miércoles, 13 de junio de 2018

Breves apuntes sobre Garantías Diplomáticas


En el caso Wong Ho Wing la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló:


La Corte destaca, como ha hecho en casos anteriores, aunque en otros contextos, la importancia de la figura de la extradición y el deber de colaboración entre los Estados en esta materia. Es del interés de la comunidad de naciones que las personas que han sido imputadas de determinados delitos puedan ser llevadas ante la justicia. Sin embargo, la Corte advierte que en el marco de procesos de extradición u otras formas de cooperación judicial internacional, los Estados Parte de la Convención deben observar las obligaciones de derechos humanos derivadas de dicho instrumento. De tal modo, las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos y los requisitos de debido proceso deben observarse en los procedimientos de extradición, al mismo tiempo que aquella figura jurídica no puede ser utilizada como una vía para la impunidad (P. 39)

La ACNUR, al tratar el tema de la Garantías refiere:
Desde hace varios años las relaciones entre los Estados en cuanto a extradición se
refiere han dependido de las garantías diplomáticas, las cuales tienen como propósito
permitir que el Estado requerido extradite a una persona sin violar sus obligaciones
conforme a los tratados sobre derechos humanos vigentes, las leyes nacionales
−incluyendo las constitucionales−, y/o disposiciones de las leyes de extradición que de
otra manera podrían impedir la entrega del individuo concernido. Su uso es muy común
en los casos de pena de muerte, sin embargo, también se solicitan las garantías sí al
Estado requerido le preocupa la imparcialidad de los procesos judiciales en el Estado
requirente, o si existe cierto temor de que esa extradición pueda poner a la persona requerida en peligro de ser sometida a tortura u otra forma de maltrato.” (p. 2)

Conforme a Sánchez Legido A. ( 2008 ) hay que entender con este nombre a los “compromisos escritos –nota verbal, memorándum de entendimiento, etc- y las promesas hechos a través de canales diplomáticos y relativos a la transferencia forzosa de una persona de un país a otro cuando las mismas están diseñadas para asegurar los derechos fundamentales de la persona transferida”. (p. 24)
Este autor señala además: “Desde el punto de vista de la forma que adoptan, aunque en ocasiones se trata de meras promesas de carácter verbal, lo normal es que se formalicen por escrito en documentos propios de la práctica diplomática a los que se asignan denominaciones diversas, desde aide-memoires, a memorándums de entendimiento, pasando por notas verbales, o notas diplomáticas. En algún caso, incluso, revisten carácter secreto por entenderse que todo lo que tiene que ver con las garantías debe mantenerse en la más absoluta confidencialidad para preservar “importantes fuentes de información y la capacidad de interactuar efectivamente con gobiernos extranjeros”. (p. 25)
Para la ACNUR (2006)  El término “garantías diplomáticas”, que se utiliza en el contexto del traslado de una persona de un Estado a otro, se refiere al compromiso del país receptor de que la persona en cuestión sea tratada de acuerdo con las condiciones establecidas por el país remitente o, en términos más generales, de conformidad con sus obligaciones de derechos humanos según el derecho internacional.” (p.2)

