El caso Utopía y extradición ¿Qué falló?

El caso Utopía y extradición ¿Qué falló?

Alberto Huapaya Olivares

Corría el mes de julio de 2002 cuando la sensibilidad ciudadana fue impactada por una tragedia ocurrida en la discoteca “Utopía”, que dejó 29 jóvenes muertos. Una fiesta que incluía espectáculos con fuego (malabares con antorchas) y la exhibición de animales silvestres, se convirtió en tragedia cuando una chispa encendió la espuma acústica sintética de las paredes y el techo de la cabina del DJ, lo que desató un fuego rápido y tóxico. No les fue posible huir debido a gruesas fallas: El local operaba sin extintores funcionales, con salidas bloqueadas o insuficientes y una evidente negligencia de los organizadores y dueños.

Como lo describe el diario “El Comercio” en su cronología de los hechos: “La tragedia ocurrió la noche del 20 de julio de 2002 en la discoteca ubicada en el Jockey Plaza. Sin embargo, determinar las responsabilidades penales y conseguir que las sentencias se cumplieran abrió un recorrido judicial que se prolongaría durante más de dos décadas. Percy North, administrador del local, y Roberto Ferreyros, barman de la discoteca, estuvieron entre los primeros condenados, mientras que los accionistas Alan Azizollahoff y Édgar Paz Ravines abandonaron el país en 2004.” [1]

En abril de 2004, la 39° Fiscalía Provincial Penal denuncia por homicidio a los dueños de la discoteca, Alan Azizollahoff y Édgar Paz Ravines.

En el 2006, Azizollahoff y Paz Rabines presentaron un hábeas corpus para ser excluidos del proceso penal que se les seguía en el 21 Juzgado Penal para Reos Libres de Lima.

En febrero de 2007, se anula el proceso penal contra los empresarios Alan Azizolahoff y Edgar Paz Ravines.

En agosto de 2008, los familiares de las víctimas presentan una acción de amparo para retomar el proceso penal contra Azizollahoff y Paz.

En julio de 2013, se reabre el Caso Utopía y recién se pudo incluir en la investigación a los directores de la discoteca Alan Michael Azizollahoff Gate y Édgar Paz Ravines, los que fueron sentenciados el 8 de abril de 2014, a cuatro años de cárcel efectiva por homicidio culposo por omisión impropia por el Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Lima, sentencia que fue confirmada el 11 de mayo de 2015, por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima.

En el año 2016 se solicita la extradición de Azizollahoff a los Estados Unidos de América, la que no tuvo resultados al no ser ubicado en territorio estadounidense.

Posteriormente se recibe la información de su ubicación en la República de Sudáfrica, lugar donde radica y del cual es nacional.

El 13 de enero de 2020, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República emite la Resolución Consultiva declara procedente la solicitud de extradición activa. Un mes después la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas emite el Informe Nº 039-2020/COE-TPC, del 14 de febrero de 2020. Doce días después por Resolución Suprema N° 034-2020-JUS, se solicita la extradición, disponiéndose su presentación por vía diplomática a la República de Sudáfrica.

Conforme al trámite usual, el expediente de extradición del ciudadano sudafricano Azizollahoff Gate se habría presentado en fechas cercanas a la República de Sudáfrica invocando el principio de reciprocidad al no existir tratado de extradición vigente. Han pasado seis años y unos meses más y no hay respuesta.

Paralelamente, han pasado 11 años desde que la sentencia condenatoria quedó firme, razón por la cual, ante el proceso de  habeas corpus interpuesto por la defensa al habérsele denegado la prescripción de la pena, el Tribunal Constitucional ha resuelto la nulidad de dicha resoluciones al haberse producido la prescripción y ordenó “se restituya la libertad de tránsito del favorecido y se dejen sin efecto todas las órdenes de captura que se hayan emitido en su contra, tanto a nivel nacional como internacional” con lo cual la extradición ha pedido su razón de ser.

El estado de la relación extradicional entre la República del Perú y la República de Sudáfrica.

No hay tratado de extradición con la República de Sudáfrica. ¿De haberlo celebrado podría haber sido aplicado al caso Utopía? Si. Un Tratado de extradición puede aplicarse a los pedidos de extradición aunque se hayan presentado antes de su entrada en vigencia.

¿Sudáfrica supedita la extradición a un Tratado?

No. Sudáfrica ha informado que “Sudáfrica no condiciona la extradición a la existencia de un tratado. Si no existe un tratado, el Presidente de la República debe dar su consentimiento por escrito para que se inicie el procedimiento de extradición”[2]

Igualmente es de destacar que la pena mínima extraditables es seis meses o más y el Principio de doble incriminación se determina sobre la base de la conducta fáctica subyacente al delito por el que se solicita la extradición. De igual manera, no se opone a la extradición de sus nacionales.

¿Es importante celebrar tratados de extradición bilaterales o es suficiente invocar el Principio de Reciprocidad?

