domingo, 21 de diciembre de 2014

Saludos de Navidad

Apreciadísimos amigos

Dentro de unos días viviremos la fecha más importante de la cristiandad. Repasaremos la bella historia de un niño nacido en las peores condiciones para luego convertirse en el salvador de la humanidad.

La historia de una joven virgen, que arriesgando su vida no duda en declararse esclava del Señor y aceptar su designio. De un buen hombre, que decide enfrentar a sus tradiciones para proteger a una mujer y a un niño cuyas vidas le fueron confiadas.

Sentiremos una especie de felicidad sin que sepamos el porqué y algunos sentirán el dolor de abrumarse por tanta felicidad y encontrase terriblemente solo para disfrutarla.

En fin, dentro de unos días será navidad.

Así que comparto la alegría, los buenos sentimientos que el nacimiento de Jesús puede crear en mi corazón,  deseándote también mucha alegría, paz y amor para vuestras familias.

Un fuerte abrazo

Alberto Huapaya

domingo, 14 de diciembre de 2014

Disposiciones sobre Ausencia y Contumacia

Esta Resolución Administrativa puede tener un impacto sobre las extradiciones venideras...  Y el impacto será negativo. Puede impactar también las extradiciones en giro. Un análisis más detallado es el que espero desarrollar en un nuevo libro.


Establecen disposiciones sobre la declaración judicial de ausencia o contumacia en la fase instructiva del proceso penal sumario y ordinario, y sobre el auto que da inicio al proceso penal sumario y ordinario 


Resolución Administrativa N° 310-2014-CE-PJ 
Lima, 10 de setiembre del 2014

Visto:
El Oficio N° 379-2014-CE/PJ-GTP cursado por el doctor Giammpol Taboada Pilco, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, conteniendo propuesta para regular la declaración de contumacia y ausencia en caso de la abstención de declaración del imputado en los procesos penales sumarios y ordinarios.

Considerando: 

Primero.- Que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 003-2005-PI/TC, de fecha 9 de agosto de 2006, ha dilucidado la diferencia entre las situaciones jurídicas de ausencia y contumacia, afirmando que “en el ámbito del proceso penal, el desconocimiento que el acusado tenga de la existencia de un proceso, genera un supuesto de ausencia; mientras que la resistencia a concurrir al proceso, teniendo conocimiento de él, se denomina contumacia” (fundamento jurídico 168).
En este mismo sentido, el Código Procesal Penal del 2004 prescribe que el Juez declarará ausente al imputado cuando se ignora su paradero y no aparezca de autos evidencia que estuviera conociendo del proceso (artículo 79.2). De otro lado, se declarará contumaz al imputado cuando: a) de lo actuado aparezca evidencia que, no obstante tener conocimiento de que es requerido, no se presenta voluntariamente a las actuaciones procesales; b) fugue del establecimiento o lugar en donde está detenido o preso; c) no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión; y, d) se ausente, sin autorización del Fiscal o del Juez, del lugar de su residencia o del asignado para residir (artículo 79.1°).
Finalmente, el Decreto Legislativo N° 125, aplicable a los procesos penales sumarios y ordinarios, también reconoció la diferencia entre ambas situaciones procesales del imputado (artículos 2° y 3°).

Segundo.- Que los efectos comunes de la declaración de contumacia o ausencia por el juez en los procesos penales sumarios y ordinarios en aplicación mutatis mutandi del Código Procesal Penal del 2004, son los siguientes: 1) El auto que lo declara ordenará la conducción compulsiva del imputado y dispondrá se le nombre defensor de oficio o al propuesto por un familiar suyo. 2) Con la presentación del contumaz o ausente, y realizadas las diligencias que requieran su intervención, cesa dicha condición, debiendo dejarse sin efecto el mandato de conducción compulsiva; así como todas las comunicaciones que se hubieran cursado con tal objeto. 3) No se suspende la instrucción ni alterará el curso del proceso con respecto a los demás imputados. 4) Si la declaración de ausencia o contumacia se produce durante el juicio oral, el proceso debe archivarse provisionalmente respecto de aquél. En todo caso, el contumaz o ausente puede ser absuelto pero no condenado (artículo 79, incisos 3° al 6°). Similares efectos están previstos en el artículo 205 del Código de Procedimientos Penales de 1940, concordante con el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 125.

