La reciente negativa de INTERPOL de publicar una notificación roja en el caso de Alejandro Sánchez Sánchez, por tener presuntamente implicancias políticas ha merecido diversos comentarios, lo que motiva las siguientes líneas a fin de explicar técnicamente esta situación:
1.
Es necesario analizar esta negativa en un
contexto general, en donde revisado otros casos vinculados se puede apreciar que INTERPOL ha publicado
otras notificaciones rojas, por lo que debemos concluir en que no hay una intencionalidad
de perjudicar los juicios por delitos de corrupción.
2.
Siendo un hecho aislado, la respuesta parece ser
un tema de forma relacionado a como se describen los hechos delictuosos, es decir,
no es lo que se pide sino la forma como se pide o como se explican los hechos.
La circunstancia de referirse a él como el dueño de la casa de Sarratea tampoco
favorece.
3.
De acuerdo a ello, la Autoridad Central peruana (Fiscalía
de la Nación – Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones) de
buena imagen en estos menesteres, puede solicitar con el informe que le brinde el
fiscal a cargo, una revaluación de la decisión, explicando que se trata de un
proceso regular y garantizando, en forma expresa, un proceso justo.
4.
Debemos tener en cuenta que INTERPOL es una
institución seria y que su participación es de suma importancia para luchar
contra el delito, razón por la cual su propio Estatuto le impide participar cuando
advierte que un posible caso tiene sesgos políticos, incluso el Estado peruano
cuando advierte que un pedido de extradición tiene intencionalidad política está
obligado a denegar el pedido (art. 7 de la Constitución Política del Perú). Por
esta razón un emplazamiento judicial en sede extranjera a INTERPOL, o un
reclamo diplomático, es un gasto inútil de tiempo y recursos.
5.
En este sentido, más que acusar que INTERPOL no apoya
la lucha contra la corrupción, simplemente se debería pensar en solicitar la
revaluación de la decisión.
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