Si, es importante celebrar un tratado de extradición ya que su tratamiento pasa a ser una obligación convencional y por lo tanto exigible dentro de los parámetros del mismo tratado. En el caso de la aplicación del Principio de Reciprocidad, es una decisión discrecional y librado a la buena voluntad de cooperación.

En el continente americano, Sudáfrica tiene suscritos Tratados de extradición con Argentina (2007), Estados Unidos de América (1999) y Canadá (1999).

¿El delito de homicidio culposo por omisión impropia sería delito extraditable en Sudáfrica?

Estimo que si. El derecho penal sudafricano que se basa en el common law, y si bien no tiene una tipificación expresa como nuestra norma penal, si lo considera delito en base a que aplica dos conceptos fundamentales: el deber legal de actuar (legal duty to act) y la negligencia (culpa).

En este sentido, una omisión se convierte en un delito cuando el acusado tenía una posición de garante nacida de un deber legal de actuar.

A su vez, este deber legal de actuar surge en base a estas consideraciones:

-Control de una propiedad o situación peligrosa: Significa que si una persona es dueña o controla un lugar público, un edificio o un negocio, la ley le impone el deber de garantizar que las instalaciones sean seguras y no causen daños a terceros.

-Conducta previa: Si alguien crea un riesgo o introduce un peligro en un entorno (por ejemplo, organizar un evento masivo en un sótano), asume la obligación automática de controlar ese riesgo para que nadie muera.

-Relación especial o contractual: El deber nace del rol que ejerce el sujeto (como un salvavidas en una piscina, un médico en un hospital o un empleador con sus clientes y trabajadores).

Conforme a ello, la autoridad judicial sudafricana verificaría:

-La existencia del deber: Que el acusado tenía la obligación jurídica estricta de evitar el resultado (la muerte).

-La omisión: Que el acusado falló o decidió no realizar la acción debida (por ejemplo, no instalar extintores, mantener las salidas de emergencia encadenadas o sobrepasar el aforo permitido).

-Causalidad hipotética: Si el sentenciado hubiera cumplido con su deber (si las puertas hubieran estado abiertas), las muertes se habrían evitado.

Y por último la negligencia (Culpa) en el cual aplicaría el estándar de la persona razonable: Es decir, el juez se preguntaría: ¿Un dueño de negocio prudente habría previsto que mantener el local en esas condiciones causaría una tragedia? Si la respuesta es sí, hay responsabilidad penal.

¿Qué habría fallado?

a. No se acredita seguimiento del caso atendiendo a que invocaba el Principio de Reciprocidad, esto es, una respuesta discrecional y no obligatoria como si lo es en un tratado.

b. El vacío del Código Procesal Penal y las normas de extradición que no han establecido que sucede cuando transcurre el tiempo y la persona condenada sigue evitando su captura, aunque en este caso no se aprecia las actuaciones del Estado requirente por una atención de lo solicitado.

c. La falta de un tratado que hubiera convertido en exigible una respuesta.

Una lamentable noticia, para un caso sensible para la opinión pública y que pudo tener un final de justicia.

ahuapayao@gmail.com

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[1] https://elcomercio.pe/peru/ayacucho/caso-utopia-24-anos-de-condenas-fugas-y-extradiciones-hasta-la-prescripcion-de-la-pena-de-alan-azizollahoff-noticia/?ref=ecr

[2] Country Review Report of South Africa on the implementation of chapter III and chapter IV of the United Nations Convention against Corruption"

Refugio y extradición: una sugerencia

El Reglamento de la actuación de las autoridades que participan en los procedimientos de extradición y traslado de personas condenadas, aprobado por el Decreto Supremo 015-2025-JUS, establece que en caso el extraditable invoque la condición de refugiado o solicitante de refugio, el “órgano jurisdiccional debe verificar dicha situación requiriendo de manera oportuna información a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores.”

Sin embargo, el Reglamento trae como consecuencia que solamente se le informe si se concedió o no el refugio, mas no da la posibilidad que la referida comisión especial tome conocimiento de los antecedentes judiciales de la persona que invoca la protección del refugio y se le priva así de un importante elemento que pueda llevar a que no se la conceda y se evite un fraude a dicha institución. Un ejemplo de cómo se debe proceder lo encontramos en la legislación argentina cuyo Decreto 251/90 que dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto “ (…) remitirá al Comité de Elegibilidad para Refugiados copia de los pedidos de extradición en los que estuviere involucrado un refugiado.”

Sugiero que se implemente una medida similar habida cuenta que con el Asilo o el refugio otorgados sin mayores antecedentes o solo con la información de parte podríamos estar favoreciendo la impunidad y legítima persecución de un país hermano.

