Traslado de Condenados entre el Perú y Chile

El Tratado sobre Traslado de Personas condenadas entre la República del Perú y la República de Chile, se suscribió en Lima, el 25 de noviembre de 2010. Este importante instrumento se encuentra aun en etapa de perfeccionamiento interno y cuando entre en vigencia permitirá el traslado de los internos peruanos y chilenos hacia su país de origen. Se transcribe el texto de este importante Tratado

TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA DE CHILE

La República del Perú y la República de Chile

Deseando, mediante la adopción de métodos adecuados, facilitar la rehabilitación social de las personas condenadas;

Considerando que deben lograrse estos objetivos dándoles a los extranjeros privados de su libertad, como consecuencia de una sentencia penal, la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen;

Han convenido celebrar el siguiente Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas.

ARTÍCULO I

DEFINICIONES

A efectos del presente Tratado:

1) "SENTENCIA", significa la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de libertad.

2) "NACIONAL", con relación a la República del Perú, se referirá a cualquier persona a quien la Constitución Política le atribuya la nacionalidad peruana. Con relación a la República de Chile designará a la persona que conforme a la Constitución Política y las leyes de su país, le atribuya tal condición.

3) "PERSONA CONDENADA", designará a una persona que esté cumpliendo una condena, no sujeta a posterior impugnación.

4) "ESTADO RECEPTOR", designará al Estado al cual la persona condenada puede ser trasladada o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su condena.

5) "ESTADO TRASLADANTE", designará al Estado que haya impuesto una condena y del cual la persona condenada pueda ser trasladada o lo haya sido ya.

6) "CONDENA", designará cualquier pena o medida privativa de libertad por cumplirse en un establecimiento penal, hospital u otra institución en el Estado Trasladante, que se haya dictado por un órgano judicial, con una duración limitada o indeterminada, por razón de una infracción penal.

ARTICULO II

PRINCIPIOS GENERALES

1. Las partes se obligan, en las condiciones previstas por el presente Tratado, a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de traslado de personas condenadas.

2. Una persona condenada en uno de los Estados Parte podrá, con arreglo a lo dispuesto en el presente Tratado, ser trasladada al otro Estado Parte para cumplir la condena que se le haya impuesto. A tal fin, podrá expresar, bien al Estado Trasladante bien al Estado Receptor, su deseo de que se la traslade en virtud del presente Tratado.

3. El Traslado podrá ser solicitado por el Estado Trasladante o por el Estado Receptor.

ARTÍCULO III

CONDICIONES PARA EL TRASLADO

El presente Tratado se aplicará bajo las siguientes condiciones:

1. Que la persona condenada sea nacional del Estado Receptor.

2. Que la persona no haya sido condenada a la pena de muerte, a menos que tal condena haya sido conmutada.

3. Que la parte de la condena de la persona condenada que quede por cumplirse en el momento de formularse la solicitud sea por lo menos seis meses al día de la recepción, o indeterminada.

4. Que la sentencia sea firme o definitiva y que no queden pendientes procedimientos extraordinarios de revisión o que no haya procesos penales pendientes distintos al pedido materia de la solicitud, en el momento de invocar las disposiciones del Tratado.

5. Que la persona condenada consienta el traslado o lo haga a través de persona autorizada cuando por razón de su edad o de su estado físico o mental uno de los Estados Parte así lo requiera.

6. Que el delito por el que se haya impuesto la pena constituya también delito en el Estado Receptor.

7. Que el Estado Trasladante y el Estado Receptor manifiesten expresamente su acuerdo con el traslado.

8. Que la persona condenada haya cumplido o garantizado el pago a satisfacción del Estado Trasladante, de las multas, reparación civil y condenas pecuniarias de toda índole que corren a su cargo de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia condenatoria; o haya sido exonerada de dicho pago de acuerdo a la legislación del Estado Trasladante.

ARTICULO IV

AUTORIDAD CENTRAL

Las Partes designan como autoridades centrales encargadas de ejercer las funciones previstas en el presente Tratado, por parte de la República del Perú, al Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, y por parte de la República de Chile, al Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las actuaciones que corresponda realizar por la vía diplomática o consular.

ARTICULO V

OBLIGACIÓN DE FACILITAR INFORMACIONES

1. Los Estados Parte se comprometen a poner el presente Tratado en conocimiento de cualquier persona condenada a quien pudiera aplicársele.

2. Si la persona condenada hubiera expresado al Estado Trasladante su deseo de ser trasladada en virtud del presente Tratado, dicho Estado deberá informar de ello al Estado Receptor con la mayor diligencia posible después de que la sentencia sea firme.

3. Las informaciones comprenderán:

a) El nombre y apellidos, el lugar y la fecha de nacimiento de la persona condenada;

b) En su caso, su dirección en el Estado Receptor;

c) Una exposición de los hechos que hayan originado la condena;

d) La naturaleza, la duración y la fecha de comienzo de la condena;

e) Cualquier otra información que el Estado Receptor pueda requerir, y en todo caso, para permitirle considerar la posibilidad de traslado, así como para informar a la persona condenada y al Estado Trasladante de las plenas consecuencias del Traslado para la persona condenada según su ley;

f) Las disposiciones legales relacionadas a la condena y el delito cometido.

4. Si la persona condenada hubiera expresado al Estado Receptor su deseo de ser trasladada, el Estado Trasladante comunicará a dicho Estado, a petición de parte, las informaciones a que se refiere el numeral 3 del presente artículo.

5. Deberá informarse por escrito a la persona condenada de cualquier gestión emprendida por el Estado Trasladante o el Estado Receptor en aplicación de los numerales precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados respecto a una petición de traslado.

6. El Estado Trasladante suministrará al Estado Receptor una copia certificada de la sentencia relativa a la persona condenada, haciendo constar que ha quedado firme.

Si el Estado Receptor considera que tal información es insuficiente, podrá solicitar, a su costa, las principales partes de las actas del juicio u otra información que estime necesaria.

ARTÍCULO VI

SOLICITUD DE TRASLADO

1. La solicitud de traslado debe ser dirigida por la vía diplomática y/o directamente entre las Autoridades Centrales. La respuesta debe ser comunicada por la misma vía.

