Artículo 525 Ámbito e Iniciación.-
1. El fiscal o el
agraviado puede requerir al juez que conoce del proceso penal la extradición de
una persona procesada o condenada que se encuentre en otro Estado.
2. El pedido de extradición
procede cuando el delito que se persigue tiene una sanción igual o mayor a dos
años de pena privativa de la libertad o si el reclamado tiene por cumplir una
pena no menor a un año al momento de presentarse la solicitud; siempre que no
sea posible utilizar otros mecanismos tecnológicos y de comunicación para la
comparecencia a juicio del reclamado, atendiendo a la gravedad del hecho
delictivo o a las condiciones especiales del reclamado.
3. Para dar curso al
procedimiento de extradición activa, el juez que conoce del proceso penal debe
pronunciarse sobre el pedido de extradición. La resolución de requerimiento de
extradición activa debe precisar los hechos objeto de imputación, su
calificación legal, la conminación penal, los indicios suficientes que vinculen
al reclamado como autor o partícipe en los hechos delictivos imputados, y, en
su caso, la declaración de ausencia o contumacia, así como la orden de
detención con fines de extradición. La resolución desestimatoria es apelable
ante la Sala Penal Superior, que resuelve previa audiencia con citación e
intervención de las partes que concurran al acto en el plazo de cinco días.
Comentario
Martínez González
María (1982) al referirse a la institución en estudio señala: “La institución
de la extradición ofrece al jurista un variado y complejo objeto de
investigación, que en parte viene determinado por el carácter debatido de su
naturaleza jurídica.
Sobre tan ardua
cuestión, ciertamente, se han sustentado muy diversas posiciones doctrinales.
De este modo, en concreto, se ha entendido que la extradición constituye
conforme a su esencia un acto político; que representa un problema de Derecho
administrativo, ya que en su ámbito se halla siempre en juego la decisión
gubernamental de un determinado Estado; que pertenece esencialmente al ámbito
del Derecho procesal, por cuanto requiere la puesta en funcionamiento de un
proceso especial; que integra una institución de singular relevancia en el
plano del Derecho internacional público, sobre todo en la actualidad, en cuanto
se la delimita como uno de los más efectivos métodos de cooperación penal
internacional y regional, siendo en cuanto tal enmarcada a nivel constitucional
en sede de la consignación de derechos de los extranjeros. (p. 119)
La misma autora,
al realizar la delimitación conceptual de las formas en que se practica la
institución comenta: “Configurada la extradición como la entrega que un Estado
hace a otro Estado de un individuo, acusado o condenado, que se encuentra en su
territorio, para que se le enjuicie penalmente o se le ejecute la pena en el
estado requirente, cabe estimar que constituye un mecanismo de eficaz
colaboración internacional, por medio de la cual los Estados cooperan a la
Administración de Justicia penal, al tiempo que integra un sistema de
liberación de sujetos criminalmente peligrosos.
Suele reconocer
la doctrina varias clases de extradición: a) Activa o impropia, consistente en
la solicitud efectuada por un Estado, requirente, a otro Estado, requerido, de
que le sea entregado un delincuente refugiado en el territorio de éste, a fin
de que aquél pueda conocer de los delitos sobre los que legalmente tiene
competencia.” (p. 122)
Para Calaza
López María Sonia (2003) es la que “
tiene lugar cuando la reclamación o solicitud de entrega del presunto
delincuente o condenado se dirige al Estado en el que se encuentra.” (p. 11)
Con la
advertencia que en estas definiciones hay que tener presente, conforme lo
señala Villariño Pintos Eduardo (1985). “Si bien la extradición tiene dos
manifestaciones que se han dado en llamar «extradición activa» y «extradición
pasiva» según se trate de la solicitud de entrega o de la concesión o
denegación de la misma, respectivamente, ello no puede servir de base para
hablar de dos instituciones, de distinta naturaleza, como se ha llegado a
considerar, o de dos clases, sino que se trata de una institución unitaria con
dos momentos o aspectos que constituyen el contenido de la extradición y en
cuya interrelación se concreta la cooperación internacional, teniendo en
cuenta, además, que el aspecto pasivo no es independiente, sino que, como es
obvio, sólo existirá en función del aspecto activo.” (p. 104) El Decreto Legislativo
N° 1281, publicado el 29 diciembre 2016, introdujo cambios en el procedimiento
de extradición, entre ellos en lo referente a la extradición activa.