Consejo sobre cuidados al solicitar asistencia legal mutua con los Estados Unidos de América

Alberto Huapaya Olivares

ahuapayao@gmail.com

El Perú no tiene suscrito un tratado de asistencia legal mutua en materia penal con los Estados Unidos de América a pesar que si lo hay en materia de extradición (desde 1870) y traslado de personas condenadas (desde 1979). Un importante vacío que no se han llenado en 156 años de relaciones de cooperación judicial internacional con dicho país y que debería hacerse para facilitar las investigaciones contra la delincuencia tanto nacional como internacional.

A nivel de América -solo por citar la región, los Estados Unidos de América tienen Tratado de esta materia con Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Bélice, Brasil, Dominica, Granada, Jamaica, México, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Al igual con los países de Europa, Asia, Oceanía.

A diferencia, la República Argentina tiene celebrado un Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el Gobierno de los Estados Unidos, el mismo que fue suscrito en Buenos Aires el 4 de diciembre de 1990.

Es de sumo interés los consejos que brinda el Ministerio de Justicia argentino sobre la operatividad de su tratado, y que puede considerarse como buenas prácticas en caso tengamos que solicitar una asistencia judicial penal.

Se trascribe el texto elaborado por el Ministerio de Justicia argentino:

“Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscripto con el Gobierno de los Estados Unidos de América, aprobado por ley 24.034

La forma y el contenido del exhorto o solicitud de asistencia internacional se encuentran previstos en el artículo 4° del Tratado y deben ser acompañados con su correspondiente traducción al idioma inglés, así como de toda la documentación que se acompañe.

Sin perjuicio de los requisitos dispuestos en el referido artículo, y sobre la base de la experiencia de la Dirección Nacional en la tramitación de exhortos con los Estados Unidos, se realizan las siguientes recomendaciones:

• Las rogatorias deben ser autosuficientes, es decir, deben contener todos los elementos de la causa que se consideren relevantes con relación a la medida de prueba que se pide.
• La descripción de los hechos del caso debe ser detallada, relatada cronológicamente y lo más clara posible.
• Debe consignarse de qué forma se tomó conocimiento del hecho denunciado.
• Debe encontrarse un nexo entre los hechos que se investigan y la medida de prueba solicitada, es decir, cómo la medida de prueba resulta pertinente en la investigación, toda vez que el artículo 4.2 del MLAT exige una explicación del vínculo entre la investigación extranjera y las pruebas que se solicitan a los Estados Unidos.
• Debe demostrarse cómo la producción de las pruebas específicas solicitadas permitirán avanzar en la investigación.
• Una descripción clara del rol de las personas físicas/jurídicas mencionadas en el exhorto y cuyas pruebas y/o información se requiere.
• Para el caso de que se requiera una declaración testimonial/indagatoria, que se consignen los datos personales, el domicilio de la persona a interrogar, el interrogatorio y las formalidades que se estime que deben cumplirse para el interrogatorio.
• Que estén mencionadas las normas penales aplicables y su texto.
• Que no se consigne en el exhorto que la medida de prueba que se solicita se hace “a pedido de la defensa”. Las autoridades del Departamento de Justicia interpretan que, conforme el artículo 1° del Tratado, la asistencia jurídica que prevé solo puede prestarse a pedido de ambos gobiernos y no puede ser usado por los imputados para la obtención, supresión o exclusión de pruebas. Esta interpretación ha sido controvertida por la Dirección Nacional que entiende que la medida solicitada en el exhorto “a pedido de la defensa” se encuentra comprendida en los casos contemplados en el artículo 1° del Tratado, toda vez que proviene de una autoridad judicial del Estado argentino.

Se ha explicado a los funcionarios del Departamento de Justicia que por aplicación del principio de la “comunidad de la prueba”, la ofrecida por cualquiera de las partes deja de pertenecerle, quedando adquirida para el proceso en el cual fue admitida su producción. Pese a lo expuesto, las autoridades del Departamento de Justicia mantienen su criterio de no diligenciar exhortos o solicitudes de asistencia en donde se la medida sea requerida por la defensa.

A continuación se enumeran las exigencias específicas del Departamento de Justicia estadounidense, de acuerdo a la medida de prueba requerida:

• Información bancaria
  a. Los titulares de las cuentas (si fuera posible, sus datos personales).
  b. La sucursal y banco al cual pertenece la cuenta (si fuera posible, consignar los números de cuenta).

Cabe aclarar que en los Estados Unidos no existe un registro nacional que centralice la información bancaria, con lo cual, en caso de no conocerse los datos especificados en los ítems a) y b), se deberá recomendar al juzgado que realice las averiguaciones pertinentes para identificar la citada información y luego incluirla en el exhorto.

• Información sobre inmuebles, muebles registrables y/o integrantes de empresas/sociedades
  a. Identificar el municipio y condado donde se encuentra localizado el inmueble/mueble (por ejemplo: municipio de Miami-Dade).
  b. Identificar titulares, si ello fuera posible.
  c. Identificar las empresas y/o sociedades y dónde se encuentran localizadas.