2. Si el Estado Trasladante considera la petición de Traslado de la persona condenada, y expresa su consentimiento, comunicará al Estado Receptor su aprobación de tal solicitud, de modo que una vez que se hayan completado los arreglos internos se pueda efectuar el traslado.

3. La entrega de la persona condenada por las autoridades del Estado Trasladante a las del Estado Receptor se hará en el lugar que convengan ambas Partes.

El Estado Receptor será responsable de la custodia de la persona condenada y de su transporte desde el Estado Trasladante. Dicha entrega constará en un acta.

4. Para tomar la decisión relativa al traslado de una persona condenada y de conformidad con el objetivo que el traslado contribuya positivamente a su rehabilitación social, la autoridad de cada una de las partes considerará, entre otros factores, la gravedad del delito, su estado de salud y los vínculos que pueda tener con la sociedad del Estado Trasladante y del Estado Receptor.

5. Cuando cualquiera de los Estados Parte no apruebe el traslado de una persona condenada, notificará su decisión sin demora al otro Estado Parte.

6. Antes de efectuarse el traslado, el Estado Trasladante brindará al Estado Receptor, si éste lo solicitara, la oportunidad de verificar, mediante un funcionario designado conforme a las leyes del Estado Receptor, que el consentimiento de la persona condenada fue dado de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias legales inherentes al mismo.

7. Todos los gastos relacionados con el traslado de la persona sentenciada hasta la entrega para su custodia al Estado Receptor serán por cuenta del Estado Trasladante.

8. Los gastos ocasionados al aplicarse el presente Tratado correrán a cargo del Estado Receptor desde el momento en que el sentenciado quede bajo su custodia. Sin embargo, el Estado Receptor podrá intentar lograr que la persona condenada devuelva todo o parte de los gastos de traslado.

ARTÍCULO VII

DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA

1. El Estado Receptor, a petición del Estado Trasladante, facilitará a este último los documentos siguientes:

a) Una copia de las disposiciones legales pertinentes del Estado Receptor de las cuales resulta que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena en el Estado Trasladante constituyen una infracción penal con arreglo al derecho del Estado Receptor o la constituirían si se cometieran en su territorio;

b) Una declaración, con respecto a la persona condenada, del efecto de cualquier ley o reglamento pertinente relativo a su detención en el Estado Receptor después de su traslado.

2. Si se solicitare un traslado, el Estado Trasladante deberá facilitar al Estado Receptor los documentos que a continuación se expresan, a menos que uno u otro de los dos Estados hayan indicado su desacuerdo con el traslado:

a) Una copia de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas;

b) La indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la información referente a cualquier detención preventiva, remisión de pena u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena;

c) Una declaración en la que conste el consentimiento para el traslado a que se refiere el numeral 5 del artículo III; y,

d) Cuando proceda, cualquier informe médico o social acerca de la persona condenada, cualquier información sobre su tratamiento en el Estado Trasladante y cualquier recomendación para la continuación de su tratamiento en el Estado Receptor.

ARTICULO VIII

LEGALIZACIONES

Los documentos que se entreguen de Estado a Estado en aplicación del presente Tratado estarán exentos de las formalidades de legalización.

ARTÍCULO IX

CONSENTIMIENTO Y VERIFICACIÓN

1. El Estado Trasladante hará lo necesario para que el condenado que deba prestar su consentimiento para el traslado, en virtud del artículo III.5, lo haga voluntariamente y siendo plenamente consciente de las consecuencias jurídicas que de ello se deriven. El procedimiento que se siga a este respecto se regirá por la ley del Estado Trasladante.

2. El Estado Trasladante debe dar al Estado Receptor la posibilidad de verificar, por intermedio de un Cónsul o de otro funcionario designado de acuerdo con el Estado Receptor, que el consentimiento se ha dado en las condiciones previstas en el párrafo anterior.

ARTICULO X

INFORMACIÓN ACERCA DEL CUMPLIMIENTO

El Estado Receptor facilitará información al Estado Trasladante acerca del cumplimiento de la condena:

a) Cuando se haya cumplido la condena;

b) Si la persona condenada se evadiere; o

c) Si el Estado Trasladante le solicitare un informe especial.

ARTÍCULO XI

PROHIBICIÓN DE NUEVO PROCESO O MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD CONTRA LA PERSONA TRASLADADA

Una persona condenada entregada para el cumplimiento de una condena en virtud del presente Tratado no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el Estado Receptor por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado Trasladante.

ARTICULO XII

JURISDICCIÓN

El Estado Trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus órganos judiciales.

En la ejecución de la pena de un condenado que haya sido trasladado deberán observarse la legislación y los procedimientos del Estado Receptor. El Estado Trasladante podrá conceder indulto, amnistía o conmutación de pena de conformidad con su Constitución u otras disposiciones legales aplicables.

ARTICULO XIII

CUMPLIMIENTO DE LA PENA

1. La ejecución de la pena de la persona condenada trasladada se cumplirá de acuerdo a las normas del régimen penitenciario del Estado Receptor. En ningún caso puede modificarse por su naturaleza o por su duración, la pena privativa de libertad pronunciada por el Estado Trasladante.

2. Ninguna condena a pena privativa de libertad será ejecutada por el Estado Receptor de tal manera que prolongue la duración de privación de libertad más allá del término de prisión impuesto por la sentencia del tribunal del Estado Trasladante.

3. Si un nacional de una Parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra Parte bajo un régimen de libertad condicional u otro beneficio penitenciario, podrá cumplir dicha condena bajo la vigilancia de las autoridades del Estado Receptor.

ARTICULO XIV

PROSECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Con el objeto de cumplir con los propósitos del presente Tratado, cada una de las Partes adoptará las medidas y procedimientos necesarios a fin de dar cumplimiento a la sentencia con pena privativa de libertad impuesta por el Estado Trasladante de conformidad con el presente Tratado.

ARTÍCULO XV

CESACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

El Estado Receptor deberá poner fin al cumplimiento de la condena en cuanto le haya informado el Estado Trasladante de cualquier decisión o medida que tenga como efecto dar por culminada la ejecución de la pena.