Estas garantías, a decir de Bollo Arocena M)2013) deben ser “concretas y efectivas y no meramente ilusorias” (p. 145)
Otorgamiento de la Garantía Diplomática
El término “Garantía Diplomática” no significa necesariamente que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores quien otorgue la garantía. No lo otorga per se puesto que pertenece al Poder Ejecutivo y no puede inmiscuirse en un tema judicial, igualmente debe  respetar a nivel del Poder Ejecutivo las atribuciones de los diferentes órganos administrativos.
En la práctica quien otorga la Garantía es el órgano competente, ya sea el Poder Judicial o el INPE si se tratare de un tema vinculado a la ejecución de sentencia. El compromiso de la autoridad competente se formaliza internacionalmente mediante una Nota Verbal, de ahí que el compromiso se formaliza como un compromiso internacional de Estado.
Por consiguiente es la formalización mediante la correspondiente Nota Verbal y presentación por la Cancillería lo que da forma al compromiso del país y le concede a esta expresión de voluntad la fuerza vinculatoria y la exigibilidad.
Fuerza vinculante de la Garantía Diplomática
La presentación formal, vía diplomática, de la Garantía Diplomática vincula al Estado por cuanto su expedición tiene fundamento en los Principios del Pacta Sunt Servanda y  Buena Fe, bases jurídicas de las relaciones internacionales. 
Por este  motivo su cumplimiento puede ser reclamado, incluso por el extraditado- de acuerdo a los términos del compromiso
Sin embargo en casos muy excepcionales las Garantías Diplomáticas pueden incorporar mecanismos de vigilancia o supervisión
 Por su parte, es absolutamente excepcional que las garantías diplomáticas incorporen expresamente mecanismos de vigilancia o supervisión. Y, cuando éstos se contemplan o se ponen en pie con posterioridad pese a no estar previstos inicialmente suelen consistir en visitas del personal diplomático o consular del Estado remitente, sea al juicio cuando se trata de garantías sobre el proceso debido, sea a la prisión o lugar de detención en que se recluye al afectado.” (p. 27)
El seguimiento excepcional refuerza el compromiso del Estado y como lo señala la ACNUR:
 Lo que sí parece ser un factor fundamental en la consideración jurisprudencial de las garantías es la previsión de un mecanismo de vigilancia que asegure su cumplimiento e, incluso, que el mismo esté operativo desde el mismo momento en que se verifica la transferencia.” (p. 36)
Un ejemplo de ello es el caso Wong Ho Wing, en la que el Estado peruano ha implementado un mecanismo de seguimiento de la garantía de no aplicación de pena de muerte.
Verificación de las garantías
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido un conjunto de criterios referidos a las garantías para tener en cuenta a fin de determinar si son suficiente o no y que se podrían aplicar a los casos de extradición. Un primer punto a revisar está constituido por los términos en los que son ofrecidas. Conforme a Bollo Arocena M. (2013) “Según concluye el TEDH, debe analizarse si se trata de garantías concretas y específicas o, por el contrario, vagas y generales, o una mera repetición de lo que es legal o ilegal en el Estado que las ofrece” (p. 176)
Esta autora señala además otros puntos que conviene citar: “la mera afirmación de haber ratificado éste o aquel tratado de protección de derechos humanos no constituía garantía alguna “(…)  “ Tampoco lo han sido (…) las garantías  (…) consistentes, simplemente, en afirmar que la tortura está prohibida y penada en la legislación argelina, o que el CICR tiene la posibilidad de en­trevistar a los detenidos en privado   (p. 176)
Otro punto a observar es la autoridad que ofrece las garantías que esta relacionado al criterio si tiene o no la facultad para garantizar el compromiso. Por ejemplo ¿un ofrecimiento del Ministerio del Interior tendría fuerza vinculante para el juzgador en asuntos referidos a garantías procesales? ¿un ofrecimiento del juzgador tendría eficacia en la ejecución de sentencia a cargo de un organismo del Poder Ejecutivo?
Por ello la práctica aconseja que lo otorgue el órgano competente de acuerdo a lo que se esté garantizando y este compromiso se presenta formalmente por vía diplomática como compromiso del Estado.
Siguiendo a Bollo Arocena M. (2013) un aspecto importante también será la Inclusión o no de mecanismos de verificación del respeto de los dere­chos de la persona sometida a proceso de extradición o expulsión y su efectiva aplicación en un caso dado, una vez que la entrega ha tenido lugar.” (p. 178)

La Nota Diplomática y la extradiciòn


La Nota Diplomática
El Ministerio de Relaciones Exteriores lo define así:
“Comunicaciones formales escritas que intercambian las misiones diplomáticas con la Cancillería del Estado receptor. Pueden ser de dos tipos:
Notas Formales: es la menos frecuente. Trata temas de mayor importancia, está escrita en primera persona y la dirige el Jefe de Misión al Ministro de Relaciones Exteriores, o viceversa.
Notas Verbales: se usa con mayor frecuencia, ya que aborda cuestiones de trámite común. Se escribe en tercera persona, y está dirigida por la Misión a la Cancillería, o viceversa.”(p.12)

La Nota que se utiliza es la Nota Verbal, la cual se envía en el idioma del Estado requerido no existiendo obligación de traducirla. Esta modalidad de Nota es la que se utiliza generalmente y esta escrita en tercera persona y se dirige por la Cancillería a la Embajada del Estado requirente en su país. La utilización del idioma oficial obedece a una cuestión de soberanía, además que las actuaciones judiciales se realizan en el idioma oficial contemplado en la legislación del Estado requerido.