Tal como se señaló respecto a la información bancaria, tampoco existe en los Estados Unidos un registro nacional que reúna esta clase de información. En consecuencia, cada inmueble y/o empresas o sociedades se registran en forma individual, en cada municipio y/o condado.

• Embargo, congelamiento, preservación, inmovilización, bloqueo de bienes muebles registrables, inmuebles o cuentas bancarias
  Se deberá acompañar:

a. Resolución fundada que disponga la medida, con transcripción de las normas que la autorizan. La resolución deberá explicar con detalle los motivos por los cuales resulta necesario para la investigación inmovilizar o preservar los activos/bienes, etc. No resulta suficiente la simple transcripción del auto que ordena la medida. La resolución debe ser un documento independiente del exhorto.
b. Explicación o descripción de pruebas que demuestren que los activos que se pretenden inmovilizar, bloquear o congelar son los “frutos", “productos'' o “instrumentos” del o los delito/s bajo investigación.

• Registros electrónicos (Facebook, Instagram, Twitter, Google, Godaddy, etc.)

En forma preliminar, se hace saber que los funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense han explicado que la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense protege contra órdenes infundadas para el registro, búsqueda, embargo e incautación. Dicha protección, junto con la de otras leyes, se extiende a cualquier cuenta de Internet. En ese marco, el Departamento de Justicia ha explicado que, en los Estados Unidos, las autoridades encargadas de aplicar la ley deben verificar el cumplimiento de un estándar de prueba determinado –causa probable– para obtener el acceso a información transaccional almacenada. Es decir, los funcionarios estadounidenses deben entender claramente los hechos bajo investigación y por qué y cómo la información contenida en la cuenta o perfil es relevante para la investigación y podría estar vinculada con la cuenta o el perfil requerido.

a. Explicación de cómo el juzgado/fiscalía tomó conocimiento de los hechos bajo investigación (por ejemplo: fecha de la denuncia, quien la realizó, ante qué organismo, etc.).
b. Enumeración de forma cronológica de dichos hechos.
c. En el caso de tratarse de mensajes o publicaciones, consignar día y hora de los mensajes recibidos/enviados y una transcripción de su texto en el cuerpo del exhorto, sin perjuicio que también podrán acompañarse capturas de pantallas que estén relacionadas con la información que se solicita.
d. En el caso de que se pida información de un dominio o página web, incluir una descripción de la misma que incluya los elementos probatorios que respalden la creencia de que se utilizó para promover la actividad criminal bajo investigación.
e. Indicar si hay víctimas de la actividad delictiva y cualquier daño que se sepa que han sufrido.
f. En el caso de que se solicite información a una empresa que registró un sitio web (por ejemplo, GoDaddy), informar cómo se tomó conocimiento de que la empresa en cuestión es la proveedora de ese servicio (por ejemplo, mediante consulta “whois”).
g. Explicar por qué y cómo la información contenida en la cuenta/perfil cuya información se pide estaría vinculada con el delito y cómo se tomó conocimiento de ello, es decir, especificar la fuente (por ejemplo, mediante una declaración testimonial). De esta forma se alcanzará la “causa probable” exigida por el Departamento de Justicia en caso de obtención de datos de contenido.
h. Consignar el rango temporal de búsqueda de los datos y/o mensajes, el cual debe estar vinculado con los hechos bajo investigación.
i. En el caso de que la información que se busca sean datos básicos de suscripción y/o de tráfico, no de contenido, se sugiere intentar pedirlo directamente a la empresa proveedora de servicios de internet (“cooperación directa o asimétrica”). Si bien estas no están obligadas a dar esa información, en algunos casos la otorgan sin necesidad de librar un exhorto, que en la práctica demora más tiempo. En caso de negativa de la empresa, deberá librarse un exhorto conforme las sugerencias ya mencionadas.
j. En los casos en los que se investiguen distintos fraudes a través de simulaciones de sitios web, describir el sitio web auténtico y qué tipo de servicios ofrece. Asimismo, informar si los titulares del auténtico sitio web han informado expresamente que no tienen ninguna asociación con el sitio web simulado y si denunciaron el sitio web que simula al original. Si realizaron tal denuncia, informar la fecha. Además, indicar cómo se promocionó el sitio web simulado que es objeto de la investigación.
* Preservación o conservación de los datos
Requerir la pronta solicitud de la preservación o conservación de los datos a la empresa proveedora de servicios de internet involucrada, a los fines de evitar que la información requerida pueda ser eliminada por el usuario o por la propia empresa luego de transcurrido cierto tiempo. Si bien este pedido lo puede realizar el Departamento de Justicia estadounidense al recibir el exhorto, lo recomendable es que lo pida el juzgado/fiscalía tan pronto tome conocimiento de los hechos investigados. Una vez realizado el pedido, informar en el exhorto:

a) la fecha de la solicitud de preservación de datos, el plazo y el número de caso otorgado por la empresa; y
b) si se prefiere que sea el organismo estadounidense el que se encargue de pedir las correspondientes prórrogas.
* Delito de pornografía infantil
* En los casos que se traten de imágenes que involucran pornografía infantil, no deberán ser acompañadas al exhorto, ya que en los Estados Unidos se considera delito la transmisión de esta clase de imágenes, aun cuando provengan de autoridades extranjeras a cargo de una investigación. Deberá realizarse una descripción de las fotografías.
* Incluir un relato cronológico de los hechos, con mención de la edad del/la menor involucrado/a.
* El reporte del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (por sus siglas en inglés, National Center for Missing and Exploited Children) no resulta suficiente para que se acceda al diligenciamiento de un exhorto. En consecuencia, deberán describirse los hechos o la información obtenida por la autoridad judicial argentina a partir del reporte.
* Delito de difusión de imágenes sin consentimiento (“revenge porn”)
El Departamento de Justicia estadounidense considera que la difusión de fotos de una persona adulta desnuda tomadas voluntariamente sin otra conducta adicional (por ejemplo, amenazas o extorsión, un acecho y/o acoso continuo que le cause a una persona razonable temer por su seguridad, hackeo de un dispositivo electrónico, etc.) es una conducta que generalmente es protegida bajo la Primera Enmienda. Sin perjuicio de ello, se entiende el daño sufrido por las víctimas en esta clase de delitos, y por ello en algunos Estados la jurisprudencia estadounidense ya se ha expedido sobre esta conducta.”

A tomar en cuenta.

  

Asilo y Extradición. La cuestión política

El caso del asilo otorgado por el gobierno Mexicano a la ciudadana Chávez Chino y el otorgamiento del salvoconducto con reserva de presentar un pedido de extradición, representa un interesante problema sobre la relación entre Asilo y Extradición, cuyo punto neurálgico es la cuestión política.

La Convención sobre Asilo Diplomático señala que se otorga a personas perseguidas por motivos o delitos políticos y será respetado por el Estado territorial (artículo1), disponiendo que es el Estado asilante quien califica la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución (artículo IV)

Esta facultad no es ilimitada, sino que tiene una clausula de ilicitud y es la que se refiere al delito común (personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas), salvo que los hechos revistan de carácter político (Artículo III)

El otorgamiento del asilo no puede significar impunidad para la conducta que pueda desarrollar el asilado, razón por la que no le está permitido practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado territorial (Artículo XVIII), menos aún impedir que se pueda exigir al asilado asumir las responsabilidades penales, por lo que permite solicitar la extradición en su debido momento (Artículo XVII)

En este sentido si es posible solicitar la extradición de la persona asilada.

En cuanto a la extradición, los diversos tratados contemplan al delito político y delitos conexos con lo político como una causal para denegar la extradición.

El Tratado de Extradición celebrado con México dispone entre las causales para denegar la extradición lo siguiente:

ARTICULO IV

NEGATIVA DE LA EXTRADICION

“1. La extradición no se concederá si:

(…) la Parte Requerida considera que el hecho constituye un delito político o delito exclusivamente militar. Los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero y delitos que las Partes tengan la obligación de perseguir en virtud de un convenio multilateral, no podrán ser calificados como delitos políticos;(…)”

A primera vista, en el caso de dicha ciudadana el delito cometido es la conspiración para la rebelión, razón por la cual fue sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión.

LA CUESTIÓN POLITICA

Para la doctrina tradicional existen delitos políticos puros que son aquellos en los que se atenta contra la organización política, la estructura institucional o la soberanía del Estado, por ejemplo, la rebelión.

Bajo esta concepción abstracta, romper el orden constitucional se enmarca en lo que se podría considerar un delito político puro y por lo tanto causal de denegación de extradición.

Sin embargo, la doctrina contemporánea, ha hecho una precisión muy importante a esta concepción: el quiebre del orden constitucional mediante autogolpe de Estado es un delito contra la constitución y el sistema democrático, por lo que no es un acto legítimo de resistencia a la opresión, sino una usurpación de la soberanía popular.

En este sentido, la alteración del orden democrático no califica como un acto legítimo de gobierno ni como un ejercicio tutelado de la protesta política, por lo que el autogolpe no puede considerarse delito político.

En el caso comentado el órgano jurisdiccional supremo ha señalado “la expresión concreta una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos.” (APELACIÓN N.° 248-2022/SUPREMA), por lo que siendo el sujeto activo un funcionario ejerciendo ilegalmente su poder, no calificaría como delito político y por lo tanto, no amparado por la causal de delito político.

En este sentido la extradición, debidamente sustentada, podría prosperar.

Adicionalmente, la ciudadana referida se encuentra en investigación preparatoria en su condición de ex congresista de la República y exministra de Trabajo y Promoción del Empleo y exministra de cultura por la presunta comisión de los delitos de Negociación Incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravados, delitos que están contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, como delitos de corrupción con la precisión que dicha Convención en su artículo 44.4 establece que no se considerará de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la misma.