ARTICULO XVI

APLICABILIDAD A MENORES DE EDAD

El presente Tratado se aplicará a menores de edad conforme a las leyes de las Partes. La ejecución de la medida privativa de libertad que se aplique a tales menores se cumplirá de acuerdo a las leyes del Estado Receptor. Para el traslado será necesario el consentimiento del menor expresado a través de su representante legal; en todo caso el menor deberá ser escuchado, dejándose constancia de su opinión.

ARTÍCULO XVII

FACILIDADES DE TRÁNSITO

Si cualquiera de los Estados Parte celebrara un Tratado para el traslado de personas condenadas con un tercer Estado, el otro Estado Parte deberá colaborar facilitando el tránsito por su territorio de las personas condenadas en virtud de dicho Tratado. El Estado Parte que tenga intención de efectuar tal traslado deberá dar aviso previo del traslado de las personas condenadas al otro Estado Parte.

ARTÍCULO XVIII

APLICACIÓN TEMPORAL

El presente Tratado podrá aplicarse al cumplimiento de condenas dictadas ya sea antes o después de su entrada en vigor.

ARTICULO XIX

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que surja en la interpretación y/o implementación del presente Tratado será resuelta mediante negociaciones diplomáticas directas.

ARTÍCULO XX

ENMIENDAS

Cualquier Enmienda al Tratado deberá ser formulada por escrito, acordada sobre la base del mutuo consentimiento de las Partes y entrará en vigencia de la misma forma prevista para el presente Tratado.

ARTICULO XXI

DURACIÓN

El presente Tratado tendrá duración indefinida.

ARTÍCULO XXII

ENTRADA EN VIGENCIA

El presente Tratado entrará en vigor a los treinta (30) días posteriores a la fecha en que se efectúe el respectivo canje délos Instrumentos de Ratificación entre las Partes.

ARTÍCULO XXIII

DENUNCIA

El presente Tratado podrá ser denunciado cuando una de las Partes notifique a la otra, por la vía diplomática, su voluntad de darlo por terminado, con un plazo de un (1) año de anticipación.

Suscrito en la ciudad de Lima, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil diez, en dos ejemplares originales, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos y válidos.

Corte Superior de Justicia de Lima organizó evento sobre cooperación judicial internacional – Extradición.

La Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima organizó el Seminario “La Cooperación Judicial Internacional en el Nuevo Código Procesal Penal - Extradición -” que se realizó el martes 17 de Mayo de 2011, en la Sala de Audiencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia sita en el segundo piso del Palacio Nacional de Justicia.

Los temas materia del Seminario fueron los siguientes:

“Problemática de las Extradiciones en el Nuevo Código Procesal Penal, Procedimiento y Jurisprudencia”. Exposición que estuvo a cargo de mi persona y en la que se abordó los problemas comunes a toda extradición y las modificaciones que ha incorporado el nuevo Código Procesal Penal en nuestro sistema extradicional, asi como aspectos críticos y tips para una mejor preparación del cuaderno de extradición, asi como para la fundamentación de la Causa Probable.

“El Debido Proceso en las Extradiciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Exposición a cargo de la Dra. María del Carmen Abregú Baez, Directora Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia, quien comentó la problemática extradicional en un caso actualmente en giro ante la CIDH.

El evento contó con la participación como Panelista del Juez Penal Supremo, Dr. José Antonio Neyra Flores y estuvo dirigido a jueces, fiscales, personal jurisdiccional y abogados en general.

Este Seminario se realizó a la semana del evento organizado por el Ministerio de Justicia y la Corte Superior de Justicia del Callao, lo que evidencia la preocupación de la judicatura de Lima y Callao por el tema de la extradición.

Seminario Taller sobre Extradición en la Corte Superior de Justicia del Callao

El Ministerio de Justicia y la Corte Superior de Justicia del Callao, organizaron el viernes 13 de mayo de 2011, el Primer Seminario Taller “Teoría y Práctica de la Extradición en el Perú”, evento dirigido a Vocales, Jueces, Fiscales y Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia del Callao y programado desde las 3.15 hasta las 6.50 p.m. en el Auditorio de dicha Corte.

La fina invitación de la Dra. María del Carmen Abregú, Directora Nacional de Justicia, fue para que expusiera la conferencia “Teoría y Práctica de la Extradición en el Perú” para lo cual se desarrolló el siguiente temario:

Marco legal: visión general de los Convenios Multilaterales y Bilaterales sobre Extradición;

El instrumento de la extradición y el nuevo Código Procesal Penal;

Datos sobre la plena identidad de la persona reclamada;

Tratamiento de la extradición simplificada;

los indicios razonables en el procedimiento de extradición.

Posteriormente la representante de la Dirección de Coordinación con la Administración de Justicia (Ministerio de Justicia) trató sobre algunas casuísticas para lograr un mejor tratamiento de la extradición y se culminó con el desarrollo de un caso práctico, tomado de un módulo sobre formación del cuaderno de extradición publicado por el Instituto de Defensa y Desarrollo Social.

Fue muy gratificante el interés y entusiasmo mostrado por los señores asistentes y desde luego se les hizo llegar la invitación a visitar el blog y mantener la correspondencia académica que se desee.

Certificación Consular en Autorizaciones de Viaje de Menor

Importante comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Las Autorizaciones de Viaje de Menor-otorgadas en el extranjero- deben ser otorgadas ante funcionarios consulares peruanos para tener validez en el Perú.

IMPERATIVO DE CERTIFICACIÓN CONSULAR EN "AUTORIZACIONES DE VIAJE DE MENOR" Y EN 'CERTIFICADOS DE SUPERVIVENCIA" EMITIDOS EN EL EXTERIOR

En mérito a diversas consultas formuladas por connacionales y extranjeros usuarios de los servicios consulares, conviene precisar que las "Autorizaciones de Viaje de Menor" y los "Certificados de Supervivencia" deben ser otorgados ante Notario Público, conforme a lo dispuesto en los Artículos 94 inciso a) y 95 inciso f) del Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo N° 1049), concordante para el primer caso, con el Articulo 111 del Código de los Niños y Adolescentes ( Ley N° 27337). Ello, a su vez, debe ser concordado con los Artículos 433, 434 y 506 del Reglamento Consular del Perú, donde se atribuyen las funciones notariales a los funcionarios consulares.