Jara Roncati E. (1989) la describe así:
“Se trata de una comunicación escrita, no necesariamente firmada, redactada en tercera persona y que emana de una Misión diplomática o de un Ministro de Relaciones Exteriores.
Generalmente tiene por objeto expresar algo que podría haberse dicho verbalmente, de ahí su nombre, pero que se prefiere hacer constar por escrito para que perdure y los conceptos  puedan así ser más claramente expresados y entendidos.
La nota verbal es el medio de comunicación diplomática entre el Ministerio y una Misión diplomática o viceversa, y de una Misión a otra Misión.
La nota verbal consta de varias parte, a saber:
Saludo inicial, "El Ministerio de Relaciones Exteriores (o la Representación Permanente de...) saluda muy atentamente a... y tiene el honor de ..." A través de una Nota verbal, siempre se tiene el honor de comunicar algo, se trata de un convencionalismo cualquiera que sea su contenido, y esta palabra nunca puede ser sustituida por ninguna otra.
Tratamiento, donde se hará mención al Honorable Ministerio o Embajada, o simplemente Ministerio o Embajada de...
Relato de los hechos, lo que se debe hacer como si fuera una conversación, esto en forma sencilla, clara y precisa, sin extenderse innecesariamente ni dejar de consignar los hechos más importantes.
Cortesía final o Cierre de la Nota, que contiene una formalidad igualmente de estilo: "El Ministerio de Relaciones Exteriores (o la E m bajada de...) aprovecha la oportunidad para expresar a .... las seguridades de su más alta y distinguida consideración". Para la primera Nota intercambiada entre dos partes, deben usarse las palabras "expresar" o "presentar" y a partir de entonces debe cambiarse por "reiterar". (p. 180)

La Nota verbal contiene la referencia al pedido de extradición y la comunicación oficial de la decisión del Estado requerido indicando los delitos por los que se otorga la extradición, las garantías que deben presentarse y el plazo de ejecución. 

En el caso peruano hace referencia a que se trasmite la comunicación que efectúa la Autoridad Central (Fiscalía de la Nación – Unidad de Cooperación Judicial Internacional y extradiciones), y puede acompañar la copia de la resolución consultiva favorable a la extradición y la resolución suprema que concede la extradición,  aunque la certeza de la comunicación radica en sí en la misma Nota Verbal la cual como comunicación oficial del Estado Requerido está amparada por el Principio de Buena Fe,  de modo que es la Nota Verbal en si la que acredita que se ha concedido la extradición.

A diferencia de la Nota que presenta y solicita formalmente la extradición, en la cual el expediente de extradición es el sustento de la petición (porque va a generar un proceso extradicional), al conceder la extradición, la Nota que comunica la decisión no está acompañada del expediente judicial que sirvió para concederla.

En el caso de la notificación que se ha concedido la extradición no es necesario que se acompañe el expediente que la sustentó y no habría razón para adjuntarlo puesto que la decisión del órgano judicial  del Estado requerido no es revisable por el órgano judicial del Estado requirente: hacerlo importaría una violación al Principio de Soberanía Jurídica del Estado Requerido y una inaceptable injerencia en la decisión soberana de este Estado.

Distinto es el caso de la sustentación del motivo para acceder o negar la extradición que no tiene tratamiento uniforme en los Tratados ya que algunos no lo exige y en otros sí. En estos casos la sustentación se complementa con la resolución judicial que declara procedente o concede la extradición, pero jamás con el expediente que la sustentó porque el proceso judicial interno es solo y únicamente de competencia del Estado requerido.

Para que la Nota Verbal que comunica que se ha concedido la extradición sea  válida y ejecutable basta con el cargo de recepción de la Cancillería, que marca a su vez la fecha de inicio del plazo de presentación de garantías o de ejecución. No hay otra formalidad legal más que la sola entrega de la Nota Verbal.

sábado, 5 de mayo de 2018

Fuente Legal que sustenta la Cooperación Judicial Penal - Primera parte

Fuente legal que sustenta la cooperación judicial internacional en materia penal –Primera parte

El artículo 508 del Código Procesal Penal se refiere a la fuente legal que sustenta la cooperación judicial internacional y que en el caso peruano tiene dos: el Tratado y en su defecto, el Principio de Reciprocidad.
Este es un artículo medular en el Código Procesal Penal.