De acuerdo a ello, en este último caso, de solicitarse la extradición la petición encuadraría en el Tratado como causal para no considerarse delito político: “(..) delitos que las Partes tengan la obligación de perseguir en virtud de un convenio multilateral, no podrán ser calificados como delitos políticos”.

Como se aprecia, en el fondo de trata de trazar una estrategia para ver el momento propicio en el cual se presentaría el pedido y por cierto una sustentación sólida.

El caso Tabatinga y el inicio de las relaciones extradicionales con Brasil

 El caso Tabatinga y el inicio de las relaciones extradicionales con Brasil

Alberto Huapaya Olivares

Un incidente fronterizo de Tabatinga en 1845, que consistió en la fuga de 22 soldados brasileños hacia el departamento de Amazonas tras asesinar al Comandante de la frontera en la fortaleza de Tabatinga, expuso un vacío normativo crítico entre el Perú y el Imperio del Brasil en materia de extradición.

Al no existir un marco legal compartido, la resolución de disputas limítrofes y la entrega de criminales quedaban sujetas a la pura discrecionalidad política.

Este incidente motivó que ambas naciones iniciaran un largo proceso de institucionalización jurídica de sus relaciones bilaterales que se desarrolló en dos frentes principales:

I. Evolución de los Tratados de Límites

El vacío geográfico de la inexplorada frontera amazónica comenzó a resolverse formalmente pocos años después del incidente, transitando por dos momentos históricos claves:

1. El Tratado de 1851 (Tratado Herrera-da Ponte Ribeiro)

Suscrito el 23 de octubre de 1851 por el canciller peruano Bartolomé Herrera y el ministro brasileño Duarte da Ponte Ribeiro, este acuerdo marcó el primer hito limítrofe.

• Acuerdo Fluvial y Comercial: El Perú obtuvo el ansiado derecho de libre navegación por el río Amazonas para acceder al océano Atlántico.
• Delimitación Parcial: Se trazó una línea fronteriza parcial en el sector norte, comprendida entre el río Yavarí y la línea Apaporis-Tabatinga. Sin embargo, la vasta frontera al sur de este punto quedó indefinida, sembrando futuras tensiones territoriales.

2. El Tratado de 1909 (Tratado Velarde-Río Branco)

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la Fiebre del Caucho provocó violentas incursiones de caucheros brasileños en tierras amazónicas reclamadas por el Perú.

Para evitar una guerra abierta, el 8 de septiembre de 1909 se firmó en Río de Janeiro el Tratado Definitivo de Límites, Comercio y Navegación (Velarde-Río Branco). Este acuerdo fijó de forma perpetua y definitiva la frontera sur entre ambos países (estableciendo los límites en los ríos Yurúa, Purús y Acre) y consagró de manera plena el libre tránsito comercial.

II. Evolución de los Tratados de Extradición

El año de 1845 marca el inicio del primer gobierno de Ramón Castilla (1845-1851), un periodo de estabilización política y económica tras casi dos décadas de anarquía militar y guerras civiles posteriores a la independencia. En este escenario, el Perú buscaba consolidar su soberanía nacional, delimitar sus fronteras y profesionalizar su aparato estatal y sus relaciones exteriores.

La frontera amazónica —específicamente la zona de Tabatinga— era un territorio de difícil control y tensiones limítrofes entre el Imperio del Brasil (bajo el reinado de Pedro II) y la joven República Peruana. El escape de los 22 soldados brasileños hacia el departamento peruano de Amazonas tras cometer un delito grave puso a prueba la firmeza jurídica del Estado peruano frente a una potencia regional como el Brasil.

El debate doctrinal que se suscitó en 1845, a decir del documento, concluyó en que la entrega de un criminal solo debe hacerse bajo el amparo de un tratado previo para no violar derechos individuales.

Esta concepción doctrinal tardó décadas en plasmarse en un acuerdo bilateral dedicado exclusivamente a esta materia.

1. Las Cláusulas Tempranas (1851)

En el mismo Tratado Herrera-da Ponte Ribeiro, aunque era de límites, se incluyeron cláusulas de entrega recíproca. Sin embargo, de acuerdo a la moral de la época y el interés económico del Imperio del Brasil (donde aún imperaba la esclavitud), se enfocaron principalmente en la devolución recíproca de desertores de las fuerzas armadas (artículo IV) con la condición de aplicar la pena inmediata más suave, y de esclavos fugitivos (artículo V) aunque también se consideró los incendiarios, piratas, asesinos alevosos, falsificadores de letras de cambio, escrituras o monedas, quebrados fraudulentos, tesoreros o depositarios públicos y otros reos de crímenes atroces (artículo III)

2. El Tratado de Extradición de 1919

La verdadera consolidación de la extradición como una herramienta de cooperación judicial internacional se concretizó el 13 de febrero de 1919, cuando se firmó en Río de Janeiro el primer tratado general sobre la materia entre el Enviado Extraordinario peruano Felipe de Osma y el Canciller brasileño Dionisio da Gama. Este tratado fue ratificado por el Congreso peruano mediante la Resolución Legislativa N° 4462 promulgada el 9 de enero de 1922.