Tercero.- Que el derecho a la no auto incriminación forma parte a su vez de los derechos implícitos que integran el debido proceso previsto en el artículo 139.3 de la Constitución Política, como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 003-2005-PI/TC (fundamentos jurídicos 272 y 273). Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8°.g) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3), han reconocido expresamente el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable como parte de las garantías judiciales mínimas que tiene todo procesado. Por consiguiente, del reconocimiento de la libertad de declarar y del derecho a la no auto incriminación (nadie está obligado a declarar en su contra) se tiene que: a) No se puede utilizar ningún medio violento para obligar al imputado a declarar, prohibiéndose cualquier manipulación física o psicológica vulneradora de su conciencia; b) No se puede exigir juramento o promesa de decir la verdad; c) Se prohíben las preguntas capciosas durante el interrogatorio; d) La facultad de mentir permanece en el ámbito personal del imputado, si lo considera de interés para su defensa; e) La facultad de declarar cuantas veces el imputado entienda pertinente debe ser protegida; y, f) El imputado tiene derecho a guardar silencio o simplemente a no declarar.

Cuarto.- Que la declaración del imputado es un medio de defensa y como tal su ejercicio estará condicionado a su conveniencia o no frente a la imputación, tal es así que el Código Procesal Penal del 2004 ha reconocido que en el curso de las actuaciones procesales y en todas las etapas del proceso, el imputado tiene derecho a prestar declaración y a ampliarla, a fin de ejercer su defensa y responder a los cargos formulados en su contra (artículo 86.1). Asimismo, tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio (artículo 87.2). La declaración del procesado sólo es considerada expresamente como medio de prueba cuando se trata de una confesión; es decir, cuando el imputado admite los cargos formulados en su contra (artículo 160.1), siempre que esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción (artículo 160.2.a), sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas (artículo 160.2.b), sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado (artículo 160.2.c); y sea sincera y espontánea (artículo 160.2.d).

Quinto.- Que la declaración judicial de ausencia o contumacia del imputado en la fase instructiva del proceso penal sumario u ordinario, con el mandamiento de conducción compulsiva ejecutada por la Policía Nacional bajo la forma de requisitorias, debido a su inconcurrencia u oposición expresa (oral o escrita) a presentarse a la diligencia de recepción de la declaración instructiva, resulta manifiestamente incompatible con la consideración de ésta como un medio de defensa protegido por el derecho a la no autoincriminación tanto en su forma negativa, cuando el imputado ejerce su derecho a abstenerse de declarar sin que esa decisión pueda causarle perjuicio alguno; como en su forma positiva, cuando a su vez se le reconoce el derecho de prestar declaración y ampliarla cuando lo considere conveniente según su estrategia de defensa. En consecuencia, considerando que la declaración del imputado no es un acto procesal de obligatoria realización, pues siendo un derecho corresponde en rigor ser ejercido a iniciativa e interés del propio imputado, no existe obstáculo alguno para que el proceso penal discurra normalmente hasta concluir con una sentencia en el caso del proceso sumario, o, transitar hacia la etapa de juicio en un proceso ordinario.

Sexto.- Que, conforme al artículo 77 del Código de Procedimientos Penales de 1940, será de exclusiva responsabilidad del Fiscal durante la investigación preliminar, la realización de las diligencias necesarias para identificar y constatar la dirección domiciliaria real y actual del imputado, la cual deberá ser consignada en su respectiva formalización de denuncia a efectos de permitir la debida notificación de la instauración y continuación del proceso penal. Por su parte, el Juez sólo procederá a emitir el auto de inicio del proceso penal sumario u ordinario, en tanto el Fiscal haya presentado los recaudos que acrediten el presupuesto antes anotado, de cara a garantizar en forma efectiva el derecho de defensa del imputado; y, por ende, el debido proceso.