Primera Parte: El Tratado

Barberís J (1982) refiere que “Todo aquel que se propone describir el derecho de gentes actual y analiza con ese fin la práctica en los distintos ámbitos internacionales, podrá fácilmente comprobar que los tratados cumplen una función de primordial importancia.” (p.12) Por esta razón el citado publicista dice “Cuando dos o más Estados se ponen de acuerdo sobre un objeto determinado y desean darle valor jurídicamente vinculatorio a dicho acuerdo, celebran un Tratado.”   (P.12)  

Rousseau Ch (1966) nos dice que “Cualquiera que sea su denominación, el tratado internacional se nos aparece como un acuerdo entre sujetos del derecho de gentes destinado a producir determinados efectos jurídicos”(p. 23)

La “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” lo define de la siguiente manera: 
 “a) se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular;”  (apartado a) del párrafo 1 del artículo 2)

Es importante tener presente que “Tratado es un término genérico que abarca todos los instrumentos vinculantes con arreglo al derecho internacional, cualquiera que sea su designación formal, concertados entre dos o más personas jurídicas internacionales” conforme se consigna en el Manual de Tratados (2013) de las Naciones Unidas,

Hernández Villalobos L. (2004) citando a Linares A.(1992) dice que “un tratado internacional «es un instrumento donde se consignan disposiciones libremente pactadas entre dos o más sujetos de Derecho Internacional con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos» (Linares, 1992, p. 61).” (p.67)

La misma autora aporta la definición de Gutiérrez  Espada indicando que “La doctrina española define los tratados internacionales como «la manifestación concordante de voluntades, imputable a dos o más sujetos de Derecho Internacional, destinada a producir efectos jurídicos entre las partes, y regida por el ordenamiento jurídico internacional». (Gutiérrez Espada, 1995, p. 259).”
Explica igualmente la importancia de los Tratado al señalar que “Estos instrumentos internacionales constituyen en la era actual, sin lugar a dudas, la «base de la diplomacia mundial», puesto que permiten que una sociedad globalizada en la que se encuentran marcados intereses contrapuestos en el ámbito económico, político, religioso, militar, cultural, etc., pueda convivir conforme a un orden internacional establecido, donde han sido los tratados, concebidos como la base, el soporte, piedra angular de las relaciones internacionales y expresión material de la voluntad de los sujetos de derecho internacional, los que han hecho posible que se pueda convivir en un mundo, que aunque
con numerosos problemas de naturaleza internacional, donde se lucha constantemente por el mantenimiento de la paz, el orden público y la resolución de conflictos internacionales. (p. 67)
Respecto a nuestro tema, nos dice Huapaya A (2010) que  Un documento del Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente señalaba que “algunos países poseen disposiciones legales nacionales que prohíben la extradición si no se ha concertado un Tratado u otra forma de acuerdo internacional.
Este factor, el deseo de muchos países de instituir la predictabilidad en sus relaciones de extradición, y la creciente preocupación por los intereses de la persona que es objeto de la extradición, son factores que se combina para hacer que la extradición sea cada vez más objeto de instrumentos internacionales”
 
En realidad como bien lo señala el documento en mención “el impedimento más evidente y fundamental para el éxito de la cooperación internacional en la esfera de la extradición es la falta de legislación nacional o la falta de instrumentos internacionales aplicables que ofrezcan la base jurídica para la entrega no voluntaria de un fugitivo a un país requirente”
Un Tratado ya sea bilateral, regional o multilateral nos da una base jurídica para la extradición, señala las condiciones y permite predecir un resultado.” (p. 63)



Clasificación

No hay un criterio definido para clasificar los Tratados, y como lo advierte Rousseau CH.  (1966) existen numerosa clasificaciones que carecen de valor científico (p. 25) por lo que para efectos metodológicos seguiremos dos clasificaciones:

a)      De orden material que distingue entre tratados contratos y los tratados normativos.
b)      De orden formal que distingue entre Tratados bilaterales y Tratados Colectivos o  Plurilaterales (p. 26)

Dondé Matute J. (2013) refiriéndose a los tratados normativos o legisladores como también se les llama, realiza la siguiente descripción: “Los tratados creadores de derechos, también denominados tratados legisladores, son aquellos cuyo contenido está compuesto de normas generales y abstractas, mientras que los tratados contractuales se limitan a la regulación de obligaciones bilaterales” (p. 20)

