículo 521-C, apartado 2, del Código Procesal Penal, incorporado por el Decreto Legislativo número 1281, será escrita. En consecuencia, deviene inaplicable la parte pertinente de la penúltima oración del citado apartado 2, en cuanto estatuye que la resolución consultiva se emitirá inmediatamente al concluir la fase de alegatos y autodefensa.

2.- La audiencia, concluido el debate -alegatos y, de ser el caso, autodefensa-, se suspenderá para la deliberación y votación , en acto secreto, por la Sala. La audiencia, una vez redactada la resolución consultiva , se reabrirá ese mismo día en la hora indicada al momento de su suspensión. El pronunciamiento oral de la resolución consultiva se realizará por el señor Juez Supremo ponente, que dará cuenta de la resolución escrita emitida por la Sala”

BIBLIOGRAFIA

Dondé Matute Francisco Javier  (2013) Cooperación Internacional en Materia penal. Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Rodrigo Laborías Alexis (2012) El procedimiento de comunicación entre el Poder Judicial y las Embajada y Consulados extranjeros”. Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año VI, Número 9, Invierno 2012. En: www.derecho.uba.ar/revistagioja

Huapaya Olivares Alberto (2010) El nuevo régimen extradicional. Instituto de Defensa y Desarrollo Social. Lima, Perú.

Prado Saldarriaga. Sobre la extradición. Foro Jurídico. Revista de la Asociación Civil Foro Académico. N° 6, Año 2006. Pp. 95-106. En: revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/18432/18672