En ese sentido, cuando el Decreto Legislativo del Notariado menciona que los documentos antes mencionados deben ser otorgados ante Notario Público, ello significa que, cuando son emitidos en el exterior, deben serlo ante funcionarios consulares peruanos. Por tanto, no tienen validez para el sistema jurídico interno los que son otorgados ante notario extranjero y apostillado.

Consecuentemente, las "AUTORIZACIONES DE VIAJE DE MENOR" y los "CERTIFICADOS DE SUPERVIVENCIA", luego de ser otorgados ante funcionarios consulares peruanos, deben ser legalizados por la Cancillería en nuestro país, antes de ser presentados ante las entidades que los requieran, como DIGEMIN (autorizaciones de viaje de menor); y BANCO DE LA NACIÓN, ONP, AFP u otra entidad que otorga el beneficio de jubilación (certificados de supervivencia).

Se apreciará que los compatriotas tengan en consideración lo que antecede para sus respectivos trámites. De igual forma se agradecerá que colaboren con la difusión del presente comunicado. Lima, diciembre del 2010.

¿Un doble estándar de justicia? Un artículo de Umberto Eco

Umberto Eco, escritor y filósofo italiano, ha escrito una importante reflexión, publicada en este caso en el diario Los Andes, aunque también pudimos disfrutar una versión similar en el diario “El Comercio” en la que analiza las complejas relaciones entre el Poder y la Justicia a consecuencia del caso del Primer Ministro de Italia. Por su importancia pedagógica se transcribe el artículo, recomendando su lectura para quienes creen en la extradición como una herramienta de justicia para un Estado de Derecho en el que la ley sea igual para todos. El artículo merece interiorizarse, sobre todo por la reflexión final de la enseñanza de Sócrates respecto al valor de la ley y el deber de los ciudadanos de no contribuir a su deslegitimación.


¿Un doble estándar de justicia?

Por Umberto Eco - Servicio de noticias The New York Times - © 2011

Uno no podría menos que estar de acuerdo con el gobierno italiano cuando solicitó oficialmente que Brasil extraditara a Cesare Battisti, en un tiempo miembro de los Proletarios Armados por el Comunismo, que fue declarado culpable en 1993 de cuatro cargos de asesinatos cometidos en los años setenta. Y creo que este apoyo debe ser mantenido incluso por quienes creen que Battisti fue víctima de un error de la justicia.

Porque no corresponde al gobierno brasileño decidir si hubo un error de la justicia, a menos que desee declarar públicamente que Italia, en la época de Battisti era, y aún es, un aparato dictatorial que hace caso omiso de los derechos políticos y civiles de sus ciudadanos.

La solicitud de extradición es definitivamente válida, porque podemos dar por sentado que la declaración de culpabilidad de Battisti representa el ejercicio de la justicia por parte de un Estado democrático y un Poder Judicial independiente.

Lo que es más -para cualquiera que tenga razones para desconfiar de la administración de Silvio Berlusconi-, el sistema judicial emitió su fallo cuando Berlusconi era todavía un ciudadano privado.

Por tanto, solicitar la extradición de Battisti significa una defensa de la integridad del Poder Judicial italiano, en cuyo caso todo ciudadano de Italia debería estar de acuerdo con la decisión del gobierno.

“Bien hecho, Sr. Berlusconi”, podríamos estar tentados de decir. “Su conducta en este asunto es impecable”.

Pero, cuando el mismo sistema judicial inició un juicio criminal contra ese mismo primer ministro Berlusconi -no ordenando dos sentencias de prisión perpetua, como con Battisti, sino sólo citándolo para que se defendiera contra una acusación que puede resultar sin fundamento, al tiempo que lo protege con todas las garantías a las que tiene derecho- ¿por qué Berlusconi no sólo se niega a presentarse ante los magistrados, sino llega al grado de cuestionar su derecho a siquiera escuchar su caso?

¿Está súbitamente tratando de mostrar solidaridad con Battisti en la tarea común de restar legitimidad al Poder Judicial italiano?

¿Está acaso preparándose para emigrar a Brasil con el fin de solicitar la misma protección que le ha sido otorgada a Battisti, contra la supuesta ilegitimidad del sistema judicial italiano?

O, si Berlusconi cree que los jueces que declararon culpable a Battisti fueron efectivamente honorables en su fallo, y que su dignidad debe ser defendida para preservar el honor de Italia, ¿cree acaso que la juez que presidió su propio caso particular, Ilda Boccassini, no es una persona honorable, aplicando así un doble estándar?

¿Puede ser que el sistema en sí es honorable y honesto cuando declara culpable a Battisti, pero deshonorable y sin principios cuando sus miembros investigan a Ruby Rubacuori, una aspirante a estrella que supuestamente era menor de edad cuando asistió a las fiestas celebradas en una de las mansiones de Berlusconi?

Los defensores de Berlusconi dirán que Battisti hace mal en evadir la justicia italiana, porque en su corazón sabe que es culpable, en tanto que Berlusconi tiene el derecho de hacer lo mismo porque en su corazón cree que es inocente. ¿Qué tanta validez puede tener este argumento?

Quienes presentan este alegato al parecer no recuerdan un cierto texto familiar para quienes hayan asistido a la escuela secundaria –incluyendo a Berlusconi–: “Criton” de Platón.

Para beneficio de aquellos de mis lectores que hayan olvidado este libro, su premisa es la siguiente: Sócrates ha sido condenado a muerte (injustamente, como Sócrates y el lector saben), y está en prisión esperando su copa de cicuta. Recibe una visita de su discípulo Criton, quien le informa que todo está preparado para la fuga de Sócrates. El joven utiliza todo argumento posible para persuadir al filósofo de que no sólo tiene el derecho, sino incluso el deber de evitar una muerte injusta.

Pero Sócrates recuerda a Criton una sencilla verdad, una que debe ser la posición de cualquier hombre decente enfrentado a la majestad de la ley: al vivir en Atenas y disfrutar de todos los derechos de un ciudadano, Sócrates ha reconocido implícitamente el valor de esas leyes, y si se atreviera a cuestionarlas una vez que éstas actuaran contra sus intereses, estaría contribuyendo a su deslegitimización y destrucción.

No podemos aprovechar las leyes sólo cuando funcionan en interés nuestro, y rechazarlas cuando emiten una decisión que no nos agrada; hemos hecho un pacto con la ley, y ese pacto no puede violarse por un capricho.