Con este acuerdo, se estableció finalmente un listado de delitos comunes graves que daban lugar a la entrega de prófugos, respetando plenamente los principios procesales que el Perú ya defendía desde el dictamen de 1845.

3. El Tratado de Extradición Moderno (Vigente)

Con el paso del tiempo y la necesidad de combatir crímenes transnacionales modernos como el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción organizada, ambas naciones firmaron un nuevo acuerdo el 25 de agosto de 2003 en la ciudad de Lima.

Este instrumento internacional —ratificado en 2004 y vigente desde el 30 de junio de 2006— rige los procesos de extradición actuales bajo los máximos estándares de protección de los derechos humanos y el debido proceso.

III.- El debate doctrinal

La pugna doctrinal de la época radicaba en la naturaleza de la relación extradicional: ¿Obligación natural o convencional?

El Consejo de Estado analizó las dos grandes posturas de la época:  La escuela de la entrega obligatoria (Grocio, Vatel, Andrés Bello):que sostenían que los delitos graves contra el derecho natural (como el homicidio alevoso) lesionan a toda la humanidad, por lo que ningún Estado debe darles refugio para evitar la impunidad. A su vez, la escuela de la soberanía y el asilo (Martens, Klüber, Beccaria): que argumentaban que un Estado soberano no está obligado a entregar a un extranjero a menos que se haya comprometido solemnemente a través de un tratado bilateral. 

El Estado peruano se adhiere a la segunda postura. En 1845, se determina que, a falta de un tratado de extradición vigente con el Brasil, no existe un "derecho" para exigir la entrega de los militares.

El considerando sexto de la resolución advierte sobre la gravedad de ejecutar juicios pronunciados por tribunales extranjeros en territorio propio. Este principio protege la soberanía jurisdiccional.

Hoy en día, el principio aut dedere aut judicare (o entregas o juzgas) soluciona este vacío: si el Perú decide no extraditar a un individuo (por ejemplo, por ser nacional peruano), tiene la obligación internacional de someter el caso a sus propios tribunales para evitar que el delito quede impune, un concepto que en 1845 aún estaba en fase de formulación doctrinal.

El dictamen del Consejo de Estado y la posterior resolución firmada por José Gregorio Paz Soldán constituyen un monumento a la rigurosidad jurídica del Perú decimonónico. Frente a la presión diplomática del Imperio del Brasil por la gravedad del crimen (el asesinato de un comandante en la frontera de Tabatinga), las autoridades peruanas prefirieron anteponer el imperio de la ley, las garantías individuales del debido proceso y el principio de soberanía nacional por encima de la conveniencia geopolítica inmediata.

Este caso sentó las bases para que, años más tarde, el Perú y el Brasil suscribieran convenios formales de fronteras y extradición, demostrando que el orden internacional solo es sostenible cuando se fundamenta en tratados escritos y leyes preestablecidas, y no en la mera discrecionalidad del gobernante de turno.

El delito político y la exclusión histórica

La protección de los perseguidos por razones políticas es una de las excepciones más antiguas al deber de extraditar. Se basa en la noción de que un Estado soberano tiene el derecho de no involucrarse en las contiendas políticas internas de otra nación. Según la Convención Interamericana sobre Extradición, la entrega no es procedente «cuando con arreglo a la calificación del Estado requerido se trate de delitos políticos, o de delitos conexos».

No obstante, la soberanía estatal se ejerce hoy para limitar este alcance. Los Estados han acordado que ciertos actos atroces no pueden ser calificados como políticos para evitar su impunidad. En la legislación peruana y en diversos tratados, se excluye expresamente de esta categoría al genocidio, el magnicidio y el terrorismo. Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que la extradición no será acordada si la infracción es política, pero matiza que «quedan excluidos de la extradición los perseguidos por cuestiones políticas. No se consideran como tales el genocidio, magnicidio ni el terrorismo» 

Ficha de Canje Internacional de Interpol, datos útiles

Ficha de Canje Internacional (Interpol)

La Constancia de Ficha de Canje Internacional es un documento que acredita si tienes o no orden de captura (notificación roja) de la policía en otros países del mundo, previo control de identidad biométrica, para uso en la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, embajadas u otras entidades públicas. Es entregada según los procedimientos de seguridad establecidos por la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC).