Sétimo.- Que siendo así, resulta pertinente cursar oficio circular a las Cortes Superiores de Justicia para que los órganos jurisdiccionales en materia penal, tengan en cuenta lo anotado precedentemente.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 749-2014 de la trigésimo primera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los señores Mendoza Ramírez, De Valdivia Cano, Meneses Gonzales, Taboada Pilco y Escalante Cárdenas; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por mayoría,

Se resuelve:

Artículo Primero.—Oficiar a los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de la República para que se sirvan comunicar a los jueces de los órganos jurisdiccionales penales y/o mixtos que, considerando el derecho del imputado a la no autoincriminación, tienen que evaluar que no corresponde la declaración judicial de ausencia o contumacia en la fase instructiva del proceso penal sumario y ordinario, con el mandamiento de conducción compulsiva, en razón de su inconcurrencia u oposición expresa (oral o escrita) a presentarse a la diligencia de declaración instructiva. En esa perspectiva, el proceso penal sumario puede concluir con una sentencia; así como el proceso penal ordinario puede transitar hacia la etapa de juicio, prescindiendo de la declaración del imputado, salvo que éste lo solicite como medio de defensa.

Artículo Segundo.—Establecer que corresponde al Fiscal durante la investigación preliminar identificar y constatar la dirección domiciliaria real y actual del imputado. El Juez sólo podrá emitir el auto que da inicio al proceso penal sumario y ordinario, cuando en la formalización de denuncia se haya cumplido el presupuesto antes anotado con los recaudos respectivos; ello con el objetivo de garantizar la debida notificación judicial del imputado.

Artículo Tercero.—Transcribir la presente resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Ministerio Público, y Cortes Superiores de Justicia del país, para su conocimiento y fines consiguientes

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
S. S.
Enrique Javier Mendoza Ramírez
Presidente
Ramiro De Valdivia Cano
Bonifacio Meneses Gonzales
Giammpol Taboada Pilco
Eric Escalante Cárdenas

El voto del señor Lecaros Cornejo, es como sigue:

Voto del señor consejero José Luis Lecaros Cornejo

Vista la propuesta para regular la declaración de contumacia y ausencia en caso de la abstención de declaración del imputado en los procesos penales sumarios y ordinarios; y teniendo en consideración las atribuciones contenidas en el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mi voto es porque el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no tiene facultad para reglamentar normas de carácter legal.

Lima, 10 de setiembre del 2014
José Luis Lecaros Cornejo
Juez Supremo - Consejero

martes, 19 de agosto de 2014

SOBERANIA Y TERRITORIALIDAD EN LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL. A PROPOSITO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Con sentencia de fecha 18 de marzo de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado fundada una demanda de amparo por haberse acreditado la violación del Principio de Soberanía (Jurídica) y del derecho fundamental al Juez Natural, en una solicitud de Asistencia Judicial internacional requerida por las autoridades de la República de Guatemala, y  declaró ineficaz en la jurisdicción nacional la mencionada solicitud de asistencia judicial.

01.-    Las relaciones de Cooperación Judicial Internacional entre el Perú y Guatemala. Caso específico de la Asistencia Judicial Mutua.
Las solicitudes de Asistencia Judicial Mutua  entre el Perú y Guatemala se rigen por la  “Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal”, adoptado en  Nassau, Commonwealth de las Bahamas, el 23 de mayo de 1992, instrumento internacional del cual son parte ambas Repúblicas.

02.-     Alcances de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal en materia de soberanía de los Estados Parte.

Esta Convención señala que “Los Estados Partes se comprometen a brindarse asistencia mutua en materia penal, de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención.” (Artículo 1)

El artículo 2 define el alcance de las disposiciones de la Convención: ”Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en investigaciones, juicios y actuaciones en materia penal referentes a delitos cuyo conocimiento sea de competencia del Estado requirente al momento de solicitarse la asistencia. Esta Convención no faculta a un Estado Parte para emprender en el territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra Parte por su legislación interna (…)”

En concordancia a este artículo, se establece en el artículo 9 las causales para la denegación de la asistencia, entre las cuales se anota:
“Artículo 9. DENEGACION DE ASISTENCIA
e. se afecta el orden publico, la soberanía, la seguridad o los intereses públicos fundamentales, (…)”

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instrumento internacional del cual es Parte tanto el Perú como Guatemala, de igual manera incluye una cláusula de protección a la soberanía: “Artículo 4. Protección de la soberanía.- 1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. 2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades”

Nuestra norma interna, el Código Procesal Penal también señala a la afectación de la soberanía como causal de denegación de la Asistencia Judicial internacional: “ Artículo 529 Motivos de denegación.-  1. Podrá denegarse, asimismo, la asistencia cuando: (…) d) Se afecta el orden público, la soberanía, la seguridad o los intereses fundamentales del Estado (…)”.