La Exposición de Motivos del citado
Decreto Legislativo describía la siguiente problemática: “Respecto al
procedimiento de extradiciones activas, el problema es la falta de reglas para
determinar su procedencia en función de la gravedad del delito que se persigue
en sede nacional, lo que ha venido presentando situaciones poco razonables en
las que se activan los costosos mecanismos de la cooperación judicial
internacional para delitos de escasa relevancia o incluso en casos en los que
la calidad de la prueba no permite avizorar un proceso exitoso, lo que ocasiona
que los esfuerzos de la cooperación no sean optimizados.”
Proseguía luego: “Como lo ha puesto de
manifiesto la doctrina, “Sin duda alguna, estas formas de cooperación jurídica
internacional están circunscritas a delitos de determinada entidad y
característica singulares”, por lo que no puede activarse, o no debiera
activarse estos mecanismos cuando estas condiciones mínimas no están presentes,
lo que ocurre cuando el delito no reviste mayor relevancia o la prueba no es
suficiente en cuyo caso la extradición no será eficiente de cara a los fines que
persigue.
Desconocer ello, produce la
desnaturalización de este mecanismo con un uso excesivo e innecesario de
recursos que siempre son escasos en la persecución de delitos de menor
gravedad, generando un elevado costo (recursos y tiempo) para las instituciones
nacionales y extranjeras que participan en su trámite”
Sobre esa base explica los cambios: “
Respecto a las extradiciones activas, se han realizado los siguientes cambios.
En primer lugar, el artículo 525 establece los parámetros a seguir por el órgano
jurisdiccional en las peticiones de extradición activa, comprendiendo solo a
los delitos cuya sanción sea igual o mayor a dos años de pena privativa de
libertad. Así también, señala que los pedidos de extradición activa deben ser
excepcionales, esto quiere decir, que esta institución debe ser reservadas
únicamente en los casos donde no sea posible utilizar otros mecanismos
tecnológicos y de comunicación para la comparecencia a juicio del reclamado,
atendiendo a la gravedad del hecho delictivo o a las condiciones especiales del
reclamado.”
El Derecho evoluciona, sus instituciones
también. Como lo comenta Vilariño Pintos Eduardo (1985). “La historia de la extradición muestra una
evolución no sólo en cuanto a la forma de regulación, como se verá a continuación,
sino también, en cuanto a los delitos que pueden dar lugar a la misma y, por
supuesto, respecto al perfeccionamiento del derecho de extradición.” (p. 105)
“Por último, en esta evolución, la
extradición ha pasado de ser un instrumento político, o fundamentalmente
político, a un procedimiento jurídico, que se configura a través de una
regulación compleja, o fundamentalmente jurídico, dado que persiste una
participación del Poder Ejecutivo en el procedimiento, independientemente,
claro está, del carácter político entendido en un sentido general como base de
toda cooperación entre Estados soberanos”
p. 106)
Volviendo a lo sustentado en la
Exposición de Motivos consideramos que, en cuanto a la extradición activa en
realidad sí hay reglas para determinar la procedencia en función a la gravedad
del delito: el mínimo punitivo que es de un año en casi todos los Tratados, la
no procedencia de los delitos de acción privada, o de las faltas. Lo que sucede
es que el sistema imperante (Sistema de la pena mínima) está diseñado para
abarcar todos los delitos posibles siempre que superen un mínimo de pena, su
fortaleza es que permite abarcar los delitos que se vayan tipificando sin
necesidad de variar las reglas y su debilidad es que su campo de aplicación es
muy amplio. Pero eso queda a decisión de la parte accionante. Lo preocupante es
cuando se señala “delitos de escasa relevancia” ¿según la visión de quién? No
olvidemos, por ejemplo, en el caso de omisión a la asistencia familiar que es
el propio Estado el que propagandizó la extradición para estos delitos, y lo
más grave “casos en los que la calidad de la prueba no permite avizorar un
proceso exitoso” que plantea un imposible jurídico: el Poder Ejecutivo no puede
evaluar la “calidad de la prueba”.
Cambios sustanciales:
El pedido de extradición dejó de ser un procedimiento que se inicia de oficio para pasar a un procedimiento rogado.
La norma anterior decía:
Artículo 525.