Nótese que Sócrates no era un hombre de gobierno; de haberlo sido, habría tenido que decir aún más, o sea, que si sentía que tenía el derecho de simplemente ignorar las leyes que no le agradaban, entonces como hombre de gobierno no podía razonablemente esperar que alguien más obedeciera las leyes que no le agradaban, ya fuera pasarse una señal de alto, negarse a pagar impuestos, robar bancos o abusar de menores.

Sócrates no expresó este último argumento, por supuesto, pero su argumento más amplio sigue siendo, sin embargo, noble, sublime, granítico.

Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2011/3/6/doble-estandar-justicia-554563.asp

Tratado de Extradición entre el Perú y los Estados Unidos de América

TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La República del Perú y los Estados Unidos de América, en lo sucesivo también “los Estados Contratantes”;

Recordando el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, firmado en Lima el 28 de noviembre de 1899 y el Acuerdo Complementario suscrito el 15 de febrero de 1990 en Cartagena, Colombia;

Deseando intensificar la cooperación entre los dos Estados en la represión del delito;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO I

OBLIGACIÓN DE EXTRADITAR

Los Estados Contratantes convienen en extraditar recíprocamente, de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado, a personas que estén procesadas o hayan sido declaradas culpables o condenadas por las autoridades del Estado requirente con motivo de la comisión de un delito que da lugar a la extradición.

ARTÍCULO II

DELITOS QUE DAN LUGAR A LA EXTRADICIÓN

1.- Darán lugar a la extradición los delitos punibles con pena máxima privativa de la libertad superior a un año o una pena más grave, conforme a la legislación de ambos Estados Contratantes.

2.- También darán lugar a la extradición la tentativa en la comisión de los delitos a que se hace referencia en el párrafo 1, la confabulación o agrupación destinada a cometerlos, así como la participación y asociación en los mismos.

3.- Para efectos del presente Artículo, un delito dará lugar a la extradición independientemente de:

a. que las leyes de los Estados Contratantes clasifiquen el delito en diferente categoría, o lo tipifiquen con distinta terminología; siempre que la conducta subyacente sea delictiva en ambos Estados;

b. que las leyes del Estado requirente exijan para habilitar la jurisdicción de sus tribunales pruebas de transporte interestatal, o del uso del correo u otros medios que afecten el comercio interestatal o internacional, como elementos constitutivos del delito específico; o

c. el lugar donde se cometió el delito.

4.- Concedida la extradición por un delito o delitos que dan lugar a la misma, también se la concederá por cualquier otro especificado en la solicitud, aun cuando éste fuere punible con pena privativa de libertad de un año o menos, a condición que reúna los demás requisitos para la extradición.

ARTÍCULO III

EXTRADICIÓN DE NACIONALES

La extradición no será denegada por razón que la persona reclamada sea nacional del Estado requerido.

ARTÍCULO IV

MOTIVOS PARA DENEGAR LA EXTRADICIÓN

1. La extradición no será concedida:

a.- si la persona reclamada hubiere sido condenada o absuelta en el Estado requerido por el delito objeto de la solicitud de extradición. Sin embargo, no impedirá la extradición el hecho que las autoridades del Estado requerido hubieran decidido no procesar a la persona reclamada por los mismos hechos por los cuales se solicita la extradición, o no continuar cualquier procedimiento penal incoado contra la persona reclamada por esos mismos hechos; o

b.- si el delito o la pena hubiera prescrito con arreglo a la legislación del Estado requirente.

2. La extradición tampoco será concedida si el delito por el cual se solicita la extradición constituye un delito político.

Para los efectos del presente Tratado, no se considerarán delitos políticos:

a. asesinato u otro delito violento contra la persona del Jefe del Estado de uno de los Estados Contratantes, o de miembros de su familia;

b. el genocidio, según se contempla en la Convención sobre la Prevención y Pena del Delito de Genocidio, hecha en París, el 9 de diciembre de 1948;

c. delitos con relación a los cuales ambos Estados Contratantes tienen la obligación, en virtud de algún acuerdo multilateral internacional, de extraditar a la persona reclamada o de remitir el caso a sus autoridades competentes para que decidan sobre su procesamiento, incluidos, entre otros:

(i.) tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados según se contempla en el Convenio de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Sicotrópicas, hecho en Viena, el 20 de diciembre de 1988; y,

(ii.) los delitos relacionados con el terrorismo, según se contempla en los acuerdos multilaterales internacionales vigentes para ambos Estados Contratantes; y

d. la tentativa para cometer cualquiera de los antedichos delitos, la confabulación o agrupación destinada a cometerlo, así como la participación o asociación para su perpetración.

3. La extradición no será concedida si la Autoridad Ejecutiva del Estado requerido determina que la solicitud fue presentada por motivos políticos.

4. La Autoridad Ejecutiva del Estado requerido podrá denegar la extradición por delitos previstos en la legislación militar que no estén tipificados en la legislación penal ordinaria.

5. La Autoridad Ejecutiva del Estado requerido podrá denegar la extradición si la persona reclamada habrá de ser juzgada o sancionada como resultado de un proceso en el Estado requirente con arreglo a normatividad penal o procesal penal extraordinaria.

ARTÍCULO V

PENA DE MUERTE

1. Si el delito por el que se solicita la extradición fuere punible con la pena de muerte conforme a la legislación del Estado requirente y no fuere punible con esa pena de acuerdo con la legislación del Estado requerido; la Autoridad Ejecutiva del Estado requerido podrá denegar la extradición a menos que el Estado requirente dé garantía de que la persona reclamada no será ejecutada. En los casos en que se brinde tal garantía, no se ejecutará la pena de muerte aunque la impongan los tribunales del Estado requirente.

2. Salvo en los casos de pena de muerte, la extradición no será denegada, ni se impondrán condiciones, en virtud de que la pena por el delito en cuestión es más severa en el Estado requirente que en el Estado requerido.

ARTÍCULO VI

SOLICITUD DE EXTRADICIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1. La solicitud de extradición será formulada en todos los casos por escrito y remitida por conducto diplomático.