En conclusión, La norma internacional y la norma interna establecen como causal de denegación de la asistencia jurídica, a la afectación de la soberanía.

b.- Sin embargo, hay que diferenciar este Principio de protección de la Soberanía, del Principio de Territorialidad. La protección de nuestra soberanía es parte de nuestra supervivencia como Estado y por eso nos acompaña en todos los Tratados de esta materia, ya sea en forma expresa o derivada del contexto del instrumento internacional. 

Empero, respecto al Principio de Territorialidad, nuestra propia norma interna (Código Procesal Penal -NCPP) señala que para efectos de la ejecución del acto de cooperación –salvo el caso de extradición- la competencia del país requirente se analiza sobre la base de su propia legislación (art. 510.1 NCPP)

Por esta razón el artículo 510.2 del NCPP señala: “ No será motivo para desestimar la solicitud de cooperación judicial internacional, salvo en materia de extradición, la circunstancia que el delito esté incurso en la jurisdicción nacional.”

En materia de extradición, la circunstancia que el delito se haya cometido en nuestra jurisdicción obliga a denegar la extradición y asumir el caso –de otro modo estaríamos protegiendo la impunidad del delito.

Es cierto que la redacción del artículo 510 es defectuosa, pero es la propia norma interna la que taxativamente señala que la competencia del país requirente se analiza sobre la legislación de éste. No olvidemos que nuestro caso es parecido. El Código Penal peruano también persigue delitos cometidos en el exterior en ciertas circunstancias (“Artículo 2.- Principio de Extraterritorialidad, Principio Real o de Defensa y Principio de Personalidad Activa y Pasiva”).

Es cierto que el poder soberano autoriza a los Estados a decidir de manera autónoma las leyes que serán aplicadas en el ámbito espacial de su territorio y que cada Estado debe hacer prevalecer su soberanía respetando la de los demás países, evitando la imposición de leyes extranjeras en el territorio nacional. Esta potestad no encuentra mayor límite que las establecidas en las normas de derecho público interno y externo  (fundamento 30 de la Resolución del TC que se comenta)  Sin embargo, esto que es mandatorio en el caso de la extradición, que obliga a denegar y juzgar –por que asume el ejercicio de su jurisdicción que le esta reservada; en el caso de la asistencia judicial pasa por reconocer que se trata de un acto de cooperación judicial internacional (artículo 511 del NCPP).

Teóricamente, en la Cooperación Judicial Internacional, existe una jurisdicción propia de la sede requerida en auxilio, conforme lo anota el profesor Raúl Cervini: “La jurisdicción del Juez requerido en lo  referido a los actos procedimentales de la cooperación le es propia y  original, o sea, que le pertenece a él, aún cuando el acto de cooperación o  auxilio no esté llamado a poseer relevancia dentro del Estado o jurisdicción  requerida, sino exclusivamente dentro del Estado y jurisdicción requirente.”   . En una asistencia judicial no hay aplicación de la ley foránea, ni se trata del ejercicio supranacional de jurisdicción de un juez extranjero ya que la ejecución de la asistencia se realiza de acuerdo a la ley interna del país requerido y por la autoridad judicial de dicho Estado, y aún en el caso que se desee determinada formalidad, que pueda ser la que contemple la ley foránea, ésta solo se admite como orientadora de la ejecución cuando va en concordancia con la ley interna del Estado requerido, razón por la cual la norma peruana dice: “Si se requiere la práctica de algunas diligencias con arreglo a determinadas condiciones, su ejecución está condicionada a que no contraríe el ordenamiento jurídico nacional”( artículo 510.3 del Código Procesal Penal)

En conclusión:

1.- El Principio de Soberanía obliga a denegar toda forma de cooperación judicial internacional, cuando es lesiva.
2.- El principio de territorialidad en el caso de la extradición obliga al Estado requerido a asumir el conocimiento de los hechos porque la Ley Penal peruana se aplica a todo el que comete un hecho punible en el territorio de la República, salvo los casos de excepción. En el caso de la asistencia judicial, no es motivo para desestimar la solicitud de asistencia, a tenor del texto mismo de la ley interna.



Las nuevas relaciones extradicionales entre Perú y Costa Rica. Parte 1

Las relaciones extradicionales entre el Perú y Costa Rica se vienen canalizando a través de la Convención sobre Derecho Internacional Privado, llamado Código de Bustamante.