(…)
2. Para dar curso al procedimiento de extradición activa, el Juez de la
Investigación Preparatoria o el Juez Penal, según el caso, de oficio o a
solicitud de parte (…)
La norma actual dice:
Artículo 525 Ámbito e Iniciación.-
1. El fiscal o el agraviado puede
requerir al juez que conoce del proceso penal la extradición de una persona
procesada o condenada que se encuentre en otro Estado.(…)
Iniciada la petición ya sea por el
Fiscal o el agraviado, el juez debe pronunciarse sobre este pedido
(artículo 5.25 numeral 3 del C.P.P.)
Con el régimen
anterior INTERPOL oficiaba al Juez, y éste, con la información de la ubicación
o detención preventiva podía iniciar de oficio el proceso de extradición.
Con la nueva
normatividad, esta información debe ser puesta en conocimiento del Fiscal de la
causa y de la parte agraviada para que éstos puedan solicitar y fundamentar la
extradición.
La extradición como mecanismo de última ratio.
De acuerdo a la nueva
normatividad, la extradición (activa) se debe usar como un mecanismo de última
ratio, es decir cuando los mecanismos tecnológicos y de comunicación no han
logrado su cometido para la comparecencia a juicio del reclamado, esto,
sin embargo debe estar relacionado directamente con la gravedad del hecho
delictivo o las condiciones especiales del reclamado.
La razón de esta
modificatoria es evitar utilizarla para casos en los cuales la finalidad real
es que el extraditable tome conocimiento del proceso penal instaurado en su
contra, pero para ello se pudo emplear la vía de la asistencia judicial
internacional con iguales resultados.
En la práctica no se
cumple, por la razón siguiente: se genera la orden de búsqueda y captura tanto
nacional como internacional, lo cual genera una Notificación Roja de Interpol, y ésta a su vez la
detención preventiva. Con la detención
preventiva en curso el Fiscal solicitará la extradición, aunque no se hayan
agotado los mecanismos tecnológicos.
Ha ratificado el Sistema de Pena Mínima, pero ha elevado el monto de penalidad mínima
Se exige que la sanción igual o mayor a dos años de pena privativa de la libertad o si el
reclamado tiene por cumplir una pena no menor a un año al momento de
presentarse la solicitud.
Tomando en consideración que los
Tratados en su mayoría han pactado una pena mínima de un año, en la práctica
tendremos:
-Obligaciones convencionales: Un año,
salvo que el Tratado mencione un plazo mayor o aplique catálogo de delitos.
- Principio de Reciprocidad: Dos años.
De acuerdo al mismo diseño legal del
Código Procesal Penal, primará lo que indique el Tratado. (Huapaya A.(2017, Febrero 19).
Se vuelve a exigir el desarrollo de la causa probable
La normatividad
derogada aplicaba la sustentación de la causa probable como una excepción. Esto
en realidad debilitaba los pedidos de extradición, por lo que se ha vuelto a la
sana práctica de exigir la sustentación de la causa probable. Esto eleva el
estándar de un pedido de extradición y lo fortalece.
5 Cambios en
el procedimiento de extradición activa
Ya hemos explicado que
la extradición activa se inicia a pedido de parte
El juez debe pronunciarse sobre el
pedido de extradición y de ser el caso emite una resolución de requerimiento de
extradición activa.
La resolución de requerimiento de
extradición activa debe precisar lo siguiente:
a. Los
hechos objeto de imputación,
b. Calificación
legal.
c. Conminación
penal.
d. Los
indicios suficientes que vinculen al reclamado como autor o partícipe en los
hechos delictivos imputados (causa probable)
e. En
su caso, la declaración de ausencia o contumacia.
f. La
orden de detención con fines de extradición
Si la resolución fuese desestimatoria es
apelable ante la Sala Penal Superior, que resuelve previa audiencia con
citación e intervención de las partes que concurran al acto en el plazo de
cinco días.
BIBLIOGRAFIA
Calaza-Ramudo López María Sonia (2003) Cooperación judicial internacional.
Extradición y Euroorden” Revista General de Derecho Procesal N.º 2. España.
Vilariño
Pintos Eduardo (1985). La Extradición: Régimen Jurídico y Practica
Internacional. Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasleiz, 1984.
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Facultad de Derecho de la
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea. Bilbao.
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