Hernández Villalobos L. (2004) refiriéndose a los tratados normativos o creadores de derecho incide: Lo más relevante de este tipo de tratados es que los sujetos signatarios no buscan un fin o interés propio sino, por el contrario, el beneficio de la comunidad internacional desde una perspectiva global, porque el verdadero propósito es el establecimiento de toda una normativa jurídica, que coadyuve al fortalecimiento del orden público internacional, que es lo que sirve de fundamento a estos tratados normativos, también conocidos como tratados leyes .” (p. 72)

Aplicando esta distinción didáctica podemos encontrar que los Tratados bilaterales de extradición son Tratados contractuales y los Tratados Multilaterales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, son Tratados legisladores pues sus normas exigen actividad legislativa para la adecuación y aplicación en la legislación penal interna.

En cuanto a la clasificación de Tratados bilaterales y Multilaterales podemos ubicar que en el orden de los primeros encontramos algunos que están negociados bajo el sistema de listado de delitos (que se circunscriben a los delitos expresamente señalados en el listado y no admite otro delito) y la gran mayoría que se alinea en el sistema de la pena mínima (y que exige un mínimo de pena para que el delito pueda ser considerado pasible de extradición.

El Perú es parte de los siguientes Tratados:
Tratados Bilaterales
Convención de Extradición y Declaración Adicional con el Reino de Bélgica.- Suscrita en Bruselas, el 23 de noviembre de 1888, fue aprobada por Resolución Legislativa de 25 de octubre de 1889, promulgada el 4 de noviembre de 1889. Entró en vigencia el 23 de octubre de 1890.
Fue ampliada por Cambios de Notas entre la Embajada de Bélgica y el Ministerio de Relaciones Exteriores de fechas 7 de mayo y 2 de julio de 1958 ampliando el listado de delitos con el delito de tráfico ilícito de drogas nocivas. Esta ampliación entró en vigencia el 29 de agosto de 1961.
Tratado de extradición con Gran Bretaña.- Suscrito en Lima el 26 de enero de 1904. Fue aprobado por Resolución Legislativa Nº 226 de 29 de setiembre de 1906. Está vigente desde el 20 de mayo de 1907. La aplicación de este Tratado fue ampliada por Cambios de Notas a los siguientes países:
-Cambio de Notas de Lima de 26 de diciembre de 1927 y 16 de enero de 1928: territorios de Palestina (con exclusión de Trasjordán), Camerun (esfera británica) Tanganica, Nueva Guinea, Samoa Occidental, África Occidental, Nauru. Vigente desde el 16 de enero de 1928
-Cambio de Notas de 15 de mayo y 19 de junio de 1965: República de Kenia. Vigente desde el 19 de junio de 1965.
-Cambio de Notas de 9 de agosto y 6 de setiembre de 1967: Gobierno de Malawi. Vigente desde el 6 de setiembre de 1967.
-Cambio de Notas de 14 de julio de 1972 y 31 de mayo de 1973: Gobierno de Fiji. Vigente desde 31 de mayo de 1973.

-Cambio de Notas de 7 de marzo de 1978 y 2 de agosto de 1978: Gobierno de la Confederación de las Bahamas. Vigente desde el 14 de agosto de 1978.

-Cambio de Notas de 5 y 17 de marzo de 1937: Protectorados de Zanzíbar y de las Islas Británicas de Salomón. Vigente desde el 17 de marzo de 1937.

-Nota del Gobierno Canadiense comunicando que el Tratado se encuentra aun en vigencia entre Canadá y Perú , por haberlo firmado el Rey por Canadá y haber sido anunciado el Tratado en las Actas de Canadá de 1908.

Tratado de Extradición con Chile.- Suscrito en Lima, el 5 de noviembre de 1932. Fue aprobado por Resolución Legislativa Nº 8374 de 16 de junio de 1936. Se encuentra vigente desde el 15 de julio de 1936.