2. La solicitud de extradición irá acompañada en todos los casos por:

a. los documentos, declaraciones u otro tipo de información que describan la identidad y probable paradero de la persona reclamada;

b. exposición de los hechos delictivos y la historia procesal del caso;

c. textos de las disposiciones legales que tipifiquen el delito por el cual se solicita la extradición, y las penas correspondientes;

d. textos de las disposiciones legales que indiquen que ni la acción penal ni la pena han prescrito en la Parte requirente; y

e. los documentos, declaraciones, u otro tipo de información especificada en el numeral 3 ó 4 de este Artículo, según corresponda.

3. La solicitud de extradición que se refiera a una persona reclamada para ser procesada por un delito deberá también ir a acompañada de:

a. una copia del mandamiento u orden de detención emanado de un juez u otra autoridad competente;

b. una copia del documento de imputación; y

c. las pruebas que serían suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada a los tribunales si el delito hubiese sido cometido en el Estado requerido.

4. Si la solicitud de extradición se refiriese a una persona declarada culpable o condenada por el delito por el cual se solicita la extradición, la solicitud deberá también ir acompañada de:

a. copia del fallo condenatorio o, si tal no existiese, constancia dictada por autoridad judicial competente que la persona reclamada ha sido declarada culpable;

b. pruebas o informaciones que demuestren que la persona reclamada es la misma a quien se refiere la declaración de culpabilidad; y

c. si la persona reclamada ha sido condenada, copia de la sentencia dictada, y si fuere el caso, constancia de la parte de la condena que ha sido cumplida.

5. Si el Estado requerido solicitase pruebas o informaciones adicionales para decidir acerca de la solicitud de extradición, dichas pruebas o informaciones deberán presentarse en el plazo fijado por ese Estado.

ARTÍCULO VII

TRADUCCIÓN Y ADMISIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN

1. Todos los documentos presentados por el Estado requirente deberán ir acompañados de una traducción al idioma del Estado requerido.

2. Los documentos que acompañen la solicitud de extradición se admitirán como prueba en el proceso de extradición cuando:

a. se encuentren certificados o legalizados por el agente diplomático o consular correspondiente del Estado requerido acreditado en el Estado requirente; o

b. se encuentren certificados o legalizados de cualquier otra forma aceptada por la legislación del Estado requerido.

ARTÍCULO VIII

DETENCIÓN PREVENTIVA

1. En casos de urgencia, el Estado requirente podrá solicitar la detención preventiva de la persona reclamada en tanto se presente la solicitud de extradición. La solicitud de detención preventiva deberá tramitarse por conducto diplomático, o directamente entre el Ministerio de Justicia de la República del Perú y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.

2. La solicitud de detención preventiva contendrá:

a. una descripción de la persona reclamada;

b. el paradero de la misma, si se conociere;

c. breve exposición de los hechos relevantes al caso, entre ellos, si fuera posible, fecha y lugar del delito;

d. detalle de la ley o leyes infringidas;

e. declaración de la existencia de un mandamiento de detención, de resolución de culpa, o de fallo condenatorio contra la persona reclamada; y

f. declaración que la solicitud de extradición se presentará posteriormente.

3. El Estado requirente será notificado inmediatamente de la resolución sobre la solicitud de detención preventiva y las razones de cualquier negativa acerca de esta solicitud.

4. La persona detenida preventivamente podrá ser puesta en libertad si la Autoridad Ejecutiva del Estado requerido, vencido el plazo de sesenta días a partir de la fecha de la detención preventiva de acuerdo a este Tratado, no hubiera recibido la solicitud de extradición y los documentos justificativos previstos en el Artículo VI.

5. La disposición de libertad de la persona reclamada en virtud del párrafo 4 de este Artículo no impedirá que esa persona sea nuevamente detenida y su extradición sea concedida en caso de que posteriormente se reciba la correspondiente solicitud.

ARTÍCULO IX

DECISIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN Y ENTREGA DE LA PERSONA RECLAMADA

1. El Estado requerido tramitará la solicitud de extradición de conformidad con el procedimiento establecido en su legislación así como en este Tratado, y comunicará sin demora al Estado requirente, por la vía diplomática, la decisión que adopte respecto a tal solicitud.

2. Concedida la extradición, los Estados Contratantes convendrán la fecha y el lugar para la entrega, de la persona reclamada. Si esta persona no hubiese sido trasladada del Estado requerido en el plazo establecido por su legislación, si lo hubiere, podrá ser puesta en libertad, pudiendo el Estado requerido posteriormente denegar la extradición por el mismo delito.

3. En caso que circunstancias imprevistas impidan la entrega de la persona reclamada, el Estado Contratante afectado informará al otro Estado, y se acordará una nueva fecha para la entrega, en armonía con la legislación del Estado requerido.

4. Denegada la extradición, total o parcialmente, el Estado requerido proporcionará una explicación fundamentada de su negativa y, a solicitud del Estado requirente, remitirá copia de la resolución pertinente.

ARTÍCULO X

ENTREGA DIFERIDA O TEMPORAL

1. El Estado requerido podrá aplazar el proceso de extradición o la entrega de una persona contra quien se haya incoado procedimiento judicial o que esté cumpliendo una condena en ese Estado. El aplazamiento podrá prolongarse hasta que haya concluido el procedimiento judicial de la persona reclamada o hasta que ésta haya cumplido la condena, si la hubiera. El Estado requerido dará aviso al Estado requirente, a la brevedad posible, de cualquier aplazamiento de conformidad con este párrafo.

2. Concedida la extradición de una persona contra quien se haya incoado procedimiento judicial o que esté cumpliendo una condena en el Estado requerido, dicho Estado podrá, en casos excepcionales, entregar temporalmente a la persona reclamada al Estado requirente, exclusivamente para fines del desarrollo del procedimiento penal. La persona así entregada permanecerá bajo custodia en el Estado requirente y será devuelta al Estado requerido a la conclusión del procedimiento incoado contra ella, de conformidad con las condiciones establecidas entre los Estados Contratantes.