El régimen de la extradición esta desarrollado en esta Convención bajo ciertas características:
-        No obliga a la extradición de los nacionales, aplicando para ello el Principio Aut Dedere Aut Judicare.
-        Exige la doble incriminación bajo el sistema de pena mínima ( que tengan carácter de delito en la legislación del Estado requirente y en la del Estado requerido, que la pena aplicada o asignada no sea menor a un año de privación de libertad y que se haya dictado la privación de la libertad, si aun no hubiere sentencia firme.
-        El plazo para presentar el pedido formal de extradición es de dos meses siguientes a la detención del reclamado.
-        Otorga especial protección a los derechos del extraditable, permitiéndole el uso de todos los medios legales concedidos a los nacionales para recobrar su libertad.
-        Otorga 3 meses para ejecutar la extardición.
-        Reconoce el Principio de Especialidad, no permitiendo detención ni juzgamiento por delito distinto al que fue materia de extradición, salvo autorización del Estado requerido o porque el extraditado .permaneciera 3 meses después de haber sido juzgado y absuelto, o de cumplida la pena de libertad.
-        Reconoce el abono de la prisión preventiva sufrida en el Estado requerido, como de abono parta el cómputo final de la pena.

Ambos países suscribieron un Tratado de extradición, el cual fue firmado en San José el 14 de enero de 2002 y aprobado por Resolución Legislativa N° 27828.

Los pasos seguidos para su perfeccionamiento interno han sido los siguientes:

Por la República del Perú: fue aprobado por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa Nº 27828, de 22 de agosto de 2002, y ratificado por Decreto Supremo N° 084-2002-RE, del 1 de octubre de 2002.

Por la República de Costa Rica: Aprobado por la Asamblea Legislativa, el 7 de abril de 2014, mediante Ley N° 9236, con dos observaciones contenidas en los artículos 2 y 3 de dicha ley:
a.- Los términos confabulación y agrupación (artículo II.2 y III.2.d, no podrán interpretarse como dispositivos amplificadores de la tentativa o  participación. En estos casos Costa Rica aplicará las reglas de su Código Penal, Ley N° 4573, del 4 de mayo de 1970, (Artículo 2)
b.- En caso de que dos o más Estados presenten solicitudes para la extradición de una misma persona se dará preferencia a la solicitud presentada siguiendo lo establecido en el ordenamiento jurídico costarricense sobre esta materia (Artículo 3)

Esta ley fue publicada el 12 de mayo de 2014 en la Gaceta, Diario oficial.

Asi que estamos ad portas de su entrada en vigencia.

Como el Tratado se suscribió en el año 2002, encontraremos un problema de aplicación interna para el caso de las solicitudes de detención preventiva:

El artículo VII.1 establece que “En casos de urgencia, el Estado requirente podrá solicitar la detención preventiva de la persona reclamada en tanto se presente la solicitud de extradición. La solicitud de detención preventiva deberá tramitarse por conducto diplomático, o directamente entre el Ministerio de Justicia de la República del Perú y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la República de Costa Rica.” En este caso, el pedido se tramitará por conducto diplomático en vista que el Ministerio de Justicia, quien hacía las veces de Autoridad Central en el año 2002, ya no podrá tramitarlas por expreso mandato del Código Procesal Penal que ha instituido como Autoridad Central a la Fiscalía de la Nación.

Otros problema de aplicación es la referente a la admisibilidad de la documentación ya que el  nuevo Tratado exige la certificación o legalización por el agente diplomático o consular correspondiente del Estado requerido acreditado en el Estado requirente. Este trámite representa un mínimo de dos semanas de trámite, situación que puede obviarse si se aplican las disposiciones de la apostilla, del cual ambos países son parte, teniendo presente que el artículo VI.b, del Tratado, permiten que “se encuentren certificados o legalizados de cualquier otra forma aceptada por la legislación del Estado requerido”.

lunes, 16 de junio de 2014

Extradición y condena en ausencia



Extradición y condena en ausencia
Alberto Huapaya Olivares[i]

El Tribunal Constitucional emitió recientemente una resolución por la cual rechazó dejar sin efecto la resolución consultiva de la Corte Suprema de Justicia que aprobaba la extradición de un ciudadano peruano a Italia.[ii]

La defensa del ciudadano peruano aducía que éste había sido condenado en ausencia además de un tema de prescripción. El Tribunal Constitucional denegó la petición argumentando que “dado que la nueva resolución consultiva exige un nuevo juzgamiento  para que pueda proceder la extradición, la presunta violación al derecho de no ser condenado en ausencia ha cesado” , razón por la cual no es necesario que el Tribunal emita un pronunciamiento de fondo.