Tratado de Extradición con el Reino de España.- Suscrito en Madrid el 28 de junio de 1989. Fue aprobado por Resolución Legislativa Nº 25347 de 31 de octubre de 1991. Se encuentra vigente a partir del 31 de enero de 1994.  Su modificatoria fue aprobada por Decreto Supremo Nº 070-2011-RE del 02/06/2011, vigente desde el 09 de julio de 2011.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.- Suscrito en México, el 02 de mayo de 2000. Aprobado por Resolución Legislativa N° 27428 de 22 de febrero de 2001 y ratificado por Decreto Supremo Nº 017-2001-RE de 5 de marzo del año 2001. Se encuentra vigente desde el 10 de abril de 2001.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República del Ecuador.- Suscrito en Quito el 04 de abril de 2001. Aprobado por Resolución Legislativa N° 27582 de 05 de diciembre de 2001 y ratificado por Decreto Supremo Nº 099-2001-RE de 20 de diciembre de 2001. Se encuentra vigente desde el 12 de diciembre de 2002.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Popular China.- Suscrito en Beijing, el 05 de noviembre de 2001. Aprobado por Resolución Legislativa N° 27732 de 24 de mayo de 2002 y ratificado por el Decreto Supremo Nº 055-2002-RE de 13 de junio de 2002. Vigente desde el 05 de abril de 2003.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América suscrito en Lima el 25 de julio de 2001, aprobado por Resolución Legislativa N° 27827 del 22 de agosto del 2,002, ratificado por Decreto Supremo N° 085-2002-RE  de 1 de octubre de 2002. Vigente desde el 25 de agosto de 2003.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Costa Rica.- Suscrito en San José, el 14 de enero de 2002. Aprobado por Resolución Legislativa N° 27828 de 17 de septiembre de 2002. Ratificado por Decreto Supremo N° 084-2002-RE de 1 de octubre de 2002. Aun no entra en vigencia.

Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Italiana.- Suscrito en Roma el 24 de noviembre de 1994. Aprobado por Resolución Legislativa N° 26759 de 6  de marzo de 1997 y ratificado por Decreto Supremo Nº 011-97-RE de 21 de marzo de 1997. Se encuentra vigente desde el 7 de abril de 2005.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Panamá.- Suscrito en Lima el 08 de setiembre de 2003. Aprobado por Resolución Legislativa N° 28387 de 12 de  noviembre de 2004 y ratificado por Decreto Supremo Nº 079-2004-RE de 3 de diciembre de 2004. Vigente desde el 08 de julio de 2005

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Corea.- Suscrito en Lima el 05 de diciembre de 2003. Aprobado por Resolución Legislativa N° 28432 del 23 de diciembre de 2004 y ratificado por Decreto Supremo Nº 008-2005-RE del 25 de enero de 2005. Vigente desde el 16 de noviembre de 2005. 

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Paraguay.- Suscrito en Lima el 17 de octubre de 1997. Aprobado por Resolución Legislativa N° 28247 del 07 de junio de 2004 y ratificado por Decreto Supremo Nº 064-2004-RE del 05 de octubre de 2004. Vigente desde el 29 de noviembre de 2005.  Tiene un “Acuerdo Complementario al Tratado de Extradición de 17 de octubre de 1997”, celebrado mediante intercambio de Notas,  Nota (RE) Nº 01-2001, de fecha 5 de marzo de 2001 del Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores de la República del Perú y Nota N.R. Nº 1/01, de 5 de marzo de 2001, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, aprobado por Resolución Legislativa Nº 28248, de 7 de junio de 2004, y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 065-2004-RE, de 5 de octubre de 2004. El Acuerdo entró en vigencia el 21 de noviembre de 2005.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil.- Suscrito en Lima, el 25 de agosto de 2003. Aprobado por Resolución Legislativa N° 28157 y ratificado por Decreto Supremo Nº 030-2004-RE de 5 mayo de 2004. Se encuentra vigente desde el 30 de junio de 2006.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Argentina.- Suscrito en Buenos Aires, el 11 de junio de 2004. Aprobado por Resolución Legislativa N° 28443 del 03 de diciembre de 2004, y ratificado por Decreto Supremo Nº 009-2005-RE del 25 de enero de 20015. Se encuentra vigente desde el 19/07/2006.

Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911.- Suscrito en la ciudad de Lima el 22 de octubre de 2004,  aprobado por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa Nº 28729 del 17 de abril de 2006. Ratificado por Decreto Supremo Nº 027-2006-RE del 01 de junio de 2006. Vigente desde el16 de junio de 2010.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de Bolivia.- Suscrito el 27 de agosto de 2003, en la ciudad de Lima, República del Perú, y aprobado por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa Nº 28936 el 14 de diciembre de 2006. Ratificado por Decreto Supremo Nº 005-2007-RE de 17 de enero de 2007. Vigente desde el 3 de abril de 2010.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Oriental del Uruguay
Suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 9 de julio de 2007, aprobado por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa Nº 29844 de 14 de marzo de 2012. Ratificado por Decreto Supremo Nº 022-2012-RE. Entró en vigencia el 03 de agosto de 2012.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República de El Salvador.- Suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 7 de julio de 2005, aprobado por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa Nº 28837 de 21 de julio de 2006. Ratificado por Decreto Supremo Nº 049-2006-RE. Entró en vigencia el 04 de junio de 2015.