ARTÍCULO XI

CONCURRENCIA DE SOLICITUDES

Si el Estado requerido recibiera solicitudes del otro Estado Contratante y de Terceros Estados para la extradición de la misma persona, sea por el mismo delito o por delitos distintos, la Autoridad Ejecutiva del Estado requerido decidirá a cuál Estado entregará a la persona. Con el fin de realizar dicha determinación, el Estado requerido tomará en consideración todos los factores relevantes, incluyendo los siguientes:

a. si las solicitudes fueron realizadas con arreglo a un tratado;
b. el lugar donde se cometió cada delito;
c. los intereses respectivos de los Estados requirentes;
d. la gravedad de cada delito;
e. la posibilidad de extradiciones posteriores entre los Estados requirentes; y
f. el orden cronológico en el cual las solicitudes fueron recibidas por el Estado requerido.

ARTÍCULO XII

INCAUTACIÓN Y ENTREGA DE BIENES

1. Dentro del límite permitido por la legislación del Estado requerido, éste podrá incautar y entregar al Estado requirente todos los objetos, documentos y pruebas concernientes al delito respecto del cual se concede la extradición. La entrega de los mismos podrá ser efectuada inclusive si la extradición no pudiera llevarse a cabo por muerte, desaparición o fuga de la persona reclamada.

2. El Estado requerido podrá aplazar la entrega de los bienes indicados en el párrafo anterior, por el tiempo que se considere necesario para una investigación o un procedimiento en dicho Estado. También, podrá entregarlos al Estado requirente a condición de que le sean devueltos a la brevedad posible.

3. Quedan a salvo los derechos del Estado requerido o de terceros sobre los bienes entregados.

ARTÍCULO XIII

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

1. La persona extraditada conforme al presente Tratado no podrá ser detenida, procesada, ni sancionada, salvo que se trate de:

a. un delito por el que se haya concedido la extradición, o un delito diferente siempre que este último:

(i). esté constituido por los mismos hechos por los que se concedió la extradición y esté comprendido dentro de los delitos que dan lugar a la extradición; o

(ii). constituya un delito de menor gravedad comprendido dentro del delito por el cual se concedió la extradición;

b. un delito cometido con posterioridad a la extradición de la persona;

c. un delito con respecto al cual la Autoridad Ejecutiva del Estado requerido consienta en la detención, procesamiento, o sanción de la persona. A efectos del presente inciso:

(i). el Estado requerido podrá exigir la remisión de los documentos referidos en el Artículo VI; y

(ii). la persona extraditada podrá ser detenida por el Estado requirente durante 90 días, o un lapso mayor si el Estado requerido lo autorizara, en tanto se tramite la solicitud.

2. La persona extraditada bajo las disposiciones de este Tratado no podrá ser extraditada a un tercer Estado por un delito cometido con anterioridad a su entrega, salvo consentimiento del Estado que haya efectuado la entrega.

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no impedirán la detención, el procesamiento o sanción de la persona extraditada, o su posterior extradición a un tercer Estado, si esta persona:

a. abandonara el territorio del Estado requirente luego de la extradición y retornara voluntariamente a dicho territorio; o

b. no abandonara el territorio del Estado requirente en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que estuvo en libertad de hacerlo.

ARTÍCULO XIV

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE ENTREGA

Si la persona reclamada consiente en su entrega al Estado requirente, el Estado requerido podrá entregarla a la brevedad posible, sin más trámite.

ARTÍCULO XV

TRÁNSITO

1. Cualquiera de los Estados Contratantes podrá autorizar, a solicitud del otro Estado, el tránsito a través de su territorio, de una persona entregada a ese otro Estado por un tercer Estado. La solicitud de tránsito deberá comunicarse por conducto diplomático o directamente entre el Ministerio de Justicia de la República del Perú y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Dicha solicitud expresará la descripción y filiación de la persona transportada y una breve relación de las circunstancias del caso. La persona en tránsito podrá estar detenida bajo custodia durante el período de tránsito.

2. No se requerirá autorización si uno de los Estados Contratantes está transportando a un persona entregada a éste por un tercer Estado utilizando transporte aéreo sin haberse previsto aterrizaje en el territorio del otro Estado Contratante. En caso de aterrizaje no programado en el territorio de uno de los Estados Contratantes, éste podrá exigir la presentación de una solicitud de tránsito, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente Artículo. Si fuera exigida, dicha solicitud deberá ser remitida en el plazo de noventa y seis horas contadas a partir del aterrizaje no programado. El Estado en el cual se produzca el aterrizaje no programado podrá detener a la persona que está siendo trasladada, hasta tanto se efectúe el tránsito.

ARTÍCULO XVI

REPRESENTACIÓN Y GASTOS

1. El Estado requerido deberá aconsejar y asistir al Estado requirente, así como presentarse al tribunal en nombre de éste y representar sus intereses en cualquier procedimiento que emane de una solicitud de extradición.

2. El Estado requirente sufragará los gastos relativos a la traducción de documentos y al traslado de la persona reclamada a ese Estado. El Estado requerido sufragará todos los demás gastos en ese Estado relacionados con los procedimientos de extradición.

3. Ninguno de los Estados Contratantes presentará reclamos pecuniarios contra el otro derivados del arresto, detención, custodia, interrogatorios o entrega de las personas reclamadas en virtud del presente Tratado.

ARTÍCULO XVII

CONSULTA

El Ministerio de Justicia de la República del Perú y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América podrán consultarse mutuamente en forma directa, con relación a la tramitación de los casos y al mantenimiento y mejoramiento de los procedimientos para la implementación del presente Tratado.

ARTÍCULO XVIII

APLICACIÓN

Las disposiciones de este Tratado se aplicarán desde el día de su vigencia:

a. a las solicitudes de extradición que se encuentren en trámite y sobre las cuales aún no hubiera recaído resolución definitiva; y

b. a las solicitudes de extradición que se inicien con posterioridad a dicha vigencia aunque los delitos se hayan cometido con anterioridad, siempre que en la fecha de su comisión tuvieran carácter de delito en la legislación de ambos Estados Contratantes.

ARTÍCULO XIX

DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación, y entrará en vigencia al efectuarse el canje de los instrumentos de ratificación. Dichos instrumentos de ratificación se canjearán a la mayor brevedad posible.

2. Al entrar en vigencia el presente Tratado, quedará sin efecto el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, firmado en Lima el 28 de noviembre de 1899 y el Acuerdo Complementario suscrito el 15 de febrero de 1990 en Cartagena, Colombia.