Esta resolución merece algunas reflexiones:

¿Es correcta la decisión de la Corte Suprema de Justicia de considerar procedente la extradición pero condicionada a la posterior presentación de las garantías de nuevo juzgamiento?
En principio, la función que le corresponde al órgano jurisdiccional en un proceso de extradición es la de analizar la legalidad del pedido. Esta función trae como correlato necesario que, cuando considere no ajustada a derecho una extradición y opine por su denegatoria, esta opinión se vuelva vinculante para el Poder Ejecutivo.

El análisis de la posible condena en ausencia es una cuestión de fondo. El Código Procesal Penal en su artículo 516.1, referido a la extradición pasiva señala en forma expresa  que la persona puede ser extraditada a fin de ser investigada o juzgada o para que cumpla la sanción impuesta como reo presente. Este parámetro en el caso de la extradición pasiva para cumplimiento de sentencia tiene su base en la propia Constitución Política del Perú que consagra el principio de no ser condenado en ausencia (Artículo 139.12).

Por consiguiente estamos ante una norma de orden público y por lo tanto aplicable en una extradición pasiva aunque no figure así en ningún Tratado de Extradición.

El Tratado de Extradición con la República Italiana contempla entre las causales para no conceder la extradición, la existencia de fundado motivo que la persona reclamada ha sido o será sometida a un procedimiento que no garantice el respeto de los derechos mínimos de defensa. Sin embargo hace una importante distinción: “La circunstancia que el procedimiento se ha desarrollado en contumacia o en ausencia de la persona requerida, no constituye de por sí motivo de rechazo de la extradición.” (Artículo 4.2.a)


Por consiguiente tenemos dos normas, de diferente rango, una de orden constitucional que prohíbe la condena en ausencia y otra de orden internacional que establece que la contumacia o la ausencia en el proceso no constituye de por si motivo de rechazo de extradición. Estos son dos parámetros que deben respetarse y analizarse a la luz de la documentación que aporte el Estado requirente.
En materia de juicio en ausencia o en contumacia los sistemas jurídicos no son uniformes. Por un lado encontraremos aquellos para los cuales se considera que la presencia del acusado es un elemento esencial para la existencia de un proceso con todas las garantías, mientras por el otro encontraremos “aquellos ordenamientos que entienden que el proceso penal se puede desarrollar adecuadamente sin la presencia del acusado, siempre y cuando se hayan puesto todos los medios para informarle de su celebración y se le haya garantizado su defensa (…) de tal modo que se puede considerar que su incomparecencia responde únicamente a su libre y voluntaria decisión –expresa o presunta- de no estar presente en el juicio”[iii]

En el caso italiano, se permite con carácter general el enjuiciamiento en ausencia o en contumacia, no solo en los supuestos en que el acusado “debidamente citado deja voluntariamente de comparecer ante el juez o tribunal, sino también cuando el acusado se halla en paradero desconocido o ha escapado a la acción de la justicia; y, también en estos casos, se permite la continuación del juicio en su ausencia hasta llegar a la sentencia definitiva”[iv]. Para el  caso italiano, esta posibilidad de sentencia en ausencia se complementa con la existencia de recursos o medios de impugnación de la sentencia que “permiten la celebración de un nuevo juicio rescisorio, en el cual es posible también practicar determinados medios de prueba”[v]

La Resolución Consultiva al analizar lo dispuesto en el artículo 4.2 del Tratado bilateral de extradición, refirió que “debe ser interpretado conforme a los principios de los derechos humanos que regula el derecho de defensa, entendiéndose que ello (viabilidad de la extradición ante procedimiento desarrollado en contumacia o ausencia) hace referencia únicamente a los estadios de investigación preliminar o judicial, no así al de juzgamiento con posterior condena” señalando luego “Por lo demás, se tiene presente sus alcances en conjunto a efectos de adoptar una decisión intermedia que no implique directamente un rechazo del pedido de extradición sobre la razón de una condena en ausencia “, para concluir indicando "de modo que para ejecutar la aquí declarada procedencia de la extradición, el Estado requirente deberá de comprometerse formalmente a juzgar nuevamente al inculpado".