Tratado de Extradición entre la República del Perú y la República Francesa. Suscrito en la ciudad de Lima, el 21 de febrero de 2013, aprobado por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa Nº 30413 de 08 de enero de 2016. Ratificado por Decreto Supremo Nº 0o5-2016-RE. Entró en vigencia el 01 de marzo de 2016.

Tratados Multilaterales:

Tratado de  Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889.- Celebrado durante el Congreso Internacional Sudamericano de Montevideo de 1889.
Fue suscrito en Montevideo, el 23 de enero de 1889. El Perú lo aprobó mediante Resolución Legislativa del 25 de octubre de 1889.

Acuerdo sobre Extradición.- Celebrado durante el Congreso Bolivariano de Caracas, fue suscrito el 18 de julio de 1911. El Perú lo aprobó mediante Resolución Legislativa Nº 2154 del 22 de octubre de 1915. Se encuentra vigente solamente con Colombia (los demás firmantes lo han reemplazado por las disposiciones del Código Bustamante que Colombia no ha ratificado).
Modificatoria al “Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de la República de Colombia Modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición, firmado el 18 de junio de 1911”, suscrito en Lima el 22 de octubre de 2004. El Perú lo aprobó por  Resolución Legislativa Nº 28729, de fecha 17 de abril de 2006. Esta modificatoria abandona el sistema de listado de delitos acogiendo el sistema de pena mínima: delitos cuyas penas sean mayores a un año. A su vez, la exigencia que en el caso que se trate de delitos cometidos fuera del territorio de la parte requirente solo se dará curso a la extradición si el Estado requerido tiene la misma facultad de perseguir delitos fuera de su jurisdicción, queda derogada.

Convención sobre Derecho Internacional Privado (Código Bustamante).-
Suscrito en la Habana el 20 de febrero de 1928. El Gobierno del Perú lo aprobó con Resolución Legislativa Nº 6442 del 31 de diciembre de 1928 y promulgada el 08 de enero de 1929. Está vigente desde el 18 de septiembre de 1929.

Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.- Fue firmada en Nueva York el 30 de marzo de 1961, y aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 15013 del 16 de abril de 1964. Está vigente desde el 13 de  diciembre de 1964

Protocolo de enmienda a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.- Firmada en Ginebra el 25 de marzo de 1972, y aprobado por Decreto Ley Nº 21881 del 12 de julio de 1977. Entró en vigencia el 12 de octubre de 1977.

Convención para prevenir  y sancionar los Actos de Terrorismo configurados en delitos contra las personas y la Extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional.- Firmada en Washington el 2 de febrero de 1971. El Perú lo aprobó mediante Resolución Legislativa Nº 24811 del 12 de mayo de 1988.  El instrumento de Ratificación fue depositado el 8 de julio de 1988. Vigencia: desde el 8 de noviembre de 1984.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.- Adoptada por la Trigésima Novena Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 en Nueva York y suscrita por el Perú el 29 de mayo de 1985. El Perú la aprobó por Resolución Legislativa Nº  24815 de 12 de mayo de  1988. En vigencia para el Perú desde el 06 de agosto de 1988.

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.- Firmada en Viena el 20 de diciembre de 1988. El Perú la aprobó mediante Resolución Legislativa Nº 25352 del 22 de noviembre de 1991, La Convención entró en vigor el 11 de noviembre de 1990 y para el Perú desde el 15 de abril de 1992.

Convención Interamericana contra la Corrupción. Firmada en Caracas, Venezuela el 29 de marzo de 1996, en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana, realizada en la ciudad de Caracas, Venezuela. Aprobada por Resolución Legislativa Nº 26756 de 05 de marzo de 1997. Ratificada por Decreto Supremo Nº 012-97-RE de 21 de marzo de 1997.
Entró en vigencia el 04 de julio de  1997.