(fuente: https://www.gob.pe/7307-obtener-ficha-de-canje-internacional-interpol)

Requisitos

• Pasaporte original.
• Copia simple del pasaporte:
• Hoja de datos (foto y datos).
• Sello de último ingreso al Perú.
• Copia simple del PTP o Carné de Extranjería, en caso de cambio de calidad migratoria.
• Copia simple de partida de matrimonio (Reniec) y DNI de tu cónyuge, en caso de estar casado con una persona peruana.
• Copia del DNI del menor, en caso de llamado de familia por tener hijo o hija de nacionalidad peruana.
• Cheque certificado o Money Order por la suma que te corresponda en el BCP según el siguiente detalle:
• Estadounidense: US$ 18.00 a nombre de “Treasury of the United States”. Este trámite se podrá realizar en cualquier agencia a nivel nacional.
• Canadiense: C$ 26.75 a nombre de “The Receiver General of Canada”. Este trámite solo se podrá realizar en las siguientes dos (2) agencias ubicadas en: Jr. Lampa 499 (Cercado de Lima) o en la Av. Juan de Arona 889, esquina con la Av. Rivera Navarrete (San Isidro).
• Australiana: AUD 99.00 a nombre de “The Australian Federal Police”. Este trámite solo se podrá realizar en las siguientes dos (2) agencias ubicadas en: Jr. Lampa 499 (Cercado de Lima) o en la Av. Juan de Arona 889, esquina con la Av. Rivera Navarrete (San Isidro).

(fuente: https://www.gob.pe/7307-obtener-ficha-de-canje-internacional-interpol)

Pasos para realizar el trámite:

1. Pago de la tasa: Pagar S/ 31.50 usando el tributo 08141 (Ficha de Canje Internacional) en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe.
2. Programación de cita: El mismo día del pago (si pagas en el Banco de la Nación), ingresa al Sistema de Citas en Línea de Interpol para reservar tu fecha y hora.
3. Atención presencial: Acude a la sede asignada (como la sede de Lima u oficinas desconcentradas en Piura, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Trujillo) con tus documentos y el voucher original.

Programación de la cita:

La programación de las citas varía según la ubicación geográfica que elijas en el Sistema de Citas de la Interpol PNP.

Link de citas:

https://interpolperu1.policia.gob.pe/citas/

Sede Principal (Lima)

• Dirección: Av. Manuel Olguín, Cuadra 6 (Complejo de la Comisaría de Monterrico), Santiago de Surco.
• Habilitación de citas: El sistema web abre cupos para esta sede todos los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

1. Sede Arequipa

• Dirección: Calle San Francisco 214, Cercado de Arequipa.
• Teléfono: +51 (054) 605910.
• Referencia: Se ubica en pleno centro histórico de la ciudad, en el local compartido con la Oficina Descentralizada del Ministerio de Relaciones Exteriores, a solo dos cuadras de la Plaza de Armas de Arequipa.

2. Sede Cusco

• Dirección: Av. El Sol 612, Cusco.
• Teléfono: +51 (01) 2001000 (Anexo 1201).
• Referencia: Se encuentra dentro del local de la Prefectura Regional del Cusco, una de las avenidas principales y más transitadas del centro de la ciudad.

3. Sede Trujillo (La Libertad)

• Dirección: Calle Santo Toribio de Mogrovejo 370, Urbanización San Andrés, Trujillo.
• Referencia: Situada a pocas cuadras de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y muy cerca del óvalo Larco, en una zona de fácil acceso mediante transporte público.

4. Sede Chiclayo (Lambayeque)

• Dirección: Calle Los Tumbos 160, Urbanización Santa Victoria, Chiclayo.
• Teléfono: +51 (074) 206838.
• Referencia: Ubicada en la zona residencial de Santa Victoria, un área céntrica conocida por albergar diversos locales comerciales y administrativos públicos.

5. Sede Piura

• Dirección: Complejo Policial Capitán PNP PNP Roberto Morales Rojas (Divincri Piura) - Av. Andrés Avelino Cáceres s/n, Urb. El Bosque, Piura.
• Referencia: El trámite se atiende dentro del complejo de investigaciones policiales de la ciudad, situado cerca del puente Cáceres.

 Tener presente el aviso publicado en el Sistema de Citas de la Interpol PNP:

“COMUNICADO. COMUNICAMOS A LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE LAS CITAS VÍA WEB PARA OBTENER LA FICHA DE CANJE INTERNACIONAL EN LA SEDE DE LIMA SERÁN HABILITADAS TODOS LOS DÍAS SÁBADOS ENTRE LAS 08.00 Y LAS 12:00 HORAS Y PERMANECERÁ ABIERTA EN TANTO HAYA CUPOS DISPONIBLES. PARA LAS SEDES DESCONCENTRADAS DE PIURA, CHICLAYO, AREQUIPA, CUZCO Y TRUJILLO LAS CITAS SERÁN HABILITADAS LOS DIAS 30 DE CADA MES PARA EL MES POSTERIOR SIGUIENTE. EXHORTAMOS PORTAR, PASAPORTE Y/O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ORIGINAL VIGENTE EXPEDIDO EN SU PAÍS DE ORIGEN, VOUCHER ORIGINAL DE PAGO DE TASA AL BANCO DE LA NACIÓN Y DEMÁS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE MOTIVAN EL TRÁMITE SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA.“