Esto significa que el Gobierno italiano deberá dar las garantías de un nuevo juzgamiento. Pero, aun cuando no se tenga noticias de las garantías que ofrezcan las autoridades italianas, se entiende que de acuerdo a su normatividad la República Italiana sostendrá que no habrá nuevo juicio ya que en su normativa no es obligatoria la presencia del imputado en la etapa de juzgamiento. No obstante, referirá que el requerido tiene expedito el derecho a impugnar la sentencia condenatoria una vez se encuentre presente en territorio italiano ya que se le restituye el plazo de impugnación, por lo que el juez italiano determinará si se dan los supuestos que den lugar a dicha solicitud.

Sin embargo, tratándose de condena en ausencia, que puede implicar una denegatoria de extradición, esa garantía debía ser evaluada por el Poder Judicial. Esa evaluación deberá realizarse sobre la base de lo pactado en el Tratado bilateral de extradición en concordancia con las exigencias de nuestra norma interna. Ese razonamiento es estrictamente judicial, porque de ello dependerá que se determine la procedencia o improcedencia de la extradición. En el presente caso, partiendo que el análisis de legalidad es indelegable, el Poder Judicial no debió delegar al Poder Ejecutivo el análisis de las Garantías que presente el Gobierno italiano, porque siendo condición para la procedencia o improcedencia legal de la extradición, es parte del análisis de legalidad.

Por consiguiente el Tribunal Constitucional debió dar al  Poder  Judicial la posibilidad de integrar su análisis de legalidad y pronunciarse por la procedencia o no de la extradición a la luz de las garantías que presente el Estado italiano y la explicación que acompañe a esas garantías.

Por último ¿La presunta violación al derecho a no ser condenado en ausencia cesa cuando el órgano jurisdiccional exige que otro Poder del Estado verifique estas garantías?

Tratándose de las condiciones legales que permitan declarar procedente o improcedente una extradición, y por lo tanto parte de la función de verificar la legalidad del pedido de extradición, atribución que es indelegable, estimamos que no.



[i]Artículo publicado en: Gaceta Constitucional. Tomo 77. Editorial Gaceta Jurídica. Mayo 2014.Artículo publicado en: Gaceta Constitucional. Tomo 77. Editorial Gaceta Jurídica. Mayo 2014.
[ii] Exp.Nº 04162-2012-PHC/TC. Huaura.
[iii] Luis Rodríguez Sol. Sentencia dictada en rebeldía. En: La orden de detención y entrega europea. Ediciones de la Universidad de Castilla, La Mancha. Año 2006.  Página 285
[iv] Luis Rodríguez Sol. Obra citada, página 285
[v] Luis Rodríguez Sol. Obra citada, página 285.



sábado, 12 de abril de 2014

Alan Azizollahoff y Édgar Paz Ravines: el difícil camino de su extradición

Foto:Peru21.
Si bien se ha dictado una sentencia condenatoria y se ha dispuesto su búsqueda y captura internacionales, el camino a la extradición de Alan Azizollahoff y Édgar Paz Ravines no será fácil.

Conforme a las noticias periodísticas: “Azizollahoff se encuentra en Miami y Paz en México”, dos países con los cuales tenemos Tratados de Extradición, con un estándar exigente por diferentes razones ya sea por una fuerte exigencia de causa probable o por el formalismo de sus actuaciones judiciales.

En primer lugar, se requiere la certeza de su ubicación en un lugar determinado del territorio de ambas naciones. No es suficiente que se señale que han declarado en su Registro Civil una determina dirección domiciliaria, es necesario que se verifique que efectivamente se encuentran en esa dirección. Esa es tarea de Interpol, no es tarea de la prensa por más respetable que sea la investigación periodística. Al menos en México, por antecedentes, las autoridades mexicanas querrán saber en qué parte de su territorio se encuentra la persona que se desea extraditar.

La legislación estadounidense es más permisible en este sentido. A juzgar por los antecedentes del caso Edward Snowden, donde solicitaron la detención preventiva a varios países donde se suponía que podrá arribar dicha persona, si es posible solicitar una detención preventiva bajo el estándar de verosímil ubicación en determinado territorio.