3. Cualquiera de los Estados Contratantes podrá denunciar el presente Tratado cuando lo juzgue conveniente, previa notificación escrita al otro Estado. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de dicha notificación.

En testimonio de lo cual, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Tratado.

Hecho en Lima, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil uno, en dos originales, en idioma Castellano e Inglés, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por la República del Perú

(Firma)

Por los Estados Unidos de América

(Firma)

Wikileaks sobre extradición

En la edición de “El Comercio” del dia de hoy, 02 de marzo de 2011, se ha publicado un comentario sobre los Wikileaks de la Embajada de los EEUU en las que se critica el poco conocimiento del Tratado de Extradición suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América.

Aunque se trata de un cable de hace unos años, y ahora el manejo de los temas extradicionales es mejor, es conveniente su lectura e interiorizar la necesidad de conocer mas este instrumento.

Como parte de la contribución al debate, en el Número 3 de INTER JUSTICIA se publicará el análisis de las relaciones extradicionales entre el Perú y los Estados Unidos de América.

Wikileaks-Perú: Embajada de EE.UU. critica a jueces peruanos

Advierte que magistrados no entienden los procedimientos. Indican que la Corte Suprema pide requisitos más allá de lo estipulado
Miércoles 02 de marzo de 2011 - 07:28 am
JUAN AURELIO ARÉVALO

Cuatro años buscando extraditar al lugarteniente del narcotraficante Fernando Zevallos fueron suficientes para colmar la paciencia del entonces embajador de Estados Unidos James Curtis Struble. En junio del 2005, el diplomático se dirigió a la prensa y llamó la atención sobre un sospechoso desinterés de las autoridades judiciales peruanas para cooperar con solicitudes de extradición de la justicia estadounidense. Mientras tanto, Jorge Chávez, ‘Polaco’, se paseaba por las calles concediendo entrevistas ocasionalmente.
Decidido a remediar el malestar causado por este y otros casos, en su primer mensaje a la nación, el 28 de julio del 2006, el presidente Alan García se comprometió a seguir el ejemplo colombiano y enfrentar “con firmeza” a los cárteles internacionales acelerando los procesos de extradición de sus miembros. Como prueba de su disposición, un mes después, el mandatario entregó personalmente al embajador Struble una carta dirigida al presidente George W. Bush indicándole lo mismo e instándole a incrementar la cooperación legal sobre la materia.
El cable N° 77708, de fecha 8 de setiembre del 2006, no solo da cuenta del contenido de la misiva, sino también de una lista enviada por el Gobierno Peruano a las autoridades judiciales de EE.UU. con nombres de extraditables procesados o buscados por tráfico de drogas en el país. Entre la relación de 29 detenidos, figuran 17 peruanos, 10 colombianos, un guatemalteco y un mexicano. El área legal de la embajada revisó la lista, pero no encontró ningún “hit”.
En octubre, García se reunió en Washington con Bush y en una declaración conjunta acordaron promover la rápida extradición de los narcotraficantes. Pero el acuerdo, al parecer, no dio frutos. El cable N° 84127 del 2 de noviembre del 2006 explica el porqué.
“El tratado bilateral de extradición entre Estados Unidos y el Perú entró en vigencia en agosto del 2003. Hay ocho solicitudes estadounidenses de extradición ante el Gobierno Peruano. En los últimos tres años, solo un sujeto fue extraditado y entregado a Estados Unidos y en parte porque él mismo quiso que sea así. Los principales obstáculos para ser exitosos en las extradiciones son la inexperiencia de los jueces peruanos y su inadecuado entendimiento del tratado de extradición, así como de sus requerimientos y procedimientos. En un ejemplo reciente, la Corte Suprema pidió que la embajada le provea de evidencia mucho más allá de lo que el tratado exige”.
La embajada pidió apoyo al Departamento de Justicia para financiar, organizar y desarrollar una serie de talleres que tendrían como objetivos educar a los jueces peruanos en los procedimientos de extradición y forjar una cultura de cooperación sobre la materia. “La ministra de Justicia, María Zavala, reconoció que ella misma podía beneficiarse de un taller sobre estos asuntos”, se indica.
MÁS DE LO MISMO
Casi dos años después, la situación seguía igual. El cable N° 155355, de fecha 23 de mayo del 2008, daba cuenta de una reunión realizada el 20 de ese mes, entre la nueva ministra de Justicia Rosario Fernández (quien otra vez se encuentra en el cargo) con funcionarios de la embajada y los abogados peruanos Gerardo Castro y Moisés Aguirre, los que representaban a EE.UU. en casos de extradición.
Ni bien se inició la cita, los letrados dieron cuenta de una serie de casos en los que los jueces habrían resuelto de forma errónea. El oficial consular aseguró que las cortes peruanas pedían evidencia adicional (declaraciones juradas y testimonios grabados) que no son requisitos estipulados en el tratado. Fernández asintió y coincidió en que el tratado solo pide “causa probable y no causa probada”.
El funcionario agregó que “aparentemente” los jueces peruanos no entienden los procedimientos de extradición y sugirió, junto con Castro, crear una oficina dedicada al tema en la Corte Suprema. La ministra aceptó y se comprometió a hacer un pedido formal al respecto. Una vez más los funcionarios propusieron realizar otro taller para capacitar a las autoridades nacionales.
El Comercio dio cuenta del contenido de este cable a la ministra Fernández, pero se abstuvo de dar declaraciones.
Qué estipula el tratado bilateral
El 26 de julio de 2001, el Perú y Estados Unidos firmaron un tratado bilateral de extradición que reemplazó a uno suscrito en Lima, el 28 de noviembre de 1899. Sin embargo, el documento recién entró en vigencia el 25 de agosto del 2003. El tratado amplió el número de figuras delictivas materia de extradición, estableció un procedimiento simplificado de entrega de la persona y no considera la nacionalidad de la persona como impedimento. La extradición no se concede por delitos de naturaleza política.
CLAVES
EE.UU. envió el cuaderno de extradición de “Polaco” en el 2002 indicando que era integrante de una “organización criminal” y que ingresaba clorhidrato de cocaína a Miami.
“Polaco” fue apresado, pero en diciembre del 2002 salió en libertad tras presentar un hábeas corpus. En el 2005 volvió a prisión y hoy está recluido en el penal de Iquitos.
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