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados. Firmada en Washington el 13 de noviembre de 1997. Suscrita en el Perú el 14 de noviembre de 1997. Aprobada por Resolución Legislativa Nº 27127, de 24 de mayo de 1999 y ratificada por Decreto Supremo Nº 029-99-RE de 4 de junio de 1999. Entró en vigencia el 8 de julio de 1999.

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Belem do Pará) Adoptada en Belem do Pará el 09 de junio de 1994, suscrita por el Perú el 08 de enero de 2001. Aprobada por Resolución Legislativa N° 27622 del 21 de diciembre de 2001, ratificada por Decreto Supremo N° 010-2002-RE. Vigencia desde el 15 de marzo de 2002.

Convención Internacional contra la Toma de Rehenes.- Suscrita en Nueva York el 18 de diciembre de 1979. Aprobada por Resolución Legislativa N° 27457 del 24 de mayo del 2001. Se aprueba la adhesión por Decreto Supremo N° 045-2001—RE. Vigencia para el Perú desde el 05 de agosto de 2001.

Convenio para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima –OMI.- Suscrito en Roma el 10 de marzo de 1988. Aprobada por Resolución Legislativa N° 27458 del 24 de mayo del 2001. Se aprueba la adhesión por Decreto Supremo N° 046-2001-RE. Vigente para el Perú desde el 17 de octubre de 2001.

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.- Adoptado en Nueva York el 10 de enero de 2000. Suscrito por el Perú el 14 de septiembre del 2000. Aprobado por Resolución Legislativa N° 27544 del 25 de octubre de 2001. Se aprueba la adhesión por Decreto Supremo N° 084-2001-RE. Vigente para el Perú desde el 10 de diciembre de 2001.

Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas.- Adoptado en Nueva York el 15 de diciembre de 1997. Abierto a la firma en Nueva York el 12 de enero de 1998. Aprobado por Resolución Legislativa N° 27549 del 31 de octubre de 2001. Se aprueba la adhesión por Decreto Supremo N° 085-2001-RE. Vigente para el Perú desde el 10 de noviembre de 2001.

Protocolos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la Participación de Niños en Conflicto Armados, Venta de Niños, Prostitución Infantil y Utilización de Niños en Pornografía.- Adoptado por la Asamblea General el 25 de mayo del 2000 en Nueva York. Suscrito por el Perú el 01 de noviembre del 2000. Aprobado por Resolución Legislativa N° 27518 del 13 de setiembre del 2001. Se ratifica por Decreto Supremo N° 078-2001-RE. Vigente para el Perú desde el 12 de febrero de 2002.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.- Aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, celebrada en Roma, República Italiana, el 17 de julio de 1998, y aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 27518 de fecha 13 de setiembre del año 2001. Ratificado por Decreto Supremo N° 079-2001-RE. Vigente para el Perú desde el 01 de julio de 2002.

Convención Interamericana contra el Terrorismo. Suscrito el 03 de junio de 2002, en la ciudad de Bridgetown. Fue aprobada por   Resolución Legislativa Nº 27992, del 04 de junio de 2003, y Ratificada por Decreto Supremo Nº 076-2003-RE, de 06 de junio de 2003. Entró en vigencia para el Perú el 10 de julio de 2003.

Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y sus dos protocolos adicionales: “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, y el “Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, suscritos por el Perú el 14 de diciembre del año 2000, durante la Conferencia de Palermo en la República Italiana y aprobados por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 27527 de 4 de octubre del año 2001.Ratificado por Decreto Supremo  Nº 088-2001-RE de 19 de noviembre de 2001. Entró en vigencia el 29 de setiembre de 2003.

Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Suscrito el 26 de noviembre de 1968, en la ciudad de Nueva York. Fue aprobada por Resolución Legislativa Nº 27998 de 02 de junio de 2003 y Ratificada por Decreto Supremo Nº 082-2003-RE, del 01 de julio de 2003. Entró en vigencia para el Perú el 09 de noviembre de 2003.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.- Adoptada el 31 de octubre de 2003, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, aprobada mediante Resolución Legislativa Nº 28357, de 5 de octubre de 2004,  ratificada mediante Decreto Supremo Nº 075-2004-RE. Entró en vigencia el 14 de diciembre de 2005.

Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear.- Suscrito el 14 de setiembre de 2005, en la ciudad de Nueva York Estados Unidos de América, fue aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 29302 de 15 de diciembre de 2008, y ratificado por Decreto Supremo Nº 010-2009-RE. Entró en vigencia para el Perú el 28 de junio de 2009.