En segundo  lugar, ambas jurisdicciones se caracterizan por un exigente análisis de la causa probable, esto es la coherencia de las pruebas con las que sustenta la extradición. Lo medular para el éxito o el fracaso de la extradición va a radicar en la forma como se sustente la extradición. No olvidemos que el Perú tiene pedidos de extradición pendientes que están durando muchos años por las deficiencias de fundamentación. 

En tercer lugar, la manera como se forme el cuaderno de extradición y como se sustente la causa probable van a ser fundamentales. Esto se consigue con una participación activa de la parte civil y la fiscalía en la formación del cuaderno de extradición. Esto no es usual, generalmente los proceso destinados a que la Corte Suprema declare fundado el pedido de extradición se caracterizan por una desidia lamentable. Basta revisar las Actas de las audiencias de extradición en la Corte Suprema para observar que casi en el 95% de los casos están ausentes tanto la defensa de la Parte Civil como la propia Fiscalía. 

En cuarto lugar, el ansia de fundamentar la extradición sin un adecuado estudio de las pruebas que realmente sirven para el pedido, puede jugar en contra y retrasar la decisión. Me explico: gran parte de la demora en dar respuesta a un pedido de extradición radica en la exageración de la cantidad de pruebas sin un estudio de la verdadera pertinencia de cada una. La prueba aportada debe ser  pertinente para probar la relación lógica entre el delito y la persona que se reclama. Este es uno de los casos en la que más, puede resultar menos.
En quinto lugar, algunos temas legales como la circunstancia de la condena en ausencia, por más que exista una resolución administrativa que ampara esta práctica, si se ha garantizado el derecho de defensa a lo largo del proceso, si no es  suficientemente explicada, puede hacer peligrar la extradición.

No creo que exista mayor problema en que la Corte Suprema declare procedente el pedido de extradición, pero eso es recién el inicio. La parte difícil radica en las jurisdicciones estadounidenses y mexicanas, donde será medular la fortaleza de un expediente de extradición.

Se dice que con la sentencia recién se abre la posibilidad de la extradición, eso no es cierto, ya que la extradición pudo solicitarse en pleno proceso, independiente del resultado del mismo.

En suma, si bien ya existe una sentencia condenatoria esto no significa necesariamente que se deba presentar sin mayor fundamentación una solicitud de extradición. Hay otros aspectos que podrían debilitar la extradición y que la parte civil debe estudiar y cuidar. 

Por último, se abre un camino que no será fácil, pero que es necesario transitar –porque es el camino que franquea la ley- y para ello se necesita un expediente sólido. Esa solidez solo la conseguirán con un análisis técnico. Lo demás, será solo un buen deseo de justicia pero que puede quedar solo en eso. 


martes, 1 de abril de 2014

Aparición del Blog de la Embajada Suiza en el Perú

Comparto este correo remitido por la Agregada Cultural y de Prensa de la Embajada de Suiza. Es una grata noticia difundir los 50 años de la Cooperación Suiza.
Con tal motivo comentaremos en estos días las relaciones entre el Perú y Suiza en materia de cooperación judicial penal.

A continuación el correo:




Estimad@s Amig@s,

Es un gran placer poder anunciarles que en este año de aniversario de los 50 años de la Cooperación Suiza estamos lanzando el Blog de la Embajada Suiza en el Perú :


Ahí encontrarán la más variada información sobre los proyectos de la Cooperación Suiza en el Perú, sobre eventos culturales del Fondo Cultural Suizo, sobre distintas actividades que organizamos desde la Embajada en el Perú. Expertos e invitados de Suiza les harán llegar a través de su voz información sobre Suiza y temas relacionados a Suiza. También podrán conocer al equipo de la Embajada de Suiza.

Deseamos tener más interacción con Uds. por eso les invitamos a compartir con nosotros sus comentarios e ideas a través de este blog. Acerquémonos más y hagamos que el Perú y Suiza sigan construyendo y disfrutando cada día más una amistad que nos une ya desde hace más de dos siglos!

Bienvenidos al mundo bloggero de la Embajada de Suiza en el Perú.

Saludos,

Esther-Marie Merz
Agregada Cultural y de Prensa
Embajada de Suiza